Por: Aquiles Córdova Morán
No hay duda de que la elección de los nuevos diputados al Congreso de la Unión será el epicentro de la batalla electoral que se avecina. Por esta razón, considero útil que la gran masa de electores recuerde cuáles son las funciones básicas de un diputado; de ese modo se hallará capacitada para juzgar y calificar el trabajo de todos los que irán a pedirle por segunda vez su confianza y su voto, pero particularmente a los morenistas, que por ser la aplastante mayoría en el Congreso actual, son los responsables de lo que se hizo o dejó de hacer en el periodo que termina el 1º de septiembre.
Doy mi modesta opinión. La primera y más esencial tarea de los diputados es legislar, es decir, crear y aprobar leyes (o reformar las ya existentes) para beneficio del país, de sus instituciones y del Gobierno en general. También para garantizar, perfeccionar y ampliar los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Conoce usted, amigo lector, lectora, alguna ley nueva, o modificación de alguna anterior, de indudable beneficio para pueblo y Gobierno, aprobadas por los diputados de Morena? ¿De qué buenas leyes ha oído hablar o se ha enterado a través de los medios? Creo que tendrá usted que sudar mucho para dar un ejemplo creíble del buen desempeño legislativo de los morenistas. En cambio, le sobrarán ejemplos en sentido contrario.
La mayoría morenista en el Congreso aprobó la ampliación del catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, de poco más de 20 que había en el pasado a más de 200 en la actualidad. Esto representa un serio peligro para el ciudadano de a pie. La prisión preventiva, que en el papel puede parecer inocua, en los hechos significa la pérdida inmediata de la libertad de una persona “por orden del juez”. Su aplicación no depende de que el acusado sea encontrado culpable ni de la gravedad del delito que se le impute, sino del mayor o menor riesgo de que se fugue y se ponga fuera del alcance de la ley. Pero medir tal peligro se deja enteramente a la discrecionalidad, a la apreciación subjetiva del juez, lo que abre la puerta a la arbitrariedad, a la “mordida” y al espíritu de revancha, y deja a la víctima en estado de total indefensión. La misma mayoría morenista aprobó la “ley de extinción de dominio”, que faculta al Gobierno a confiscar los bienes de un acusado de enriquecimiento ilícito y a enajenarlos de inmediato, sin esperar a que la justicia dicte sentencia. En caso de ser declarado inocente, el gobierno solo está obligado a “indemnizarlo ” de acuerdo con un avalúo ejecutado por el mismo Gobierno. Esta ley vulnera el derecho de propiedad y viola la garantía constitucional que dice que ninguna persona podrá ser molestada en su domicilio, papeles, bienes o posesiones, sin una orden judicial debidamente fundada y motivada. Incentiva, además, las acusaciones falsas y las delaciones por venganza o por ambición, ya sea de particulares o de funcionarios que aducirán el interés público.
Un tercer ejemplo del estilo morenista de legislar es la ley que equipara la defraudación fiscal (delito que merma los ingresos del Gobierno y restringe su capacidad para satisfacer las necesidades de las mayorías) con la delincuencia organizada. Según los morenos, esta ley era necesaria para poder aplicar a la defraudación al fisco penas tan severas como al crimen organizado y así erradicarla definitivamente. Pero este argumento no resiste el más sencillo examen lógico: si el daño de la defraudación fiscal es equiparable al del crimen organizado, no se requiere ningún cambio de nombre para elevar el castigo a la misma altura; si no existe tal igualdad, tampoco se conseguirá con el puro cambio de denominación. Ya Marx puso en ridículo esta forma de legislar cuando un diputado a la Dieta de Colonia, que se quejaba del “robo” de leña por los campesinos pobres en los bosques de los señores feudales, argumentó: este delito se multiplica porque la ley no lo considera un “robo” y no lo castiga como tal. Propongo que se declare “robo” a la sustracción de leña de los bosques de propiedad privada y se le aplique la misma sanción. Marx se burló: esto equivale a sostener que las bofetadas prosperan porque la ley no las considera un asesinato. Propongo, pues, que la bofetada sea declarada asesinato y se la castigue como tal. Para Marx, este disparate lógico era una prueba de que las leyes no se hacen pensando en el derecho y en la justicia, sino en la defensa de los intereses de la clase social que los legisladores representan.
Hay más ejemplos, pero mi espacio se agota. Los morenistas también aprobaron la desaparición de los famosos fideicomisos, entre ellos el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (FONDEN), y ahí tenemos a los tabasqueños inundados como nunca y como nunca abandonados a su suerte por el Gobierno de la república. Y no nos engañemos con los “apoyos” de que se habla en los medios; son pura propaganda electoral como lo demuestra el hecho de que el reparto corra a cargo de los “servidores de la nación”, el ejército de activistas electorales de Morena, o la forma selectiva en que se entregan esos “apoyos”. El pueblo verdadero, el pueblo de a pie sin casa ni enseres ni animales domésticos ni cosechas, sigue esperando una ayuda que no llegará. Y baste con estos ejemplos.
La segunda tarea esencial del Congreso es la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir, la forma en que el Gobierno gastará el dinero que aportamos todos a través del pago de impuestos, principalmente. Tanto el PEF del 2020 que acaba de terminar, como el que regirá en este 2021, fueron aprobados por los diputados morenistas “sin modificarle una coma”, por órdenes del Presidente. Por tanto, son responsables de las fallas, vicios y despilfarros de esos documentos, como los que acabamos de ver y padecer en el año que terminó. Son culpables de que se haya suprimido el Seguro Popular sin que el famoso INSABI acabe de nacer; de que no haya vacunas para la infancia, fármacos para el cáncer infantil, para el VIH (Sida), para la diabetes y otras enfermedades crónicas. Son responsables de los recortes al presupuesto de estados y municipios, dejándolos incapacitados para atender las necesidades de la población; de la desaparición del ramo 23, que deja sin obras y sin programas de desarrollo a municipios y zonas marginados en todo el país. Y por encima de todo, son culpables de que en el PEF 2021 no haya ni un céntimo para las vacunas anti Covid-19.
Y ahora nos salen con el cuento de que hay que desaparecer los organismos independientes, como el INAI y el IFETEL, porque consumen millones de pesos que hacen falta en el sector salud y para adquirir las vacunas a las que negaron dinero en el PEF. Ese argumento ya lo usaron para justificar la desaparición de los fideicomisos, entre ellos el FONDEN de que acabamos de hablar; pero resulta que, según los medios, ni un solo peso de ese dinero ha llegado al sector salud. Cito: “De acuerdo con los datos que mes con mes envía la Secretaría de Hacienda al Congreso, de enero a noviembre de 2020 la Secretaría de Salud gastó 12 mil millones de pesos menos de lo programado” (Pablo Hiriart, El Financiero, 18 de enero. Las negritas son de ACM). Y no solo la SSA incurrió en subejercicio; también el IMSS, que gastó 9,500 millones de pesos menos, y el ISSSTE, que gastó 13,000 millones menos de lo programado. En total, los tres organismos encargados de la salud de la población dejaron de invertir 34 mil 500 millones de pesos en el año que termina. ¿Dónde está, entonces, el dinero de los fideicomisos? ¿A dónde se irá el “ahorro” de suprimir los organismos autónomos?
El resultado de esta política de subejercicios y mentiras es que la pandemia se halla totalmente fuera de control. “Por primera ocasión desde que comenzaron los contagios, por cinco días consecutivos ya hubo un registro de más de mil fallecimientos y los datos de contagio alcanzan los niveles más altos de los que se tenga registro…” escribió Enrique Quintana el 10 de enero. En su nota del 15 de enero, Peniley Ramírez, de El Universal dice: “Las escenas que describen los profesionales de la salud y ocurren en estos días mientras usted lee esta columna son la bitácora del horror… hay pacientes que mueren en una silla de espera en urgencias, esperando a ser valorados. Otros alcanzan a llegar al hospital solamente a que les den morfina para apaciguar el dolor, la contracción en el pecho, la desesperación de jalar aire cada vez menos, antes de morir ahogados…” Finalmente, el portal EME/EQUIS cabeceó el 13 de enero: “¡NO HAY LUGAR! FUNERARIAS, CREMATORIOS Y CEMENTERIOS A TOPE” México vive la peor tragedia de los tiempos modernos.
Y en medio de tan dura y dolorosa situación, al presidente López Obrador se le ocurre salir con la frasecita hueca de “prohibido prohibir” para justificar su negativa a ordenar el confinamiento forzoso. Eso atenta contra la libertad individual, dice, y “mi gobierno” no es autoritario (en México, en efecto, hay plena libertad para morirse en la calle o en la propia casa, a gusto del cliente). Pero la cruda verdad es que no lo hace porque lo obligaría a garantizar el alimento y un ingreso mínimo para gastos inaplazables a las familias enclaustradas. Tampoco quiere dañar más la actividad económica, ya muy lastimada por las medidas erróneas y arbitrarias que ha tomado en el pasado reciente.
No hay dinero para las vacunas ni para mitigar los estragos de la peste y los diputados morenistas lo sabían desde antes de aprobar el PEF 2021. Aun así, lo aprobaron sin cambios para quedar bien con el Presidente. Se olvidaron, y siguen olvidando hoy, que son servidores del pueblo que los eligió, no del jefe del Ejecutivo. Y esos mismos son los que, en los días que vienen, te irán a visitar a tu colonia, a tu pueblo, a tu domicilio para ofrecerte otra vez las perlas de la Virgen y para pedir tu confianza y tu voto. ¿Volverás a confiar en su palabra? ¿Volverás a darles tu voto? Recuerda bien, futuro elector, futura electora, que en tus manos está el remedio a la tragedia de México o el dejarlo que se siga hundiendo hasta desintegrarse y desaparecer como nación. No lo olvides cuando estés frente a las urnas.
