Homero Aguirre Enríquez
Mientras se dirigía a una reunión de trabajo en Tecomatlán, Puebla, Osvaldo Ávila Tizcareño, muy respetado y popular dirigente antorchista de Zacatecas, fue interceptado el 1 de marzo por dos hombres armados que, sin mayores averiguaciones, le dispararon al vehículo en que viajaba junto con algunos acompañantes, uno de los cuales conducía en ese momento. Una de las balas pasó trazando un surco en la nuca de Osvaldo, provocándole una lesión que no fue fatal sólo por unos milímetros de diferencia; el proyectil siguió su camino y rozó el pecho del compañero que conducía el vehículo, sin causarle tampoco heridas graves, pero también sin que quedara duda que la intención de los sicarios no era dejarlos vivos. De esto hay puntual denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Hasta aquí, pudiera suponerse que se trata de otro delito más, de los muchos que a diario ocurren y quedan impunes en ese estado gobernado por el autodenominado “experto en seguridad” Miguel Barbosa Huerta, pero la agresión se da en un contexto muy peculiar, cargado de agresiones verbales y amenazas del propio gobernador contra los antorchistas, que han osado buscar, junto con otros poblanos, el registro de un partido para que mediante él se expresen más de 300 mil integrantes de esa organización y otros cientos de miles de poblanos que están profundamente inconformes con el pésimo gobierno de Morena y Barbosa, como lo demuestran las encuestas de todo tipo, que los ubican en caída libre y algunas ya en el sótano de la popularidad y presagian una apabullante derrota en la próxima contienda.
En ese sentido, hemos informado de varios intentos de fabricar delitos contra dirigentes antorchistas, filtrar versiones gubernamentales muy mal disfrazadas de investigación periodística para “calentar” el ambiente público con acusaciones desaforadas y jamás probadas, intervención burda para convertir en una marioneta del gobernador al Instituto Estatal Electoral de Puebla y declarara inválido el proceso que el mismo instituto había avalado para obtener el registro. Morena y Barbosa, que presumen de ser progresistas pero lo ocultan muy bien, no quieren que se registre un partido que desde ahora ya representa a cientos de miles de poblanos; que los exhiba y les gane las elecciones. Ni siquiera toleran el roce de una crítica fundada en sus malos resultados como gobernantes.
Pero hace algunos días, los ataques encontraron una nueva ruta, perversa como sus diseñadores, en la que el atentado a Osvaldo pudiera encajar como uno de los desenlaces programados. Primero, un artículo titulado “Las minas y los cárteles” en donde se lanza una acusación malévola contra Antorcha y Tecomatlán, municipio que es cuna y emblema del antorchismo, un modelo de desarrollo comunitario, con uno de los índices más bajos de delincuencia de todo el país y el porcentaje de población estudiantil más alto en los municipios de México, afirmando que hay una disputa entre Antorcha y un cártel por el control de unas minas en ese municipio. Nadie, salvo nosotros, se tomó la molestia de aclararle al columnista que en Tecomatlán no hay minas y por lo tanto no hay nada que disputarse, además de que en ninguna parte tenemos ni hemos tenido problemas de esa naturaleza con cártel alguno. El objetivo era obvio, sembrar en la opinión pública la idea de que algo turbio se anida ahí y preparar una agresión, como fue denunciado puntualmente por nuestro dirigente nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán: “La perversidad de algunos políticos y de algunos periodistas a sueldo es mucho peor de lo que la opinión pública sana puede imaginar; pero nosotros, los antorchistas, ya no comulgamos con ruedas de molino que se pretenden hacer pasar por hostias. Que quede aquí constancia de que no hay, no ha habido jamás, ninguna relación de nuestro movimiento con algún cártel del narcotráfico. No tenemos ningún interés común con ellos y sus manejos no son un problema nuestro, sino del gobierno de la República. Cualquier asesinato o agresión armada que podamos sufrir será, entonces, necesariamente, consecuencia de nuestra actividad social y política, y sus autores, necesariamente también, serán quienes nos miran como un peligroso competidor por el poder político de la nación”. Como era de esperarse, el silencio total del periodista fue la respuesta.
El siguiente paso en el guión fue aprovechar la gran concentración masiva a la que convoca la Feria de Tecomatlán, la muy prestigiosa “Feria de la unidad entre los pueblos”, una de las más concurridas, exitosas y de alta calidad artística de todo el estado de Puebla, donde jamás ha ocurrido ningún delito de alto impacto, para literalmente inundar de llamadas telefónicas a los visitantes y trabajadores hospedados en los hoteles de Tecomatlán, para exigirles dinero a cambio de no hacerles daño. Los amenazantes mensajes telefónicos se suscribieron precisamente, con un énfasis intencional según las víctimas, con el mismo nombre del cártel mencionado en el mendaz artículo insertado como inicio de la agresiva operación. Poco después ocurrió el ataque armado contra nuestro compañero. ¿Es exagerado suponer que esas menciones calumniosas del columnista y las llamadas telefónicas a nombre del mismo cártel, buscaban ser el contexto fabricado para que el crimen de un antorchista fuera agregado simplemente a la enorme lista de víctimas resultado de la presunta operación de grupos de la delincuencia organizada? ¿Se saldaría un espantoso crimen político recurriendo a aquella repudiable declaración del gobernador, en Tehuacán, que a muchas personas inocentes indignó y estremeció?: “ustedes ven a una persona ejecutada con nueve balazos, no tengan duda que esa persona asesinada se andaba portando mal, ¿verdad? Aunque parezca una tragedia y lo es”, dijo Barbosa. La respuesta no la tenemos, pero no debe descartarse de ninguna manera la fabricación de una trama para justificar uno o varios crímenes.
Es muy frecuente que cada que ocurre algún delito y éste trasciende a los medios, el gobernador de Puebla sostenga que, en su carácter de “experto en seguridad”, cuenta ya con datos sobre quienes se dedican a delinquir en Puebla. No sé si eso sea cierto, los únicos datos con que cuento sobre el tema hablan de un incremento de los delitos en la entidad, pero aquí hay una muy buena oportunidad para que el gobierno poblano investigue y castigue a quien haya preparado y operado la agresión que aquí se narra. A mi juicio, una cuestión que es indispensable dilucidar es si los operadores de este delito tienen vasos comunicantes con Casa Aguayo, pues eso explicaría todo. ¿Los habrá? Y si los hay… ¿Los conocerá la opinión pública?
Homero Aguirre Enríquez. Vocero nacional del Movimiento Antorchista
