Blas A. Buendía

“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, frase célebre atribuida a Voltaire y que encarna la defensa de la Libertad de Expresión y la tolerancia desde el Siglo XVII.

Esa trascendental frase, señala el magistrado Élfego Bautista Pardo, parece borrada por completo en el contexto actual del país, pues desde finales de 2017 que ha sido prácticamente imposible desviar la mirada de la contienda electoral, hemos sido testigos de un fenómeno en el que peligrosamente, participan incluso los mismos candidatos a la Presidencia y enturbia el ejercicio democrático: la intolerancia, que lastimosamente se ha vuelto característica de partidarios de los aspirantes a la máxima responsabilidad en la administración pública.

En su análisis Así es el Derecho, el jurista hidalguense detalla: Es como si todos nos sintiéramos dueños de la verdad absoluta y legitimados para demeritar los pensamientos, intereses o ideales de quienes piensan diferente, actitud peligrosa y antidemocrática de simpatizantes de los candidatos, militantes de partidos, actores políticos y, lo que es más grave, periodistas y articulistas, de los cuales para algunos es común decir, en periódicos, programas de radio o televisión, palabras agresivas y discriminadoras a ciudadanos libres única y exclusivamente por externar preferencias políticas distintas a las de ellos.

Como miembros de la sociedad y ante la necesidad constante de ponderar la libertad y dignidad humanas por encima de cualquier diferencia, deben preocuparnos todos los hechos discriminatorios, más cuando advertimos, como es el caso, que pese a la vasta publicidad que se les da, no existe autoridad que llame la atención a los responsables, los castigue o exija comportamiento diferente, aunque es una obligación del Estado garantizar el respeto a los derechos humanos de todo ciudadano, sin importar su ideología política.

Esa deficiencia es a pesar de que existen instituciones con facultades para prevenir y erradicar los actos discriminatorios, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que, entre otras cosas, puede verificar que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación; sensibilizar, capacitar y formar a servidores públicos en materia de no discriminación; conocer e investigar los presuntos casos de discriminación cometidos por servidores públicos, poderes públicos federales e incluso por particulares, quienes son los involucrados en las conductas que señalamos en este artículo.

Si bien es cierto que regularmente el Conapred comienza su actividad a partir de la queja de un particular, en diversas ocasiones lo hemos visto actuar de oficio, lo que consideramos comienza a ser necesario debido al ambiente de intolerancia y discriminación que plagan este periodo electoral particularmente a la competencia por la Presidencia, dado que es el indicado para concientizar o en su caso sancionar estas conductas, pues aunque se encuadran en el ejercicio de la libertad de expresión y de derechos políticos electorales, pueden ser discriminatorios y fragmentar la unidad nacional.

Debemos tener presente que la discriminación consiste en dar trato desigual a una persona o colectividad independientemente de los motivos, que pueden ser raciales, religiosos, de sexo y políticos, entre otros, lo que atenta contra los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, puntualiza el magistrado Élfego Bautista Pardo en su reflexión jurídica Así es el Derecho  [email protected]

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