Miguel Ángel Casique
Secuelas que deja cada frente abierto, cobrará facturas.
Han pasado 44 días de que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como primer presidente morenista de México y ya tiene, al menos, ocho frentes abiertos que le están generando tensión con diversos sectores de la sociedad, y aunque parece que el presidente los “enfrenta” y “soluciona”, lo cierto es que cada uno va dejando secuelas que irán causando un daño a su gobierno de la 4ta Transformación.
Por un lado, vemos la más reciente crisis ocasionada por el desabasto de gasolina en varios estados del país con serias afectaciones ya en la Ciudad de México y la zona metropolitana, además de varios estados como Guanajuato, Michoacán y Querétaro; un tema en el que la posición oficial se mantiene “firme” con el cierre de los ductos y por el otro lado la inconformidad de transportistas, por ejemplo, al no poder cumplir con el traslado de alimentos.
Los otros frentes que el gobierno tiene es con los empresarios, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con gobernadores y con funcionarios de órganos autónomos; los temas que han ocasionado esto fueron la cancelación de la Reforma Educativa, la disminución del salario a altos funcionarios, la creación de la figura de los superdelegados, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto y la formación de la Guardia Nacional, tema que necesitará de más operación política del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado como uno de los principales operadores políticos en el gobierno.
Con respecto a eliminar la Reforma Educativa, 11 días después de asumir el mando, el 12 de diciembre, AMLO firmó la propuesta de iniciativa para reformar los artículos 1, 31 y 73, y así se elimina la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente que había sido aprobada en el sexenio anterior y aunque hubo protestas de inconformidad, por ejemplo de Cynthia López, secretaria de la Comisión de Educación y diputada priista, lo cierto es que ahí AMLO, dijo: “compromiso cumplido”.
Desde hace 13 años, 2006, López Obrador acusó a los Ministros de la SCJN, a los magistrados y jueces de circuito de ser privilegiados y de gozar de los mejores sueldos y tomó como bandera de campaña que ningún funcionario ganaría más que el presidente, se aprobó así, antes de que tomara protesta, en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se establece que ningún funcionario ganaría más de 108 mil pesos mensuales y que no habría pensiones para expresidentes; tras esto, 1,410 jueces de distrito y magistrados del país se manifestaron para defender su salario acusándolo de meterse en la autonomía y que no había independencia; también hubo al menos cinco mil funcionarios que se ampararon, a lo cual dijo AMLO respetaría los fallos.
Con los delegados morenistas o llamados “superdelegados” fue la terminación de las delegaciones federales en los estados del país; así, ahora, las encabezaría un coordinador estatal de programas de desarrollo (“superdelegados”); de inmediato eso generó irritación a los gobernadores quienes en su primera reunión plantearon que esa figura era querer colocar un gobernador paralelo; y en efecto, parece que esa era y sigue siendo la intención, además de que comenzarían a trabajar en lo inmediato con vista a las elecciones de mitad del sexenio. La opinión más fuerte fue la del gobernador michoacano Silvano Aureoles quien dijo que “delegar en coordinadores de gobierno que se puedan convertir en gobernadores paralelos violenta los principios básicos del pacto federal” y pidió que se revisara de inmediato para que no hubiera confusión.
Así también vimos la imposición, clara, previa consulta de la cancelación de la construcción el Nuevo Aeropuerto y la construcción del Tren Maya, donde con un ritual (espectáculo mediático) a la Madre Tierra, el 16 de diciembre, inició la construcción, obra que aprobó la segunda consulta ciudadana. De ahí más sucesos; el Fiscal General de la República, aquí se criticó que se haya modificado el artículo 103 constitucional, pues implicaba que el fiscal siempre estará a la posibilidad de que lo ponga o lo quite el Presidente de la República y también se rechazó la creación de un coordinador general, de una lista de al menos 27 aspirantes, la Junta de Conciliación dejará una lista de 10 perfiles que votan en el pleno y luego enviarla al Presidente de la República que regresará una terna a la Cámara Alta para que la vote el Senado, esto será durante este mes de enero y, entonces, habrá Fiscal General de la República, tema que sin duda veremos en estos días.
De la creación de la Guardia Nacional, que enfrentaría la crisis de inseguridad y de violencia en México, Obrador propuso mantener el Ejército en las calles; tanto partidos políticos como organizaciones civiles se han manifestado, pero también llama la atención la postura de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que rechazó el empleo de las Fuerzas Armadas, estrategia que ya había sido aprobado pero que no da resultados.
Los frentes abiertos que tiene hasta este momento el gobierno federal son al menos ocho, y aunque no lo estén deseando así, pues cabe la posibilidad de que el gabinete y López Obrador deseen hacerle frente a los problemas, como ya dijimos en otros espacios, no se está trabajando de fondo y con un plan bien elaborado; entonces, en estos 44 días, las crisis que se le han venido sin duda alguna le dejarán secuelas que más tarde que temprano le tendrá que cobrar la factura.
El clímax no político.
Donde también se le puede hacer otro frente a López Obrador y tal parece que sus asesores ni integrantes de su gabinete saben cómo lo sortearían es en el trato a las organizaciones sociales, pues nos comentan que desde que empezó su administración se ha referido al Movimiento Antorchista como una organización de intermediarios y para eso ha usado la frase “antorcha mundial”.
Resulta que el pasado 23 de diciembre, unos 50 mil mexicanos (la membresía actual de Antorcha es ya cerca de tres millones), protestaron en la Cámara de Diputados para que se les tomara en el Presupuesto de Egresos 2019, recurso que se destinaría a obras y servicios para los más pobres de México. Así, previa autorización del Presupuesto de Egresos, fueron recibidos por Mario Delgado y el funcionario aseguró que el pasado 8 de enero se comenzarían a realizar mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, él y otros funcionarios para comenzar a resolver las peticiones que esos mexicanos le hicieron, peticiones que consiste, fundamentalmente, en la realización de obras y servicios de carácter social como: clínicas, hospitales, pavimentaciones, apoyos para el campo y la vivienda, entre otras.
Pues la fecha llegó y tras su cancelación se programó otra para el jueves 10 de enero, donde los funcionarios que debían asistir no se presentaron, argumentando cuestiones de agenda política; y el inicio de lo que se suponía debía ser la reunión ofrecida, nomás no se dio. Pero esto no es todo, pues el encargado de la gestoría nacional, Homero Aguirre Enríquez, aseguró que en esa reunión no habría tal y tampoco algún avance pues no estaban presentes ni el citado funcionario ni el Subsecretario de la Segob federal que también debía asistir y mucho menos había algún otro funcionario de otra dependencia para poder encontrar solución a las peticiones. Una reunión ofrecida está para esta semana, pero sin fecha aún.
Los hechos no parecen estar aislados, un ataque vuelve desde el presidente López Obrador con lo de “antorcha mundial” en sus mítines más recientes, Morelos y el Estado de México y una operación política para negar solución a peticiones elementales; con los ataques se quiere vacunar a la opinión pública contra Antorcha en caso de que ésta anuncie movilización y desde luego, para negar, desde el poder federal, solución a las peticiones sociales.
Antorcha no es una organización que se le pueda catalogar de intransigente o que no tome en cuenta la transición de gobierno; es más, es una organización que con mucha facilidad se puede entender con los gobiernos en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, siempre y cuando las autoridades acepten apoyar y buscar soluciones reales a las necesidades de la población mexicana. Antorcha puede valorar una respuesta positiva del gobierno de López Obrador y un buen trato de Mario Delgado y del Subsecretario de Gobernación para atender peticiones justas de miles de mexicanos; pero también, dentro de la Ley, podría realizar movilizaciones multitudinarias si no hay sensibilidad de los funcionarios del actual gobierno. Ahí está el reto del gobierno de la 4ta Transformación, ¿lo sorteará? Lo veremos pronto. Por el momento, querido lector, es todo.
