Aquiles Córdova Morán
El martes 20 de febrero, en la ciudad de Puebla, estuvo a punto de ocurrir uno de los crímenes más horrendos e inhumanos que uno pueda imaginarse: el linchamiento, sin causa justificada alguna, de un grupo de nueve muchachos, de nueve jovencitos que apenas comienzan a conocer en serio el mundo en que les tocó vivir, a la cabeza de los cuales iba Ovidio Celis Córdova, un joven abogado apenas salido de la universidad.
Los hechos ocurrieron más o menos así. El día mencionado, a eso de las nueve de la mañana, los nueve jóvenes, todos habitantes de unos edificios departamentales ubicados en Zacachimalpa, una junta auxiliar perteneciente al municipio con cabecera en la ciudad de Puebla, dejaron recargando sus teléfonos celulares en la caseta de entrada debido a que los edificios todavía no cuentan con energía eléctrica. Poco después, ya listos para trasladarse al centro de la ciudad donde asistirían a una reunión de trabajo, los nueve (que iban en la misma camioneta por ser su único medio de transporte) se detuvieron a recoger sus celulares, encontrándose con la sorpresa de que faltaba uno, precisamente el de Ovidio Celis. Con ayuda del GPS localizaron el aparato robado en el interior de la escuela primaria Mariano Matamoros, ubicada a unos 400 m. de distancia del lugar de donde fue sustraído. Alguien al otro lado de la línea les confirmó que tenía el teléfono y los invitó a que pasaran por él a la entrada del edificio escolar.
Por (mala) suerte, la mencionada escuela queda al paso de la vía que los jóvenes siguen siempre para ir al centro de Puebla; se les hizo fácil por eso irse a su trabajo y, “de pasada”, recoger el celular. Al llegar al lugar se encontraron con una patrulla de la policía que, aparentemente cumplía su rutina frente a la escuela; pero, para su sorpresa (la primera de ese espantoso día), los ocupantes de la patrulla los sometieron a un interrogatorio inusitado: identidad, ocupación, asunto que los llevaba a la escuela y, finalmente, les exigieron identificación oficial. Uno de los jóvenes, el único que la llevaba, les entregó su credencial de elector. A todo esto, la persona que les devolvería el teléfono no aparecía; decidieron marcharse porque se hacía tarde para su reunión; pidieron a los policías la credencial pero (segunda sorpresa) éstos se negaron a devolverla sin ninguna explicación. Se fueron sin la credencial y, un minuto después, alguien que se identificó como “la maestra Dolores” les dijo que se devolvieran y que, “en diez minutos”, ella personalmente les devolvería el celular.
Regresaron. Pero al llegar (tercera sorpresa) había ya junto a la patrulla un grupo de unas veinte personas con apariencia de pueblo, encabezadas, sin embargo, por una mujer que, cámara en mano, comenzó a filmarlos al tiempo que gritaba destempladamente al grupo: ¡ellos son los secuestradores! ¡Se quieren meter a fuerza a la escuela para secuestrar a nuestros hijos! ¡Hay que lincharlos! ¡Hay que quemarlos vivos! La patrulla policíaca se limitaba a contemplar la escena. Luego se oyó el toque de rebato de las campanas y llegó más gente armada de machetes, palos, varillas y otros instrumentos contundentes, dispuesta a “quemar vivos” a los supuestos secuestradores. Súbitamente (cuarta sorpresa) apareció un grupo de hombres fuertemente armados y cuya facha y actitud no eran ya de pueblo amotinado sino de sicarios de profesión. De inmediato se lanzaron sobre los jóvenes y los comenzaron a golpear despiadadamente al tiempo que les lanzaban feroces insultos y amenazas escalofriantes; convirtieron en chatarra su camioneta y le prendieron fuego. Luego los trasladaron a pie a las oficinas de la junta auxiliar, caminando en medio de la gente que los golpeó, les lanzó patadas, garrotazos, pedradas y escupitajos; llegaron al corredor de las oficinas donde los hincaron, esposados y sangrantes. Había ya un grupo de policía antimotines que cercó el edificio, pero era un muro muy frágil entre los rehenes y la multitud embravecida, que no cesaba de exigir su entrega para “quemarlos”, al tiempo que les lanzaba proyectiles e insultos de todo tipo.
Fueron muchas horas de suplicio (no menos de 5). Al final, la policía los sacó del cerco, los subió a un vehículo y emprendieron la fuga, pero tuvieron que detenerse para atravesar una parte del lago de Valsequillo y allí les dio alcance el grupo de sicarios. Uno de ellos, armado con una barreta, se subió al vehículo que los llevaba y de un golpe brutal perforó el techo con la intención de alcanzar el cráneo de alguno de los ocupantes. Solo la providencia sabe cómo sobrevivió la víctima. Por fin llegó la policía “buena”, dialogó con los pistoleros y logró que dejaran ir a los jóvenes. Casi al mismo tiempo, otro grupo similar llegó a los departamentos ya mencionados en los que habitaban unas cien familias antorchistas. ¡Sálganse de inmediato todos! ordenaron; tienen 5 minutos para desalojar o los mataremos a todos. Obviamente la gente salió, abandonándolo todo. Los sicarios prendieron fuego a varias de las viviendas. Hay tres cosas que precisar: 1.- había tres patrullas policíacas a la entrada de la unidad habitacional; no movieron un solo dedo ni pidieron refuerzos; 2.- los departamentos no estaban en litigio con nadie; 3.- son propiedad de un banco con el cual se estaba negociando la compra y legalización de esas viviendas. No había pues, ninguna razón visible para el ataque.
Estos son los hechos. Era necesario narrarlos con cierto detalle para entender las conclusiones que apunto en seguida. Es evidente que todo fue una provocación cuidadosamente montada y ejecutada por gente experta en tales menesteres, gente que dispone, además, de una información precisa y confiable para garantizar el éxito de una operación sucia y riesgosa como esta. Es claro, por ejemplo, que quien robó el celular sabía que pertenecía a Ovidio Celis, hijo del diputado federal Juan Manuel Celis Aguirre, líder del Antorchismo poblano. Es igualmente claro que la elección de una escuela primaria como escenario de los hechos estuvo bien calculada para dar crédito a la acusación de secuestro y para inflamar el ánimo de la gente. Igualmente intencional fue la actuación de la patrulla que los investigó así como la de la “maestra Dolores”, ambas planeadas para entretener a los muchachos mientras se reunía la gente. Es obvio que la “vecina” que los filmó y les echó encima al pueblo, tampoco era una espontánea, sino alguien que tiene bien ensayado el papel. Finalmente, también es obvio que un grupo de sicarios bien entrenados, armados y mentalizados para matar, tampoco es “fruto espontáneo” de la situación de inseguridad del país; alguien los organiza, los entrena, los arma y los financia y, sobre todo, les garantiza la impunidad necesaria para que actúen a sus anchas. ¿Quién es, pues, el autor intelectual del intento de linchamiento de que hablo?
Para responder con seguridad hay que tomar en cuenta los siguientes hechos: quien planeó la provocación dispone de información detallada, minuciosa y segura como para garantizar el éxito de una provocación como esta; tiene poder, además, sobre la policía, el personal de las escuelas y los “líderes naturales” de colonias y pueblos para coordinarlos con la precisión requerida; tiene autoridad bastante para detener la mano de los sicarios en el último momento, cuando ya tenían a sus víctimas en el puño y la clara decisión de matarlos a barretazos. Existen otros dos hechos que completan el cuadro. 1º.- Uno de los jefes del comando armado hizo contacto con un líder antorchista de alto nivel para decirle, entre otras cosas, que a él y su grupo los departamentos les valen m… ¡por eso los quemamos!, aseguró. 2º.- Personal del banco con quien se está negociando la compra-venta de los departamentos, supuesta base del conflicto, se comunicó con la dirigente antorchista que encabeza las negociaciones para informarle que el banco sigue dispuesto a cerrar la operación, pero que recibió instrucciones del gobierno de que, en ese momento, no hiciera ninguna declaración al respecto. Así pues, no fueron los departamentos ni la ilegal invasión de los mismos la causa del ataque, como dijo toda la prensa poblana.
Por último, están la velocidad, amplitud y uniformidad con que la prensa poblana deformó la “noticia” y mintió, casi en los mismos términos y con la misma intención: acusar a las víctimas de “secuestradores” o, en el mejor de los casos, de “invasores de terrenos” que el gobierno debe meter a la cárcel. Esto prueba que todos se basaron en la misma fuente, un boletín de prensa redactado por alguien con poder para imponerlo a los medios. El ataque, además, ocurre en época de elecciones y en una zona donde la fuerza electoral de Antorcha es decisiva. Si a esto sumamos lo que ha venido ocurriendo en torno al asesinato de Manuel Hernández, alcalde de Huitzilan de Serdán, es decir, la descarada protección a sus asesinos y la abierta resistencia del aparato de justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen (perfectamente identificados, por cierto), no hay que estrujarse mucho el cerebro para concluir que, tanto el asesinato de Manuel como el intento de linchamiento de Ovidio Celis y sus compañeros, tienen motivos político-electorales, y, por tanto, que los protectores de los asesinos de Manuel y los orquestadores del linchamiento de los jóvenes en Zacachimalpa son los mismos, o, por lo menos, son íntimos aliados políticos, abiertos o encubiertos, que para el caso es lo mismo.
No me hago ilusiones, por eso, de que esta vez sí se hará justicia; escribo para que la opinión pública vaya dándose cuenta en qué manos estamos, y porque creo que ya basta de sentar plaza de valientes denunciando siempre a los chivos expiatorios, tengan la culpa que tengan, dejando siempre en la sombra a sus poderosos protectores y corruptores, que son los verdaderos linchadores. Y no solo de la gente humilde y sencilla, sino de la justicia, la democracia y el Estado de derecho, a los que tanto dicen respetar, defender y aplicar.
