En Defensa del Derecho
Maribel Rodríguez
Una de las políticas más enunciadas del presidente López Obrador, ha sido la supuesta austeridad republicana, en virtud de la cual ha instrumentado, desde el inicio de su gobierno, recortes y más recortes al gasto gubernamental en distintas áreas.
De acuerdo con su segundo informe de gobierno (y sus otros datos) el resultado de dicha política ha sido el ahorro en el gasto público de 1.3 billones de pesos; aunque hasta hoy no se haya tomado la molestia de aclararle a los mexicanos cómo, donde o en qué se está gastando ese dinero; que tales ahorros millonarios no se vean reflejados en más acciones de gobierno en favor de los mexicanos, y que no correspondan con las escasez que hemos visto de medicamentos, insumos médicos, entre otras cosas.
(Fotografía Milenio)
En los primeros días del año, so pretexto de esta famosa austeridad, el presidente afirmó que existen en la estructura gubernamental, una serie de órganos autónomos superfluos (según él) que deberían desaparecer, señalando en concreto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues dijo que gastan miles de millones de pesos, pudiendo hacer el trabajo que realizan, algunas secretarías de estado (que, dicho sea de paso, están subordinadas y obedecen al presidente).
Más allá de remarcar lo engañoso de este argumento para atacar y desaparecer a los órganos autónomos a propósito de su falsa austeridad republicana, advertimos que la razón de fondo de dicha propuesta presidencial, no es otra que la firme intención de seguir desmantelando los contrapesos existentes y lograr acumular todo el poder del estado en sus manos, aunque esto signifique un gran retroceso para la democracia y nuestro estado de derecho. Decimos esto porque, basta recordar que la creación de los órganos constitucionalmente autónomos como los antes enunciados, el INE, Banco de México, la CNDH, entre otros, tiene su explicación en la necesidad de sujetar los actos de aquel presidencialismo todopoderoso, que gozaba de amplios márgenes de maniobra y enorme discrecionalidad en su actuar (facultades no compatibles con el estado constitucional de derecho que se planteaba fortalecer) y sujetar dicho poder a la constitución, los límites y controles que en ella se establecen.
La aparición de los órganos autónomos trajo consigo la disminución de las facultades presidenciales, el surgimiento de procesos de fiscalización externos al propio poder ejecutivo y varios obligaciones impuestas al presidente para rendir cuentas a la nación, entre ellas, la obligación de entregar información pública solicitada por la ciudadanía sobre contratos, licitaciones, actos relevantes de gobierno, etc., que tiende a garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia en el gasto gubernamental, tarea que hoy garantiza el INAI.
Por ello, lo que hoy plantea el presidente López obrador, es una peligrosa regresión autoritaria, contraria a la Constitución y tendiente a consolidar una dictadura en el país (que no le conviene a nadie) y que, por muchos años y a través de distintos mecanismos, se ha tratado de evitar en México. Veamos este peligro y actuemos en consecuencia en los meses que vienen.
Con atentos saludos
Maribel Rodríguez
