Leopoldo Mendivil

DR. JOSÉ WOLDENBERG, SOCIÓLOGO Y POLÍTICO:

+Si la hipótesis no se confirma con hechos, hay que rechazarla: Santiago Ramón y Cajal

Considerando la hipótesis como algo a lo que se le suponen y otorgan posibilidades para provocar un efecto o una consecuencia, me permito proponerle, para su análisis, la eventualidad de que si todo cuanto el gobierno federal ha dicho y hecho sobre la matanza de Iguala fuera mentira. ¿qué consecuencias debieran preverse?

… Hipótesis también aplicable a quienes acusan al Estado de esos hechos.

Como hace ya buen tiempo ninguna administración federal era sometida a un juicio público tan delicado y amplio como es hoy el caso; y como la situación arrecia sin que la administración federal actúe sin precisión en su defensa, creo que el asunto se debe poner en los términos que atentamente propongo a usted por su capacidad, su preparación y su prudencia.

Por lo pronto, hasta donde el espacio me lo permita, activaré las alarmas con algunos resultados que pudiera generar -y persigue sin pausa- la incesante carga de las fusilerías opositoras y los poderes fácticos que estarían tras ellas:

Si se demostrara que alguna corporación militar y/o la Policía Federal participaron activa y efectivamente en la persecución, ataque, muerte y lesiones contra pasajeros de los diversos vehículos baleados en el secuestro y asesinato de los 49 -incluidos los anteriores- más la cremación de los de Ayotzinapa, acabaría con la legalidad y el prestigio de esas corporaciones y cabría en su contra la acción penal, civil y militar, contra mandos, tropas y contingentes responsables.

Las dependencias federales participantes de cualquier manera en las investigaciones difundidas y defendidas como la verdad de los hechos a partir de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, correrían la misma suerte y serían, además, acusadas del mayor atentado contra el Estado de Derecho en el país por la violación de las facultades que les otorga y ordena la Constitución.

El Presidente de la República, naturalmente, por sus facultades constitucionales presuntamente violentadas, sería atenaceado por todas las fuerzas opositoras y sus presuntos patrocinadores, como el principal responsable del montaje para esconder, proteger y volverse cómplice de quienes realizaron la matanza.

Procedería la imposición de juicios políticos contra todos los funcionarios públicos que hubiesen participado activa u omisamente en los hechos; y el programa del gobierno federal sufriría un colapso total.

El hecho trascendería las fronteras nacionales y provocaría un aluvión político, financiero y económico que generaría la crisis del Estado mexicano actual, incluidos los poderes Legislativo y Judicial, por acusaciones al gobierno en turno por acciones de sus antecesores.

Si el gobierno intentara su defensa -tardía para las razones que aduciría en su favor, pero que no expuso oportunamente-, agravaría la situación en términos impredecibles.

La disolución de facto del gobierno federal repercutiría en los gobiernos estatales y municipales de múltiples formas, vía parálisis presupuestaria, principalmente, con el consecuente reclamo de los sectores agraviados…

Hasta aquí llego, doctor Woldenberg, por límites de espacio, consciente de que las consecuencias faltantes son muchas y quizá más reales y graves. Por la situación crecientemente preocupante del país es hora de que todos tomemos nota del riesgo que corre la Nación entera.

Por ello, mañana esta hipótesis se extenderá hacia quienes culpan al Estado por esos hechos.…

lmendivil@delfos.com.mxm760531@hotmail.com.


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