Los presidentes nacionales de los partidos que integran la coalición Por México al Frente solicitaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una Misión de Observación Electoral.
En la misiva, firmada por los dirigentes Damián Zepeda (PAN), Manuel Covarrubias (PRD) y Dante Delgado (Movimiento Ciudadano), se acusa al gobierno federal del “uso ilegal y partidista” de la Procuraduría General de la República.
En el texto, entregado en Washington DC, Estados Unidos, los dirigentes partidistas acusaron al titular del Ejecutivo federal de orquestar una campaña en contra del aspirante de esta alianza, Ricardo Anaya Cortés, para sacarlo de la boleta electoral, haciendo uso del Ministerio Público Federal.
En el documento, que consta de tres páginas, los partidos políticos hicieron referencia del proceso legal de desafuero que enfrentó el también aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador en el 2005 como antecedentes de los intentos de sacar de la boleta electoral a un contendiente, en ese entonces para el proceso electoral del 2006.
“No podemos permitir ni aceptar que ese traumático hecho se repita ni siquiera en forma cercana o similar”, se lee en la carta.
“El uso faccioso e ilegal de las instituciones por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, constituye hoy junto con la violencia política, la más grave amenaza al proceso electoral en curso”, aseguraron los líderes de los tres partidos.
Sobre la violencia política, detallaron que a la fecha han sido asesinados 40 candidatos. Exhibieron que, en promedio, ocurre un homicidio de aspirantes a cargos de elección popular cada cuatro o cinco días.
Esta situación “no sólo pone en riesgo a quienes han decidido competir por un puesto de elección popular, sino que es igualmente una amenaza al proceso electoral en su conjunto y, por tanto, a la estabilidad del país”, expusieron.
“Es preciso garantizar que los procesos electorales libres, equitativos y democráticos sean la vía civilizada y pacífica para elegir gobiernos y dirimir diferencias. Es preciso tutelar el bien superior de garantizar la paz y la plena vigilancia de los derechos humanos de las y los mexicanos sin indebidas interferencias de gobiernos, servidores públicos o cualquier otro actor”, manifestaron.
Así, solicitaron que sea desplegada a la brevedad una Misión de Observación Electoral en México desde la campaña y después de la jornada electoral. También pidieron “abstenerse de circular cualquier información a misión y representación ante esta OEA, que afecte o dañe nuestra coalición y nuestro candidato pues podría ocasionar un daño irreparable al proceso electoral. Queremos que la participación de la OEA contribuya a la estabilidad del proceso electoral y no a escalar a un conflicto a nivel internacional”. (Ana Langner El Economista)
