Por: Juan Carlos Balderas
Indudablemente, la bandera de la lucha contra la corrupción es la que le ha resultado en más partidarios a Andrés Manuel López Obrador. La idea de combatir desde el poder todas las prácticas deshonestas en el manejo de recursos públicos, prendió en millones de ciudadanos que, hartos de trapacerías cometidas por gobernantes y funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos, decidieron confiar en el discurso del tabasqueño y en la promesa de reivindicar la honestidad y todos los valores que de ese concepto se derivan, concentrados en el lema “no robar, no mentir, no traicionar”.
Con base en esa premisa, de Morena en el poder se esperaba, entonces, un ejercicio público transparente, ajustado totalmente a reglas claras en el manejo del dinero público. Pero no ha sido así ni por asomo. Por el contrario, la administración lopezobradorista se ha caracterizado en dos años por la opacidad y los escándalos de corrupción en las esferas cercanas al mandatario: por un lado, 90% de las compras del Gobierno federal son realizadas por asignación directa; por el otro, renuncias y denuncias de algunos funcionarios y señalamientos a otros desde la investigación periodística.
La exoneración de Manuel Bartlett por el caso de sus 23 mansiones (que el mismo López Obrador había denunciado públicamente hace años en uno de sus libros); la inacción del gobierno en el caso de las propiedades de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y de su consorte, John Ackerman; de las empresas fantasma contratadas por Jesús Ramírez, hoy coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, para la impresión de un periódico; de Zoé Robledo, titular del IMSS y los contratos a favor de un consorcio propiedad de su hermano; de Pío López Obrador recibiendo bolsas de billetes entregadas de manos de David León, quien había sido Director de Protección Civil y había sido nombrado zar anticorrupción para la compra de medicinas del gobierno federal; la denuncia del extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado (Indep), Jaime Cárdenas García, acerca del saqueo de bienes de esa institución por parte de funcionarios, y otros casos, demuestran que, pese al discurso de cada mañana, la corrupción en la era de Morena sigue viva. A todas luces, la lucha contra la corrupción ha sido un fracaso del gobierno de López Obrador.
El gobierno sabe que ha fallado, pero sigue sosteniendo el discurso porque, reconocer el yerro sería aceptar la carencia de fundamentos en casi la totalidad de los planteamientos de la administración que basa su ejercicio de los tres poderes (sobre todo en el Ejecutivo), en la lucha contra la corrupción. Reconocer una equivocación de raíz evidenciaría, entre otras cosas, que la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF), cuyo titular es Santiago Nieto, no es más que un instrumento represivo contra los enemigos de López Obrador, una mera apariencia de soldado de la honradez y la rectitud cuando en realidad es un solapador de los saqueadores en turno, quienes se apropian por decreto hasta de lujosos automóviles requisados a la delincuencia. La existencia de la UIF no tendría justificación.
¿Cómo se explica que la 4T haya extraviado su principal bandera? Empecemos por ubicar el problema. La corrupción es un síntoma de la descomposición social, pero no es el mal fundamental, por tanto, atacar sólo al síntoma no aliviará la enfermedad que lo origina. Entonces, el enfoque de López Obrador y sus seguidores, acerca de que “la corrupción es la causa de todos los males del país” es erróneo. La corrupción es inherente al sistema social que promueve la acumulación como un principio de la ética del capitalismo, es una manera de obtener, vía del cohecho, un lugar en la sociedad que de esta manera nos aprecia: “Tanto tienes, tanto vales”.
El problema real, la enfermedad, siguiendo la analogía, es el reparto inequitativo de la riqueza social, que trae como consecuencia que unos pocos puedan acumular una gran cantidad de riqueza, mientras la inmensa mayoría sólo se reparte la pobreza en diferentes niveles hasta el grado de la pobreza extrema en la que se ubica a los que no tienen seguro el alimento, ni un lugar donde vivir, lo infrahumano. Es ahí donde se originan vicios sociales como la delincuencia organizada con todas sus variantes de operación, la prostitución, la corrupción y lo demás. Todos esos vicios tienen un denominador común: el afán de poseer, por la mala, más de lo que la realidad le permite a la mayoría obtener con trabajo honesto.
¿Cómo pensar en erradicar alguno de esos vicios si los sueldos miserables que percibe el obrero no le permiten vivir con decoro, ni siquiera en la “justa medianía” que promovía don Benito Juárez? ¿Cómo pensar en erradicar los caminos ilegales para obtener un lugar en la sociedad si a través de las vías permitidas no les alcanza a millones de seres humanos, ni para mal comer? Es impensable en la sociedad de hoy, que un estudiante pueda asegurar su futuro solo por los conocimientos que obtenga a través de su esfuerzo y la dedicación a los libros. Luchar contra la corrupción sin tomar en cuenta las causas, es una guerra estéril.
Lo que necesitamos es, precisamente, ir al fondo, una transformación auténtica para construir una sociedad en la que haya trabajo para todos y con sueldos que de verdad sean remuneratorios; que la riqueza social que producimos entre todos los mexicanos se distribuya más equitativamente para cerrar la brecha entre los pocos que más tienen y los millones de miserables que sobreviven en arrabales sin agua, electricidad ni drenaje. Necesitamos un gobierno que se enfoque en dignificar la vida de millones de seres humanos para poder pensar en ser un país en el que nadie tenga la necesidad de recurrir al soborno o al abuso de poder. Esa es la ruta que propone el Movimiento Antorchista
