José el Güero Cruz
Familiares de la pequeña Gisell, desaparecida desde el pasado sábado, en la colonia San Lorenzo, del municipio de Chimalhuacán, exigen la localización y presentación con vida de la niña de 11 años.
Dieron un ultimátum de 48 horas para que haya una respuesta favorable, de lo contrario acudirán directamente a la ciudad de Toluca, a las instalaciones de la Fiscalía a manifestarse directamente ante el Fiscal General Alejandro Gómez.
A estas exigencias, se sumaron autoridades del gobierno de Chimalhuacán, encabezados por el alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez.
A través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, el munícipe señaló que coadyuva en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para dar con el paradero de Giselle Garrido Cruz de 11 años de edad, quien se presume desapareció el pasado 19 de enero en calles del barrio San Lorenzo.
El comisario de Seguridad local, Cristóbal Hernández Salas, informó que personal de la Célula de Búsqueda de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG), brindó auxilio a los familiares de forma inmediata; además, instrumentó un dispositivo en las seis regiones del territorio municipal para localizar a la adolescente.
Igualmente, se activó el protocolo AMBER para generar la cédula de búsqueda para todo el país; elementos de UEPAVIG realizan recorridos por calles del municipio para difundir la foto de la menor, al tiempo en que coadyuvan en las indagatorias.
“El ejecutivo municipal dio indicación expresa para auxiliar a la familia y localizar a Giselle. Además, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán se suma a la exigencia de los familiares para que la Fiscalía Mexiquense de celeridad a las investigaciones para dar con el paradero de la niña, así como aplicar todo el peso de la ley contra quien resulte responsable de su desaparición”.
El gobierno de Chimalhuacán ha insistido a su similar estatal en la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, ya que, desde el mes de febrero del año 2016, el Ayuntamiento aprobó la donación de un predio de mil 723 metros cuadrados en el barrio Transportistas para la edificación del inmueble que serviría para atender diversos delitos con perspectiva de género, sin hasta el momento tener alguna respuesta.
