Raymundo Medellin

Hace unas semanas un grupo de periodistas entregaron un documento al Presidente Enrique Peña Nieto, muchos de los abajo firmantes son de reconocido prestigio internacional, en el documento se exigía al Primer Mandatario una mayor protección en el ejercicio del trabajo que los comunicadores desempeñan, lo anterior por las constantes agresiones sufridas por los periodistas en diferentes estados de la república mexicana, pero también, por el asesinato del fotoperiodista de la revista Proceso Rubén Espinosa y varias personas más.

El presidente por su parte y en relación a la petición que le hicieron en la misiva, al inaugurar la 33 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, dijo que la Secretaría de Gobernación seguirá fortaleciendo el mecanismo de protección para activistas y periodistas.

Los abajo firmantes quieren dejar claro que los periodistas son “ciudadanos de excepción”, porque al pedir la especial protección para quienes se dedican a informar, se hace a un lado al ciudadano común que ha sufrido las consecuencias de la violencia galopante que se vive en la mayor parte del territorio nacional; la petición, creo que debiera haber sido, para proteger a la ciudadanía en general, entre quienes se cuentan los abogados, los comerciantes, los empresarios, incluso los mismos políticos, y la ciudadanía en general, esto porque uno de los principios básicos de la ley, es que esta debe ser para todos y no nada más para los comunicadores.

El documento que fue entregado al Presidente Enrique Peña en el que se solicita más seguridad para el gremio periodístico, debió ser una exigencia por parte de los abajo firmantes para todos los mexicanos que desde hace años no tienen seguridad ni es sus personas, ni en sus propiedades; en ese documento se debió exigir de manera contundente no solamente la investigación exhaustiva del caso Narvarte, sino la de miles de muertos de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y en general en gran parte de la república mexicana.

Creo que los periodistas no tienen por ser “ciudadanos de excepción”, porque el trabajo de cualquier mexicano, en los tiempos violentos que se viven en México, tiene tanto riesgo como el de los comunicadores, o ¿acaso los empresarios que son víctimas del crimen organizado no tienen riesgo? no es posible olvidar a los productores de limón y aguacate del estado de Michoacán, a quienes primero les mataron a sus familiares, luego les violaron a sus mujeres y posteriormente les cobraban un impuesto por cada limón o aguacate que vendían; ellos, ante la indiferencia de las autoridades tuvieron que tomar las armas y enfrentar a los criminales. Por lo mismo, los periodistas no pueden ser “ciudadanos de excepción”; en el México del año 2015 ser “ciudadano de excepción”, implica indiferencia ante lo que sucede en el entorno de los comunicadores.

Sería vergonzoso que el gobierno diera una mejor protección a periodistas, mientras la mayoría de los mexicanos padecen la violencia lacerante producto de la indiferencia gubernamental.

Pero además, qué puede hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la petición que le hicieron los comunicadores, en el sentido de dar una mejor protección a los periodistas en el ejercicio de sus actividades ¿les va a poner una escolta a cada uno?.. sería imposible, además ni siquiera hubo en el documento entregado una propuesta para dar esa protección a periodistas.

La verdad es que la petición quedará en buenas intenciones de una declaración en la que se indica que “la Secretaría de Gobernación seguirá fortaleciendo el mecanismo de protección para activistas y periodistas”.

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