Pese a que legisladores expresaron buenas intenciones para no permitir que las elecciones detengan las reformas y nombramientos pendientes, expertos opinaron lo contrario.
El Congreso de la Unión dio arranque al último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura con una agenda pendiente y con proceso electoral en marcha. Ello, a decir de especialistas en la materia, pone sobre la mesa un panorama difícil para concretar acuerdos; sin embargo, las presiones por la suma de votos pueden llegar a mover la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Nicolás Loza, expresó que se viven momentos políticos en los que normalmente los acuerdos parlamentarios son pocos y se tramita lo básico de la agenda.
Sin embargo, dijo Loza, el clima social de desconfianza ciudadana hacia los partidos, la baja popularidad de la imagen presidencial y un impulso ciudadano manifestado, principalmente, en redes sociales a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción abre la posibilidad de una reforma importante, como lo sería al artículo 102 Constitucional.
El debate de la reforma al artículo 102 constitucional, para dotar de autonomía a las fiscalías, y para que los nombramientos del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía Anticorrupción recaigan en el Senado de la República y no en el titular de la Fiscalía General, se encuentra en la Cámara Alta y es impulsado, principalmente, por el PAN, el PRD y el bloque de PT-Morena.
Nicolás Loza, autor del libro Legitimidad en disputa: Zedillo, Fox, Calderón, concluyó en entrevista que: “Si no estuviéramos ante unas elecciones presidenciales, ni en una situación de tanta crítica pública al sistema político, los partidos y en general a las instituciones de gobierno, la posibilidad de una reforma importante al 102 Constitucional estaría cancelada”.
No obstante, el profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, Jesús Cantú, advirtió que una reforma constitucional requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores que se encuentren en el pleno de ambas cámaras (la de origen y la revisora) al momento de la votación. Posteriormente, tendría que enviarse a los estados y una vez concluido todo el proceso, idealmente, comenzaría la discusión de la Ley de la Fiscalía General y el nombramiento de su titular. “Difícilmente todo el proceso va a salir (…) Aunque sabemos que se tiene la voluntad, han salido muchas cosas, pero en este clima electoral es más difícil que resulte”.
Jesús Cantú, miembro de la Red por la Rendición de Cuentas, destacó, por otro lado, que el clima electoral actualmente ya se ha apoderado de la vida política nacional y existe una gran cantidad de legisladores que ha solicitado licencia en busca de un cargo de elección popular. Ello hará que el Congreso de la Unión trabaje con suplentes y no sus propietarios.
Además, el contexto electoral dificulta mucho más el lograr acuerdos entre las fracciones parlamentarias. Cantú, quien fue consejero electoral del IFE de 1996 al 2003, explicó que lo anterior se presenta porque cualquier decisión sobre el marco legal o nombramientos tendrá un impacto en la opinión de los votantes, por lo que en los próximos meses de cierre “no soy muy optimista en lo que puedan sacar”.
CON DESBANDA Y DISCURSOS ELECTORALES ARRANCA ÚLTIMO PERIODO
Con una desbandada de 25 senadores y diputados para brincar a otro cargo, inició el último periodo ordinario de sesiones del Congreso. En tribuna, los legisladores expresaron buenas intenciones para no permitir que el proceso de sucesión presidencial detenga las reformas, nombramientos y leyes pendientes. Sin embargo, usaron sus discursos para promover a los precandidatos presidenciales José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.
Primero, los diputados y senadores clausuraron la Comisión Permanente. Luego, en sesión de Congreso General, a la que sólo asistieron 284 de los 500 diputados y 79 de los 128 senadores, se declaró la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso. Para ello no ocuparon más de 20 minutos, pues sólo se entonó el himno nacional y no hubo oradores.
Acto seguido, la Cámara de Diputados citó a su primera sesión ordinaria, no así el Senado de la República donde se acordó sesionar hasta el 7 de febrero, para garantizar el asueto por el puente del 5 de febrero, ante el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución.
En la sesión de la Comisión Permanente se aprobó la licencia de 19 diputados y tres senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM, entre ellos los diputados priistas César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes aspiran a ser candidatos al Senado. Luego en la sesión ordinaria de la Cámara se aprobaron otras tres licencias.
En sustitución de Camacho y Ramírez Marín, el PRI nombró a los legisladores Carlos Iriarte y Édgar Romo como coordinador y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, respectivamente.
PROMETEN SACAR PENDIENTES
En su primera sesión ordinaria del 2018, las bancadas de todos los partidos hicieron en el recinto legislativo de San Lázaro el compromiso de sacar pendientes como el nombramiento del auditor superior de la Federación, sin que se condicione o esté sujeto al proceso electoral por la sucesión presidencial.
En tribuna, el diputado Jesús Zambrano (PRD) se pronunció por una agenda mínima de acuerdos de los diputados entre febrero y abril, “para que no abonemos a acrecentar la crisis de credibilidad”. Propuso legislar temas como la regulación de la publicidad gubernamental, que es un mandato al Congreso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la legislación por el uso del agua sin que implique la privatización y el marco legal para los gobiernos de coalición, entre otros temas.
“Se piensa que este periodo ya llegó a su fin y que podemos hacer poco. El Congreso es el espacio en el que es posible construir, mejorar. Mal haríamos al pensar que este periodo de sesiones sea de trámite y sólo sirva para inercias o despedir a quienes buscan otros cargos”, expresó.
Por su parte, el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo una larga crítica al gobierno federal por temas de corrupción, inseguridad, desigualdad, falta de crecimiento y estancamiento económico. Y aprovechó para atizar contra el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
“Yo no quiero que mi país, donde están mis hijos, sufra el destino que hoy tiene Venezuela. Yo no quiero que llegue a este país un dictador que antes de llegar ya nos está diciendo quién quiere que sea su fiscal. Yo no quiero que en mi país pase lo que ocurre en Venezuela, en donde la gente no tiene dinero en la bolsa para comprar, pero tampoco hay nada en las tiendas que puedan vender”, enfatizó.
Por su parte, la diputada Montserrat Arcos Velázquez (PRI) admitió que quienes son representantes populares están obligados a dar resultados, y dijo que la prioridad de su bancada será aprobar las iniciativas para combatir la corrupción e impunidad que propuso su precandidato presidencial, José Antonio Meade. Añadió que sólo si no hay “chantajes políticos”, también ofrece su respaldo al nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación.
De esa forma se declaró formalmente la apertura de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. (Ana Langner Y Jorge Monroy El Economista)
