Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calcula que son al menos 2 mil recursos en contra de dicha ley.
La nueva Ley de Extinción de Dominio permite a las autoridades vender propiedades incluso antes de que un juez dicte la sentencia declarando la extinción de bienes, incluidas cuentas bancarias.
Además, faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales para aplicarla sobre hechos que tuvieron lugar antes de su entrada en vigor, el pasado 10 de agosto.
Estas normativas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -en la gestión de Luis Raúl González Pérez- ante la Suprema Corte, a través de una acción de inconstitucionalidad.
“La Ley permite un margen de aplicación muy amplio que posibilita actuaciones injustificadas, pues autoriza sin precisar categorías ciertas, cualquier tipo de bien incautado podrá ser susceptible de venderse anticipadamente”, indica la demanda que se resolverá en 2020.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, antes Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), será la dependencia que decida cuando la “naturaleza de un bien” permita su venta anticipada, lo que a decir de la CNDH atenta contra el derecho de seguridad jurídica.
Para el abogado penalista Alfonso Jiménez O’Farril, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es violatoria de la Constitución.
“Sin ser responsable penalmente te quitan tu bien inmueble y si ganas el juicio civil, entonces te regresan dinero, mas no el bien. Trastoca todo el régimen de propiedad privada”, consideró.
El ministro en retiro José Ramón Cossío reconoció que se podría generar una afectación monetaria, pues quien sea procesado y finalmente resulte inocente recuperaría el valor de sus bienes calculados al momento del aseguramiento.
“El pago no se haría al valor presente al momento del remate, sino al valor que estaba presente en el momento del aseguramiento, y estos juicios pueden llevar su tiempo y las personas sí pueden ver mermado el valor de sus bienes”, estimó.
Jaleyna de la Peña, presidenta del Comité Jurídico de Coparmex, explicó que se generará incertidumbre entre los ciudadanos, debido a la figura de venta anticipada de bienes.
“Lo que en un principio estaba diseñado para combatir el poderío económico de la delincuencia organizada, deriva en incertidumbre para todos. Creemos que nos deja expuestos a una conducta errónea, excesiva y represiva del Estado”, sostuvo.
