Blas A. Buendía
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, refrendó el compromiso de ambas instancias contra la trata de personas, y urgió a que el Estado esté siempre un paso adelante de las corporaciones criminales, mediante la mejora de instrumentos, la refinación de medios de estudio y el diseño de medidas de prevención y combate a ese ilícito.
Durante el acto virtual Retos y avances en la persecución del delito de trata de personas y en atención a las víctimas de este delito, enfatizó que esto debe de ser así porque se enfrenta a actores no estatales y a agencias criminales trasnacionales con recursos suficientes para disputar la vanguardia tecnológica y logística a los Estados.
El magistrado aseguró que el compromiso que se asume contra la trata de personas desde los poderes judiciales implica, asimismo, emitir sentencias con perspectiva de género que se integren con recursos periciales y humanos de vanguardia técnica.
Por lo que respecta al PJCDMX, informó que, en 2020, a pesar de la suspensión de labores por la pandemia, los impartidores de justicia dictaron siete sentencias condenatorias contra ese ilícito, equivalentes a más de 90 años de cárcel, y que representaron 800 mil pesos en sanciones pecuniarias en contra de los tratantes.
Guerra Álvarez dijo que, si bien es cierto que México ha tenido liderazgo en materia de combate a la trata de personas, se debe de reconocer falta de sensibilidad, de acompañamiento y de reparación del daño que a menudo sufren las víctimas.
“Por eso nuestro compromiso contra la trata comienza a ser una institución sin techo de cristal, garante de la igualdad sustantiva y de una vida libre de violencia”, aseguró.
Con la presencia de Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, y de titulares de poderes judiciales de los estados, el magistrado planteó que combatir ese delito debe de ser un esfuerzo solidario, con estrategias desde el ámbito jurídico, diplomático y económico a escala mundial.
Recordó que México forma parte de los países firmantes de la Convención de Palermo, 150 en total, y que integra a aquellos que penalizan la trata de personas en términos del marco internacional, apenas el 72 por ciento de ese grupo de naciones.
“Desafortunadamente el ritmo de progreso no es unitario, la evolución implica resistencia y el horizonte de la crueldad de la especia humana en contra de sí misma no tiene fin”, consideró.
Destacó que al interior de los poderes judiciales locales se trabaja para sensibilizar a la judicatura y a la sociedad sobre la importancia de dar acompañamiento y voz a las víctimas, así como estudiar sus entornos, generar conciencia y hacer comprender que una sociedad no denunciante también es cómplice.
A nombre de toda la comunidad que integra al PJCDMX y a la Conatrib, el magistrado Guerra Álvarez agradeció a la Comisión Unidos contra la Trata generar espacios para discutir en torno al combate a ese ilícito.
