Blas A. Buendía
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, inauguró una serie de conferencias en el marco de la implementación del nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal, acto en el que subrayó que la corrupción deteriora la economía, incrementa los costos para hacer negocios, disuade inversiones, además de que incide en los altos niveles de desigualdad.
En la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina, enfatizó que por ello se deben impulsar estrategias sólidas en contra de la corrupción y de la impunidad, además de que puntualizó que el órgano judicial capitalino está permanentemente comprometido con las disposiciones que componen el sistema nacional anticorrupción.
Con la presencia del contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, el magistrado subrayó en mayo se habrá de cumplir en el Poder Judicial capitalino la obligación presentar las declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y la fiscal, por la convicción y responsabilidad personal de servir al país y a la sociedad.
Recordó que hace aproximadamente un mes se inició el programa para capacitar a los servidores públicos encargados de aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y en particular sobre la investigación y calificación de las faltas administrativas, lo que deberá fortalecer la convicción para prevenir y sancionar este tipo de actos.
“Debemos reconocer que los fenómenos de corrupción no solo debilitan el estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones; más aún, aumentan los problemas sociales y económicos”, planteó Pérez Juárez.
El también presidente del Consejo de la Judicatura capitalina, recordó que el informe anual 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que el costo de la corrupción para la economía nacional representa hasta un 5 por ciento del Producto Interno Bruto, en razón de que dicho fenómeno deteriora la economía, incrementa el costo para hacer negocios, obstaculiza la productividad y crea desconfianza y mala imagen para el país.
El magistrado consideró que el nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal debe dar respuesta a problemáticas en distintos ámbitos, por lo que establece responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurren, además de las que correspondan a particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
A su vez, el contralor general Eduardo Rovelo Pico destacó que hoy se cuenta con un nuevo paradigma en la materia, el cual es ya necesario poner en práctica, a partir de que el legislador ya hizo una distinción entre falta y delito.
Asimismo, consideró que se debe avanzar hacia la oralidad en materia de juicios administrativos, dado que esta ya es una realidad en otras ramas de la justicia.
En el acto participaron las consejeras de la Judicatura de la Ciudad de México, Aurora Gómez Aguilar, Blanca Estela Zamudio Valdés, Ana Yadira Alarcón Márquez, y el consejero Jorge Martínez Arreguín, además del director general de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Juan Carlos Ávila López, y el director general de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, ambos de la Contraloría General de la Ciudad de México.
