*En 10 años el GF ha llevado al límite la lealtad militar. ¡Cuidado!
Por Luis Repper Jaramillo
lrepperjaramillo@yahoo.com
Al menos, esta es la 4ª ocasión en que el General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se enfada, habla recio, manifiesta su postura respecto a la labor de las fuerzas armadas en el país, en medio de la guerra fallida de los gobiernos federales de Felipe Calderón (PAN) y de Enrique Peña Nieto (PRI), en contra del crimen organizado, de los cárteles de las drogas y de una pelea irracional que en los dos sexenios han dejado más de 250 mil muertos entre civiles, militares y colaterales, en donde la peor parte se la lleva el personal castrenses, al ser cuestionados por medios de comunicación, la CNDH, la sociedad, etc. por una responsabilidad que no les corresponde.
La Constitución de la República es precisa, explícita y ordenatoria, “las fuerzas armadas son creadas como garantes de la soberanía nacional, por tierra, mar y aire”, deben defender el territorio y a su población de agresiones externas –esto lo digo yo- de enemigos en tiempos beligerantes (que no es nuestro caso), en tanto que en tiempo de paz, realizar actividades sociales en beneficio de la población y estar en los cuarteles.
Pero sucede que los gobiernos civiles del PAN y del PRI, siempre perdidos, han violentado la propia Carta Magna, y sacaron de sus instalaciones, desde hace 10 años, a los de uniforme verde olivo y los de blanco con negro, para desarrollar actividades que las policías de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal- están obligadas a realizar. Sin embargo ante la corrupción, colusión, incapacidad, miedo, de estos cuerpos, los militares han puesto la cara –y varios muertos- en obediencia al Jefe del Ejecutivo, a pesar de tenerlo prohibido por la Constitución.
Se han escrito millones de palabras, se han pronunciado millones de opiniones y difundido millares de imágenes en torno a la guerra fallida (Calderón y Peña) contra la delincuencia organizada y en medio de la polémica, el encono, el señalamiento, la acusación y más, los militares han “agachado la cabeza”, soportar el escarnio, padecer calenturas ajenas y humillaciones de los civiles, por su disciplina y código de ética… pero todo tiene un límite y éste llegó.
Es tal el enfado del General Secretario Cienfuegos, que en un evento amistoso con los reporteros que cubre “la fuente” en celebración de las festividades decembrinas, no desaprovechó el foro para levantar la voz, para gritar y responsabilizar a los cuerpos civiles de seguridad pública y de investigación federal, estatales y municipales de “no hacer la tarea” e irresponsablemente dejarlo en manos de su sector, por lo que por 4ª vez advirtió que sus efectivos deberán volver a los cuarteles porque ya es intolerable la humillación.
En octubre de 2015, en una entrevista para la televisora de Avenida Chapultepec, emisión exigida, no lograda por Noticieros Televisa, el General Cienfuegos fue contundente al señalar, desde entonces, que los militares no estudiaron para tareas de policía, para perseguir delincuentes, para eso están las autoridades del fuero común civiles.
Y tenía razón. Un año dos meses después, en diciembre de 2016, la máxima autoridad castrense del país, retoma la inconformidad y reitera su crítica a gobernadores, alcaldes y jefe del ejecutivo por la nula capacidad, habilidades, responsabilidad para combatir a la delincuencia organizada y delitos del fuero común, bajo el peregrino argumento de que sus policías no son aptas y por falta de recursos económicos armarlos, capacitarlos e influirles vocación de servicio.
Sin embargo, dejen les digo, el ancestral motivo de la incapacidad policiaca de los tres niveles de gobierno, no es la falta de dinero, sino la arraigada corrupción de sus elementos, que inicia en el nivel más bajo (policía de crucero, de patrulla, de acercamiento), hasta los titulares de área, comandantes, directores y secretarios de Seguridad Pública. Que va de la extorsión, pasa por el “entre”, las cuotas de infracciones, detenidos o arrastres al depósito de vehículos.
Este es el mal de una burocracia carente de estudios, perfiles profesionales, controles de confianza, sumidos en “compromisos” partidistas, familiares, de cuota, coto y cuates, que son el ADN de los políticos de todos los partidos políticos cuando llegan a cargos de elección y de servidores públicos.
Mientras esto no se supere, ni el Secretario de la Defensa Nacional, el de Marina, o las instancias supervisoras de disciplina gubernamental, serán capaces de corregir la falta de honestidad, honorabilidad, probidad, ética, moral de los grupos responsables de la salvaguarda ciudadana.
Incluso, los empresarios del país se alarmaron ante la decisión del General Cienfuegos Zepeda de regresar sus huestes a los cuartes. De inmediato se pronunciaron por no retirar de las calles los patrullajes militares, porque les infunden seguridad y confianza; todo lo contrario si se deja a las policías municipales y estatales a la (in) “seguridad” de sus negocios, empresas, oficinas. ¿Por qué será?, sencillo, por la absoluta desconfianza que tenemos ciudadanía y empresarios, de los incultos, impreparados, corruptos, insensible, coludidos y omisos policías, que sólo ven por sus interese personales y de grupo, que por cumplir la honesta responsabilidad encomendada.
Otros responsables de la fallida contención al hampa común y organizada –en todo el país- son los legisladores, Diputados Federales, locales y Senadores, que no proponen, aprueban o crean leyes que sancionen la deshonestidad de policías, MP’s, etc. de ahí la ligereza, impunidad y corruptelas de las guardias civiles, que obliga a que ilegalmente, los militares desarrollen funciones de persecución y combate a delincuentes comunes.
No está fuera de contexto y de exigencia el General Secretario, él defiende la calidad moral y profesional de sus elementos, que están “estudiados” para preservar la soberanía nacional y en caso de emergencia acudir en apoyo y rescate de la población. Pero cuando el “Comandante Supremo” de las fuerzas armas, el Presidente de la República, dispone y ordena, fuera de la Ley, realizar labores de policía, no les queda de otra que acatar la ordenanza.
Alguien tiene que decirle al Ejecutivo Federal, que está equivocado, y si en privado (audiencia) no entiende o acepta, tienen que exigirlo públicamente –con el apoyo de los medios de comunicación- para deslindarse de responsabilidades, ante la incapacidad de los civiles.
Pero el Ejecutivo no entiende y tras la advertencia del mando castrense, reordenó que las fuerzas armadas sigan en las calles, lo que, aunque no lo ha manifestado, enfadó por 4ª vez, a Cienfuegos Zepeda y… ni modo, acatar la disposición.
Muchas han sido las humillaciones que han sufrido las fuerzas armadas en los últimos 10 años por parte de civiles, incluso, hasta han tenido que recular y correr, como cuando una turba de pueblerinos dedicados a la ordeña de ductos de petróleo (tlachicoleros), trató de agredirlos, pese a llevar orden para detener a delincuentes federales. Ni siquiera una mención, justificación o reconocimiento del Ejecutivo Federal recibieron, quedándose con la vergüenza y coraje, de haber sido ridiculizados.
La posición de Cienfuegos es correcta, pero han sido detalles de aquí, de allá lo que obligó a ordenar el regreso a sus cuarteles; pero ni así Diputados, Senadores (a quienes les falta materia gris) se han pronunciado por disponer una ley haga recapacitar a las policías civiles y sus mandos asumir compromisos morales y profesionales para ser mejores.
De hecho, el propio Secretario de la Defensa Nacional hizo llegar al Senado una propuesta en este sentido, para dar autoridad, derechos para investigar, detener y disponer artículos constitucionales para actuar, entonces, como instancia judicial –contra civiles- ante la nulidad de los burócratas.
Yo me pronunciaría porque el Congreso imponga en veto al Presidente de la República, para impedir motu proprio disponer de las fuerzas armadas para asuntos del fuero común, como actuar contra la delincuencia organizada –porque no son fuerzas armadas extranjeras- sino viles delincuentes, lo que obliga a la PGR, Policía Federal, Procuradurías de Justicia locales y sus policías de investigación, a ser más aptos, inteligentes, honestos y responsables en asuntos de su absoluta competencia.
La advertencia, por 4ª vez está hecha y el Sistema está al vilo de una decisión castrense que a nadie nos conviene.
Mucha lealtad, disciplina, código de ética y formalidad tienen las fuerzas armadas, pero todo tiene un límite, el PAN y el PRI, siendo gobierno, lo han llevado irresponsablemente hasta ahí. No creo que Cienfuegos o quien lo suceda tolere una humillación más de gobiernos fallidos, incapaces o coludidos con las delincuencia organizada.
El ultimátum se ha dado, ¿este gobierno de la república lo entenderá o leerá como nosotros lo hacemos?
Cuidado no queremos vivir en la cuerda floja.
*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) y de Comunicadores por la Unidad AC (CxU)
