Laura Castillo García
El Movimiento Antorchista Nacional siempre ha sido respetuoso de los gobernantes y, por supuesto, de las leyes que rigen la República Mexicana en la que todos sus habitantes tienen derecho a los satisfactores establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso, día a día lucha porque esos satisfactores no se queden en el papel, sino que lleguen a quienes más los necesitan para que alcancen una vida digna; y esa actividad la hacen haya campañas electorales o no las haya.
Por el contrario, es muy sabido que, mientras están en campaña, los candidatos a puestos de elección popular ofrecen y dicen todo lo que sus votantes quieren oír: que llevará servicios públicos a las comunidades marginadas, que construirán puentes peatonales o vehiculares a quienes así lo necesiten, que mejorarán los servicios de salud públicos, que realizarán obras de infraestructura para el desarrollo de las comunidades, que construirán escuelas, etc., etc.
Es exactamente lo que el año pasado hizo el entonces candidato priista a la gubernatura del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien realizó una exitosa campaña de mercadotecnia, prometió todo lo posible e imposible con tal de llegar a la gubernatura y, una vez con el poder, se niega rotundamente a cumplir las promesas realizadas a la gente que votó por él.
Reprobable de por sí es la conducta de los gobernantes que una vez empoderados desprecian a sus gobernados y sin importar qué promesas hicieran, los ignoran como si no existieran.
Pero más reprobable es que cuando la gente exige solución a sus gobernantes, inmediatamente los dirigentes reciban amenazas de muerte… supongo que con el fin de meterles miedo para que desistan del trabajo y la lucha que despliegan.
Es el caso de la organización Antorcha Campesina de Hidalgo y del gobernador Omar Fayad Meneses, quien a pesar de haber prometido todo lo habido y por haber, ahora presiona a esa organización a través de no autorizar ninguna obra que requieren diversas comunidades organizadas en Antorcha, a pesar de que este año le fue autorizado un presupuesto mayor a los que históricamente han manejado los anteriores gobernadores estatales.
El gobernador Fayad ejercerá un presupuesto cercano a los 40 mil millones de pesos y de ellos, anunció, utilizará 10 mil millones de pesos para beneficio de siete grandes empresas; Antorcha no se opone a esas grandes inversiones, lo único que pide es que el señor Fayad Meneses sea más equitativo y atienda las necesidades de los hidalguenses que más lo necesitan; por ejemplo, que les autorice acciones para el mejoramiento a la vivienda, despensas, la conclusión de albergues estudiantiles, construcción de escuelas, la segunda etapa del camino Acuautla-San Ambrosio y del Hospital Regional de Nopala; la introducción y ampliación de redes de agua potable y de electrificación, pavimentación y apertura de caminos, obras y acciones que beneficiarán a miles y miles de hidalguenses.
Rápido fue el gobernador de Hidalgo para autorizar los 10 mil millones de pesos para beneficiar a los empresarios; sin embargo, a diez meses de su administración, no ha atendido ni una sola obra de las solicitadas por los antorchistas, ni siquiera las que estaban en proceso de ejecución durante la administración anterior, con lo que el actual gobierno hidalguense comete un grave error al dejar perder la inversión realizada con dinero público, lo cual parece no importarle al gobernador Fayad.
En Hidalgo, a los antorchistas no solo no se les resuelve ninguna demanda y los líderes y activistas han recibido amenazas de muerte para que desistan de la lucha. El antorchismo del Estado de México repudia ambas acciones, exige que el gobierno de Hidalgo atienda las demandas de nuestros compañeros y brinda la más seria y responsable solidaridad a nuestros compañeros hidalguenses, quienes todos los días trabajan y luchan porque tengan una mejor vida los trabajadores, campesinos, amas de casa, etc., a quienes el sistema margina.
Laura Castillo García Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
