El gobierno de Chimalhuacán se ha conducido con legalidad y respeto, permitiendo la libre manifestación de ideas sin usar la violencia y ofreciendo un diálogo abierto para alcanzar consenso”, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Saúl Torres Bautista.
En conferencia de prensa, el funcionario descartó que el Ayuntamiento haya utilizado la fuerza pública para desalojar el pasado lunes a un grupo minoritario que mantenía desde hace dos semanas bloqueada la avenida Juárez, afectando las actividades ordinarias de habitantes de las comunidades de San Pablo y Xochitenco.
“Desde el pasado 9 de enero, un grupo de personas colocó una carpa sobre la vialidad Benito Juárez, obstruyendo el paso de vehículos y peatones, hechos ante los cuales el gobierno municipal fue respetuoso, hasta el último momento en el que se retiraron. La obra de perforación del pozo San Pablo-Xochitenco es una voluntad de la mayoría de los habitantes de la zona, por ello en todo momento hemos actuado apegados a la legalidad”.
El funcionario presentó ante los medios de comunicación fotografías y videos en donde se muestra el momento en que los inconformes abandonan el bloqueo, así como los trabajos de desmonte de una carpa, mesas y sillas, por parte de una empresa alquiladora.
“Lamentamos que tras estos hechos se difunda información errónea y tendenciosa para tratar de desestabilizar las acciones y obras del gobierno local. Exigimos un cese a estos ataques; estamos convencidos que los intereses políticos de una minoría no detendrán el progreso de las comunidades”.
Torres Bautista añadió que el ODAPAS cuenta con el permiso B00.801.02.01-1055 de fecha 21 de noviembre de 2019, emitido por la Comisión Nacional del Agua, para la edificación de la obra, la cual se pretende concluir a finales del mes de febrero, con sus respectivas líneas de conducción, abasteciendo del vital líquido a más de mil 200 familias de la zona, descartando el traslado del vital líquido hacia otras zonas.
“Nuestro compromiso con los chimalhuacanos está vigente, por eso, el pasado lunes 20 de enero, acudimos con más de 500 vecinos al Ministerio Público estatal a interponer cinco denuncias por las afectaciones, bloqueos y obstrucciones orquestados por un grupo minoritario, quien sin sustento ha intentado anteponer sus intereses personales por encima del bienestar de la comunidad”, concluyó.
