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Mx.- (GARDIJA).- Se entregó el Paquete Económico para el 2016 con un Presupuesto Base Cero para este año de 4.7 billones 746 mil 946 millones de pesos, con un descuento de 221 mil millones de pesos, es decir, el equivalente al 1.15 por ciento del PIB; sin embargo, la corrupción cuesta a México -por lo menos- el 2 por ciento del PIB, lo equivalente a 332 mil millones de pesos, según datos del Imco y el CIDE en el estudio Anatomía de la Corrupción. ¿Es más fácil recortar el presupuesto que aplicar la justicia en transparencia?

La corrupción – o más bien la transparencia- ha sido señalada como el talón de Aquiles de México. No solamente Guatemala tiene casos de extrema corrupción, ni Brasil o Colombia; México ahora se encuentra en problemas económicos que quiere recomponer despetrolizando los ingresos federales e impulsando el Mercado Interno -en mayúsculas porque ahora tiene mayor importancia- sobre todo en el sector Manufacturero.

Pero la corrupción -cómo ya se dijo- le cuesta a México entre 332 mil millones y 1.6 billones de pesos (2 y 9 por ciento del PIB -respectivamente-). Al respecto, en el país aún le hacen falta regular leyes e instituciones esenciales para combatir esta crisis de ingobernabilidad -incluso- “cultural” como se ha dicho en otras ocasiones.

Los casos más significativos en el país son; la investigación periodística de “la casa blanca de Peña Nieto”, a cargo de Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, en coordinación con Carmen Aristegui, y el caso Ayotzinapa, Iguala.

En el primero se evidenció la libertad con la que se pueden hacer negocios a partir de un puesto público y la impunidad que permiten las leyes sobre las instituciones judiciales, que no tienen autonomía del poder federal, es decir, se “auto investigan”, se “auto auditan” y se “auto exoneran”; hace falta una regulación, pa’pronto, de la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y la Ley General para establecer competencias y responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la sanciones aplicables ¿por qué? porque en México abunda el populismo y la demagogia como reacción contestataria en contra del Presidencialismo -hasta cierto punto- autoritario.

En segundo punto, el caso Ayotzinapa da muestras de la corrupción en los niveles más bajos de seguridad y autoridad. La impunidad es un incendio en los pueblos y municipios, es más, ya son parte de los usos y costumbres de algunos de ellos volviendo el tema de seguridad, en cultural.

Según el último peritaje a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más allá del tema del basurero, se evidenció una omisión por parte del Ejército y la Policía Federal ante las fatalidades de la policía y el gobierno municipal en contubernio con el crimen organizado. Aquí el tema central es que, entre el 26 y el 27 de septiembre, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron “desaparecidos” e incluso torturados por la intromisión en rutas permitidas para el trasiego de droga, de Guerrero a Chicago. ¿Qué drogas? el informe no lo detalla -pero se está seguro de que no fue sólo marihuana.

Aquí es donde se pone atención en la falta de la armonización de la Ley contra la Tortura con los Derechos Humanos y la falta de homogenización de los cuerpos judiciales a nivel municipal, estatal, federal y Ejército; para evitar que hechos de esta magnitud se repitan.

Pero ¿Cómo se llegó a este punto en el que el narcotráfico comenzó a mandar en las zonas rurales? ¿Por qué si -literalmente- la democracia es el gobierno del pueblo, los pueblos son los más marginados del país? posiblemente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados puedan tener la respuesta, ya que una de las leyes olvidadas es la regulación de la Ley Agraria, es más, se espera la Reforma Agraria con un marco de sustentabilidad -que “amenaza” a las empresas transnacionales- por la Responsabilidad Social que conlleva, el tema del maíz transgénico invalido y el pago justo a los trabajadores del campo, cómo los jornaleros. Aquí también entra la coordinación de los programas sociales de la Sedesol para llevar a los pobres a la inclusión financiera del mercado interno.

Sin embargo, hay crisis en el sector agropecuario, por ejemplo, con las importaciones de manzana procedente de Estados Unidos, quien le está “ganando el mandado” a la producción de manzana mexicana.

[La causa es el dumping (Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado) y la falta de apoyos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este sector agrícola. ¿Hay complicidad u omisión?]

Cerrando ciclos, aunque la SHCP espera una recuperación por el peso y los barriles de petróleo mexicano, en 15.90 pesos por dólar y en 50 dólares por barril -respectivamente-; lo cierto es que Estados Unidos -gracias a la alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED)- ahora vende petróleo a México y la deuda cada año se eleva, lo que afortunadamente ha marcado una inestabilidad global y no sólo afecta a México, incluso le da cierta ventaja para que inviertan empresas que quebraron en China, por recesión.

Es decir, si México no se transparenta en gastos públicos y las empresas mexicanas no presionan por organizar un Mercado Interno con Responsabilidad Social -apegado a los Derechos Humanos- junto con las instituciones; cuando entren las empresas transnacionales a explotar los hidrocarburos, se perderá la soberanía nacional DE LOS PUEBLOS -totalmente- y el fenómeno del Presidencialismo podría convertirse en fascismo, por la presión social, económica y tecnológica.

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