Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense avaló por unanimidad reconocer como víctimas del delito a las y los familiares de las mujeres violentadas y considerar como una modalidad de la violencia de género el coartar la libertad reproductiva femenina, propuesta presentada por la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
En sesión deliberante, Mariana Uribe presentó el dictamen el cual subraya la importancia de la parte ofendida, toda vez que se le debe garantizar protección institucional especializada; asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz de la justicia, e incorporarla en las acciones del gobierno estatal para la atención en situaciones de cualquier tipo o modalidad de violencia de género y para la reconstrucción del pleno goce de sus derechos.
Con esta reforma, como persona ofendida se considerará, en este orden, al o la cónyuge, la concubina o concubinario, el o la conviviente, las y los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva o de dependencia económica con la víctima.
También se estableció que son actos u omisiones constitutivos de violencia obstétrica, de manera enunciativa, pero no limitativa, las acciones del personal médico o de cualquier otra persona que vulnere los derechos de las mujeres para decidir libre y responsablemente el número de hijos, su espaciamiento y oportunidad, y se configura violencia obstétrica cuando se niegue a la mujer el acceso a tratamientos en caso de infertilidad o el uso de métodos anticonceptivos.
La legisladora agradeció a sus compañeros y compañeras de las comisiones unidas que dictaminaron la iniciativa y subrayó que actualmente la legislación define a las personas que intervienen en los casos de violencia como víctima y agresor, pero cuando se ejerce violencia contra la mujer nos solamente existen esos sujetos, ya que, si se trata de un feminicidio, explicó, la afectación no solo concierne a la occisa, sino a sus familiares o a sus dependientes económicos, quienes son los directamente afectados al quedar desamparados.
“Por ello, era urgente realizar las presentes reformas para garantizar la protección y la defensa de los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. No podemos cegarnos ante una realidad que aqueja diariamente a las mujeres”, expresó desde tribuna.
La propuesta de la legisladora, quien es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, modifica diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de seguir fortaleciendo el respeto y reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.
