Corrupción y justicia

Hoy que la ex secretaria Robles está en la cárcel, resulta inevitable la siguiente conclusión: igual que en el pasado, no se trata de una estricta aplicación de la ley por parte del juez de la causa, ni mucho menos de una medida que pueda leerse como prueba irrefutable de que, esta vez, la lucha anticorrupción va en serio. Se trata, otra vez, de un simple “chivo expiatorio” cuya cabeza exigían los resentidos con el sexenio peñista que piden sangre y ciertos poderosos cuadros vengativos del morenismo en el poder, que acusan a Rosario Robles (y así lo han declarado con todas sus letras) de “traidora” y “enemiga” de la 4ªT. Y lo más grave es que el presidente sabe todo esto muy bien, como lo demuestran sus declaraciones en el Monte de las Cruces, justas y exactas cuando aún no tenía necesidad de espectáculos circenses para desviar la atención y las críticas públicas a su gobierno.

Con toda honradez debo decir que no es la suerte de la ex secretaria Robles la causa principal de mi preocupación e inconformidad, por más que a toda persona bien nacida siempre le duelan y le subleven las injusticias, quien quiera que sea la víctima. Lo verdaderamente importante y trascendente para el país, a mi juicio, estriba en que, este hecho y otros parecidos y conexos, constituyen un indicio clarísimo de que el combate a la corrupción se está yendo por los mismos trillados senderos del pasado, que han resultado probadamente inútiles como lo dijo en su momento el presidente. La corrupción, en efecto, ni siquiera se resintió con el encarcelamiento de personajes en el pasado, sino que floreció con más vigor, protegida por esas pantomimas exculpatorias de los verdaderos responsables y beneficiarios, a grado tal que pudo ser el eje central del discurso obradorista que lo llevó a la presidencia. Y si es así y al presidente le consta, ¿por qué ha decidido aplicar el mismo fracasado tratamiento?

El error de razonamiento que la lógica clásica llama quid pro quo, esto es, tomar una cosa por otra, por lo que no es, no parece tener gran importancia en la vida diaria, pues pudiera decirse, trivializando un poco las cosas, que nadie confunde una vaca con una gallina. No ocurre lo mismo cuando se trata del análisis de problemas más complejos, por ejemplo, el encadenamiento universal de los fenómenos de la realidad, dentro del cual no siempre es fácil distinguir la causa del efecto y donde, por tanto, es frecuente tomar lo uno por lo otro, caer en un quid pro quo. Este error, en estos casos, suele traer gravísimos males y consecuencias. Cuando López Obrador dio muestras de saber distinguir nítidamente la corrupción de los corruptos, y afirmó que para combatir a la primera, en serio y a fondo, no era necesario, y ni siquiera aconsejable, perder el tiempo persiguiendo a corruptillos menores (y aún a los mayores, digo yo), y que esa sería su línea de conducta, a mí y a muchos nos pareció una prueba de objetividad y de profundidad de pensamiento dignos de apoyo y de aplauso.
Sí, repito hoy. Es justo y es científico no confundir la rabia con el perro que la padece; y eludir, por tanto, la sandez de querer combatir la enfermedad matando al perro: “muerto el perro, se acabó la rabia”, ironiza la sabiduría popular. La cárcel a Rosario Robles y la cacería de brujas corruptas que, dicen, le seguirá, puede y debe leerse (y rechazarse en consecuencia) como una caída, tanto más condenable cuanto más consciente y calculada sea, en el error fatal, en el quid pro quo de confundir al perro con la rabia. El peligro de que hablo es, precisamente, el de que ahora llenen las cárceles de verdaderos o falsos corruptos, mientras afuera la corrupción crece y se desarrolla a sus anchas, “como verdolaga en huerta de indio”. Es decir, que nos espere un sexenio más de falso combate a la corrupción solo para proteger y esconder la corrupción de los protegidos y predilectos de la 4ªT.

Pero hay más. Muchos medios, columnistas y opinadores profesionales, están hablando (en su propio nombre o divulgando información privilegiada que dicen tener) de que, para dar verdadera credibilidad al discurso presidencial y para detener la caída de su prestigio y de su popularidad, amigos cercanos al presidente y especialistas en manejo de imagen lo están convenciendo de la necesidad de dar un “golpe de autoridad”, metiendo a la cárcel a “algunos peces gordos” de sexenios anteriores, a los que la opinión pública rechaza y señala como culpables de sus desgracias. La prisión del poderoso abogado Juan Collado y de Rosario Robles, junto con la “investigación” de personajes como el ex director de PEMEX, vendrían a ser la prueba, dicen, de que las “ninfas egereas” de López Obrador lo han convencido de la eficacia y necesidad de un “manotazo sobre la mesa” que haga época.

Y preocupa y asusta que los columnistas y comentócratas que hablan de esto, no muestren un adarme de preocupación, un solo vestigio de desaprobación o de rechazo a semejante modo de proceder. Lo toman como si fuera un derecho legítimo del presidente. Nadie se preocupa por interrogarse, o por interrogar a los voceros de la 4ªT, en qué ley se apoyaría una medida semejante; o qué derecho tiene el presidente para disponer así de la vida y la libertad de sus gobernados, sean los que sean, con tal de salvar el prestigio y la popularidad de su administración. Por el contrario, varios de ellos (y de los más influyentes, por cierto) aplauden a los consejeros del presidente asegurando que eso es, en efecto, lo que hace falta en estos momentos; otros van más allá y elogian la “sagacidad” y el “infalible olfato político” del presidente. En mi modesta opinión de ciudadano común y corriente, esto está muy, pero muy lejos de ser algo que prestigie o ennoblezca a ningún gobernante; es lo opuesto a lo que se esperaría de un gobierno sinceramente humanista, con espíritu de verdadera justicia y comprometido con el derecho de gentes.

Aquí hay otro peligroso quid pro quo: confundir la ley y la justicia con armas al servicio de las necesidades políticas de un régimen y de un gobernante; es decir, no distinguir entre las leyes y los derechos ciudadanos que tutelan, y las medidas sociales, económicas y políticas que están al alcance de todo gobernante para dar eficacia, prestigio y estabilidad a su gobierno. Teniendo en mente estos múltiples y variados recursos de verdadera política, cabe preguntar: ¿qué necesidad tiene un estadista de encarcelar a sus opositores y críticos, en vez de combatirlos con resultados tangibles y con argumentos irrebatibles que a un buen gobernante siempre le sobran? Quienes opinan sobre los supuestos intentos represivos de la 4ªT en tono neutro, o peor aún, aprobatorio, no se dan cuenta de que mañana pueden ser ellos mismos las víctimas de su imprudencia o de su servilismo obsecuente. Al ignorar olímpicamente la verdadera naturaleza profunda de las leyes y del concepto de justicia subyacente en todas ellas, dejan en la total indefensión al ciudadano aislado frente al Leviatán del Estado; y mañana, cuando tengan necesidad de la protección de las leyes, única y débil defensa del desamparado frente a los poderosos, no la encontrarán, justamente porque hoy, ellos mismos están ayudando a derribarla. Cualquier sociedad, incluida la que pueda surgir de la 4ª T, debe contar con leyes que definan y limiten el poder del Estado y prevengan sus abusos. Lo contrario es absolutismo y dictadura.

Aplaudir, o siquiera mostrarse “indulgente y comprensivo” con un gobierno que se enmascara tras la ley para combatir con cárcel a sus enemigos, reales o supuestos, es hacerse cómplice de la prostitución y destrucción del Estado de Derecho, para entregar sus ruinas a los afanes de dominio político a toda costa. Eso no puede y no debe ser: cualquier ciudadano o ciudadana que vaya a la cárcel, tiene que haber sido vencido previamente en juicio, es decir, con base en delitos tipificados con precisión y objetividad por la ley y debidamente demostrados en un proceso cuya legitimidad también debe atenerse a la ley. Lo demás es abuso, es dictadura y es violación del pacto fundamental entre los ciudadanos y el Estado.

Y si el Estado viola y pasa reiteradamente por encima de ese pacto, lo rompe y lo denuncia unilateralmente, y, por ese solo hecho, deja a la ciudadanía en libertad para desconocerlo a su vez y, llegado el caso, para defender sus derechos, su libertad y sus bienes por los medios que juzgue convenientes. Lo que suceda entonces, será responsabilidad única y absoluta del gobernante, por haber sido el primero en faltar a sus deberes, cuasi sagrados, estipulados en el pacto social entre él y la sociedad que gobierna.