Blas A. Buendía
No es tan solo aplicar penas a infractores sociales con el innovador Sistema Penal Acusatorio, sino que al Jefe del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en aparentes acciones de omisión o colusión de funcionarios, han prescindido en salvaguardar la integridad físicamente de sus estructuras, y una de ellas que debe merecer especial atención es el aparato del Poder Judicial de la Ciudad de México, rector de la paz social ante el escaparate de toda la nación.
Porque por ahí transita una población flotante de diez mil personas diariamente en las Salas Penales en materia Familiar, y que en terrenos fangosos de alta sismicidad, toda esa gente semeja entra a un túnel oscuro y con un “santo Dios en la boca” para salir con vida en caso de que algún día la tierra vuelva a remover sus entrañas.
Para los funcionarios y la gente en común que asisten para otorgar información o promover sus querellas sociales, el aparato de impartición de justicia de la capital funciona “gracias a Dios…, porque es muy grande”, es decir, en estos últimos tiempos que la faz de la tierra sigue con su vertiginosa venganza cobrando sus cuotas naturales, ponen en suerte a sus habitantes ocasionales pese a las verificaciones de protección civil para evitar derrumbes originados especialmente por impredecibles sismos.
Las “impecables instalaciones” que presenta en su portal el TSJCDMX (http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx), distan mucho de lo cierto ya que cientos de trabajadores que prestan sus servicios, desde hace tiempo se quejan exigiendo que el gobierno citadino los reubique en instalaciones seguras. “Tememos volver a nuestros centros de trabajo del Tribunal Superior de Justicia”, mostraban empleados sendas fotografías de las horribles instalaciones de cómo el terremoto del famoso numeral 19-09-17, las dejó.
El Poder Judicial es una de las entidades estructurales que pese a su lenta modernización que el ex presidente Édgar Elías Azar la llamó “Ciudad judicial”, el Ejecutivo federal sistemáticamente se niega a coparticipar con los gobiernos que no son afines a su ideología propia, transformando juarízticamente a México en dos vertientes de discriminación: “Justicia y gracia a los amigos; ley a secas a los enemigos”.
El miedo escénico que se generó en todos los núcleos de la sociedad mexicana, permitió de igual manera un urgente llamado de atención principalmente al gobierno federal porque éste no debe de andar jugando con los sentimientos de la nación, sino debe ubicarse que está para atender a la población sin restricción alguna.
Sin embargo, aquí en este país del que se afirma y se presume “aquí no pasa nada”, a pesar de sus evidentes tragedias, el fenómeno de la corrupción campea en sus más altos rangos elaborando dictámenes estructurales a modo (…) para hacer creer al colectivo que se cuentan con “inmuebles seguros”, a efecto de determinar la viabilidad para su ocupación.
Ningún ser humano permitiría que la institución de la más alta jerarquía, articulada en el Jefe de Ejecutivo federal, podría estar jugando con la vida de sus gobernados cuando la premisa fundamental es ante todo y sobre todo, salvaguardar la integridad física del personal y público en general.
Frente a esta tesitura y en el recuadro institucional, el TSJCDMX a través de su presidente el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, debe exigirle tanto al Ejecutivo federal y local, que se dejen de rodeos y ayuden sin distingos políticos e ideológicos, suficientes aportaciones presupuestarios para dignificar al Poder Judicial de la capital del país.
De lo contrario, este sector acrecentará su desprestigio, manteniéndose como una somera maquilada irrespetuosa, porque tanto funcionarios como la gente en común que asiste a la promoción de sus juicios en las diversas ramas del Derecho, entran a los amenazantes y misteriosos túneles oscuros de la injusticia al grado de no ver dónde se pisa para cuando ocurran siniestros telúricos que podrían abrir fisuras marcadas con el signo de la muerte.
“El reloj judicial está en vilo”, advierte un filósofo reyesherolista, en cuyo sentido don Carlos dice que a la justicia mexicana no se le ha dignificado con espacios modernos y decorosos, sino que tiene un escaparate que se quedó rezagado de la época porfirista, cuando a más de un siglo, la vida sociopolítica vertiginosamente ha cambiado.
Sería innecesario tachar como “culpables” de sus omisiones o colusiones a funcionarios tallados por la corrupción, sino la problemática actual debe centrarse desde el Jefe del Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, para aplicar un presupuesto multimillonario en la restauración estructural judicial.
Sin embargo, en redes sociales -que se han convertido en vehículos de comunicación instantánea de todos los sectores de la sociedad-, emitieron una petición para el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, sobre una serie de exigencias.
“Se exige que los Dictámenes que se están elaborando, o en su caso ya han sido elaborados acerca de la estabilidad estructural de los edificios pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, como resultado de estos últimos terremotos ocurridos los días 07 siete y 19 diecinueve de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete;
“Se requiera que sean avalados por un Director Responsable de Obra (DRO), y Corresponsable en Estructuras, los cuales deben de contar con la documentación que los avalen como tales;
“Dictámenes en los cuales deben de llevar todos y cada uno de los lineamientos que son exigidos para realizar el mismo, tales como revisar los planos, calas, sondeos, inspección del edificio sin que se hayan realizado ninguna reparación, etc. lo anterior para no poner en peligro la vida de más de nueve mil trabajadores y público usuario;
“Lo anterior, toda vez que por compañeros del mismo Órgano, y en redes sociales, hay fotografías y videos de los edificios tomados el mismo día del acontecimiento de este ultimo 19 diecinueve de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, que evidentemente se observa que hay daños estructurales en los mismos;
“Y dado que al día siguiente 20 veinte de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, ya se encontraba gente reparando los daños, y que el aviso emitido en fecha 21 veintiuno de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, en su portalwww.poderjudicialcdmx.gob.mx mediante el cual informan que se están realizando dictámenes estructurales para salvaguardar la integridad física del personal y público en general; no se tiene la certeza de que dichos dictámenes, se comenzaron a realizar antes o después de haber reparado el edificio;
“Ya que para realizar dichos dictámenes se tienen que realizar inspección de los daños, calas, sondeos, etc; por lo tanto se realiza la presente petición, por la incertidumbre que existe en los trabajadores y público en general, ya que por ejemplo el Edificio de Isabel La Católica 165, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, era un edificio que anteriormente TSJCDMX, era ocupado laboralmente por el Banco Banamex y desalojaron el edificio por su instabilidad estructural. Está en su responsabilidad la vida de muchos mexicanos”, puntualiza la petición.
Muchas dependencias federales y locales a raíz de los terremotos del 7 y 19 de septiembre (dos al hilo), dejaron al descubierto al “México olvidado”, a ese México que lo gobierna la injustica en todos sus niveles, y peor aún, se hallan sobre bases estructurales de edificios dañados que pudieran provocar una catástrofe de inimaginables proporcionalidades en un país asentado en plataformas sísmicas de alto riesgo.
A más de un año que se pusiera en marcha el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), los sismos, temblores o terremotos que han azotado a la muy castigada Ciudad de México, permitió la urgencia de renovar la infraestructura porque aparte de lo que representa un fuerte movimiento telúrico y el pánico que genera en las personas, siempre existe esa zozobra de salir con vida.
Por citar un ejemplo, en Plaza Juárez donde se encuentran las salas penales en materia familiar, debido al sismo de 8.2 grados-Richter registrado el jueves 7 de septiembre, se desplomó un elevador repleto de personas que salieron heridas y ser auxiliadas por el personal de seguridad del Tribunal Superior de Justicia.
A raíz de ese incidente y donde el propio TSJ se encargó de “esconder los detalles” del suceso, empleados, jueces y magistrados externaron su molestia y las atenuantes que podrían devenir, ya que los nueves elevadores que tiene la Torre Juárez, quedaron dañados.
Urge reconstruir la infraestructura del Poder Judicial CDMX, tanto al Jefe del Ejecutivo federal como al Congreso de la Unión, se les ha “olvidado” algo muy importante: salvaguardar la vida de sus servidores públicos, quienes lastimosamente trabajan en condiciones infrahumanas bajo techos de estructuras viejísimas que están a punto de derrumbarse por tantos sismos e innumerables tormentas que se han registrado en territorio mexicano.
La Barra Interamericana de Derechos Humanos presidida por el abogado penalista José Luis Aguirre Huerta, puntualiza la necesidad que en el ejercicio fiscal 2018, el Congreso de la Unión asigne especialmente un presupuesto que dignifique la reconstrucción estructural del aparato de impartición de justicia de la Ciudad de México, porque este nunca dejará de ser el escaparate e imagen de México ante los ojos del mundo.
De tal suerte que “el reloj judicial, quedó en vilo”, y con un “Santo Dios en la boca” por parte de miles de personas que solo esperan saber las acciones oficiosas del Estado-Gobierno, hasta dónde va a marcar su responsabilidad en el manejo o manipulación de dictámenes en materia de seguridad, para evitar la incertidumbre de inesperadas desdichas. blasalejo@yahoo.com
