La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) propuso exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a que garantice la capacitación de los inspectores laborales, y promueva estudios y diagnósticos estatales y regionales para profundizar en la información sobre la población jornalera temporal y riesgos que enfrentan.

        Lamentó que en México, las personas víctimas de trata de personas en campos agrícolas sean vulnerables porque la mayoría de las autoridades del trabajo no las detectan al no hacer verificaciones, pese al compromiso del Estado por combatir este delito.

        Puntualizó que “la debida inspección laboral y prevención de la trata de personas y explotación de seres humanos contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030”.

        En su punto de acuerdo que analiza la Tercera Comisión de la Permanente, señala que el número de inspectoras e inspectores del trabajo, adscritos a las autoridades, repercute en acciones que pueden realizarse para detectar posibles casos de trata de personas.

        Prevé solicitar a  Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, acciones para detectar y registrar los centros de trabajo de campos agrícolas que emplean mano de obra de jornaleros temporales.

        De acuerdo con el “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la STPS cuenta con un mayor número de inspectores al sumar 752.

        En cuanto a 25 autoridades estatales, 60 por ciento tiene menos de uno; el 24 por ciento, de uno o a 20, y el 16 por ciento restante, más de 20.

        Catalán Padilla argumenta que aunado a ello, el 51.5 por ciento de las autoridades del trabajo no informó o no realizó acciones de capacitación a sus inspectores en materia de trata de personas, distintas modalidades de explotación y/o trabajo infantil.

        Al comparar información, se detectó que Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Yucatán realizan la identificación de posibles casos mediante supervisiones e inspecciones, pero no reportan capacitaciones al personal en materias a ser observadas.

        Menciona que siete de las 32 entidades reportaron que no llevan a cabo ninguna acción para la detección de los centros de trabajo de campos agrícolas, que emplean mano de obra de jornaleras y jornaleros temporales, y diez más no contestaron, a pesar de que la identificación de esos centros es de gran utilidad para diseñar e implementar programas que permitan descubrir posibles casos de trata.

        En seis de las entidades federativas en las que las autoridades no informaron o contestaron de manera negativa, se concentran el 32.1 por ciento del total de personas ocupadas como trabajadoras y trabajadores agrícolas: Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

        Por ello, es necesario que, siendo de abril a septiembre los meses en los que se contratan en mayor medida jornaleros agrícolas temporales, se les otorgue la certeza de que los inspectores de trabajo se encuentran debidamente capacitados para detectar cualquier abuso y se les garantice que los centros de trabajo agrícolas están debidamente identificados.

 

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