A los medios de comunicación
A las organizaciones democráticas
A las personalidades progresistas de México
A los organismos defensores de Derechos Humanos
En el marco de las caravanas “en busca de los 43” que los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones solidarias están realizando en diversas partes del país para seguir visibilizando la falta de avances en las investigaciones y presentación con vida de sus seres queridos, hoy se aprestaban a realizar una reunión informativa con estudiantes y organizaciones en Chiapas para seguir teniendo el respaldo en su justa lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Sin embargo, el gobierno de Chiapas fiel a su espíritu reprensor desplegó un operativo policiaco en las inmediaciones de la normal rural Mactumatza como si el derecho a reunión y asociación estuvieran prohibidos.
Los familiares de los 43 estudiantes salieron a explicar reiteradamente que solo harían reunión con organizaciones; sin embargo, acto seguido los policías iniciaron la agresión y represión arrojando gas lacrimógeno, uno de los uniformados disparó a escaso un metro de distancia con un escopetin contra el joven Juan Antonio quien cayó inmediatamente siendo auxiliado por sus compañeros y llevado al hospital Rojas de Tuxtla Gutiérrez, su vida está en riesgo pues tiene lesiones severas en el cráneo.
En el mismo hospital se encuentra herida doña Hilda Leguideño Vargas madre del joven Jorge Antonio Tizapa Leguideño desaparecido el 26 de septiembre de 2014.
Horas después de conocerse la agresión, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, pidió “una investigación exhaustiva sobre el desalojo de estudiantes de la Escuela Rural Normal Mactumatzá y a padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas urgió al gobierno de Chiapas la investigación y castigo a los responsables de dar la orden de reprimir a la caravana #Ayotzinapa”.
Ambos funcionarios saben bien que el actual gobierno de Chiapas se ha caracterizado por reprimir a todos los movimientos sociales organizados que se han atrevido a exigir solución a sus demandas; saben de ante mano quiénes han definido esa política de “contención social” en Chiapas y a nivel nacional; por un lado, la clase gobernante estatal encarnada hoy en el gobernador Rutilio Escandón y el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos, y por otro lado, la “Mesa de Seguridad Estatal” que animosamente respaldan esa política represora en Chiapas y en donde participan funcionarios federales, incluida la Guardia Nacional.
Si lo saben, para qué piden pomposamente “una investigación exhaustiva” a sabiendas de que la autorización del uso de la fuerza pública se da en el más alto nivel del gobierno. Como ha pasado en anteriores gobiernos, solo habrá chivos expiatorios, porque si de verdad actuaran con firmeza, mínimo el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos debería de ser destituido.
Más que pedir o urgir al gobierno de Chiapas, deberían de intervenir y “ejercer su autoridad moral” para que cese toda represion hacia el movimiento social en general y hacia los compañeros normalistas en particular y, a la vez, asuman la responsabilidad que les corresponde en este tipo de casos, pues no es la primera vez qué hay represion en Chiapas y han sido cómplices de eso.
Mientras el gobierno federal siga coberturando los desmanes y garantice impunidad al grupo gobernante en Chiapas solo por ser del mismo partido político, casos lamentables como la represión de hoy y sus consecuencias seguirán pasando en Chiapas y es muy posible que haya daños irreversibles.
Atentamente
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN)
Zapata vive, la lucha sigue!!
Libertad inmediata a los compañeros normalistas detenidos!!
Atención médica urgente y de calidad a la compañera Hilda y demás heridos!!!
