En horas de la madrugada del 3 de agosto, como delincuente que se oculta en las sombras, un aparatoso operativo destruyó violentamente los puestos semifijos con los que se ganan la vida 100 antiguos comerciantes que, instalados a un costado del mercado municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán y, durante tres generaciones, han servido a los hidalguenses.
El despliegue de hasta 600 elementos, estuvo compuesto por Rubén Padilla Soto en persona (a quien ya por la mañana se le vio todavía en la calle en completo estado de ebriedad) policías uniformados y peligrosas células de civiles armados que trataban de confundirse entre ciudadanos y empleados menores del ayuntamiento.
Desde el pasado 15 de mayo, los comerciantes que ya estaban amenazados, junto con sus representantes sociales, encabezados por el Presidente del Comité Directivo Estatal, Omar Carreón Abud, en una reunión celebrada en la Casa de Gobierno y ante numerosos testigos, recibieron la solemne promesa del Gobernador del estado, en el sentido de que no se usaría la fuerza pública para resolver ese delicado problema social. Los hechos no admiten discusión: Silvano Aureoles Conejo no cumplió su palabra.
Cabe recordar ahora que el pasado 10 de febrero, a unos días de que el Movimiento Antorchista Michoacano decidiera otorgar su apoyo a los comerciantes amenazados, también en horas de la madrugada, fue baleado con 80 disparos de arma de alto poder, el auto del dirigente seccional en Hidalgo, el Licenciado Víctor Gaytán Reyes; a mayor abundamiento, el auto estaba estacionado afuera del domicilio del Lic. Gaytán y a unos metros de donde descansaba. No es menor el dato de que a pocos minutos de los disparos acudió un grupo de la policía municipal, encabezado por su director en persona, a preguntar, supuestamente, qué era lo que había ocurrido; al hecho, en el argot policiaco, se le conoce como “pared” para una retirada. La denuncia de hechos está presentada ante la PGJE y nada ha pasado, no hay ni detenidos ni sospechosos
En tal sentido, la organización ya ha recibido de parte de la Dirección Nacional las garantías de que cuenta con el apoyo y la solidaridad necesarios para que proceda a exigir al Gobierno del estado de Michoacán una salida viable al conflicto y el pago inmediato por daños y robo de mercancías por el operativo policiaco-civil armado que encabezó Rubén Padilla Soto. Después de las promesas públicas hechas el 15 de mayo por el gobernador del estado y reiteradas nuevamente el día de ayer (2 de agosto) por el subsecretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo, no dudamos que cualquier observador desprejuiciado concederá que no sólo nos asiste la razón, sino que tenemos la autoridad moral necesaria para reclamar el cumplimiento de la palabra empeñada y, sobre todo, para exigir justicia y seguridad para vivir y trabajar en el estado de Michoacán.
Informamos, asimismo, que el plantón absolutamente pacífico y ordenado que sostienen cerca de 600 hidalguenses a las afueras del Palacio Municipal, seguirá en su sitio hasta que se resuelvan las justas peticiones de los más desprotegidos de este municipio michoacano. Evidentemente, son responsables del respeto a las garantías sociales de protesta pública y de la integridad física y de la vida de quienes protestan por actos de la autoridad y exigen solución a sus problemas, Rubén Padilla Soto, Presidente municipal de Hidalgo y el Gobierno del estado de Michoacán.
