Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de abc Radio que conduce Manuel Aparicio.
Entra en vigor el padrón de telefonía Móvil, pero qué es este Padrón, se trata de un sistema que obliga a los usuarios de telefonía celular, a entregar su información personal a las compañías que les prestan este servicio, pero además, se incluyen los datos biométricos de cada persona como huellas dactilares, de reconocimiento facial, e iris.
Así, los consumidores del servicio telefónico celular, entregarán sus datos a la empresa que les presta el servicio y luego las empresas ingresarán esa información al Instituto Nacional de Telecomunicaciones que ahora tiene la responsabilidad de integrar el Nuevo Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil.
124 millones de usuarios de celulares que existen en el país tendrán que entregar su información personal o les será bloqueado su celular, esta legislación fue aprobada por el Congreso de la Unión el primero de diciembre de 2020 por los diputados y luego, en abril de 2021, por los senadores.
(Fotografía Infobae)
Dentro de los datos que se deberán aportar será el número telefónico, fecha y hora de activación, el nombre completo de la persona o razón social, la clave Única del Registro de Población o sea el CURP, además se deberá indicar la modalidad en que fue contratada la línea, ya sea pospago o prepago, identificación facial, comprobante de domicilio y datos biométricos como es el registro del iris.
George Orwell se quedó pequeño en su obra 1984, ante esta aprobación de diputados y senadores que deberían proteger a sus representados o sea a todos los mexicanos; al respecto Raymundo Riva Palacio en el periódico El Financiero afirma que:
“La ley crea ese padrón como una base de datos que, presuntamente, tiene como objeto el contribuir exclusivamente con la procuración de justicia y seguridad, pero en la práctica es totalmente opuesto. La ley carece de mecanismos de seguridad y, peor aún, no existe control judicial sobre las autoridades de seguridad y de procuración de justicia. Es decir, entre omisiones y ambigüedades, el gobierno tiene la posibilidad de extraer toda la información individual y privada –una especie de espionaje autorizado por ley– para hacer lo que desee con esos datos, con lo que vulnera el principio de seguridad jurídica que anima al artículo 16 constitucional, que protege los datos personales.
La ignorancia, o la perversidad –no regateamos a nadie esa posibilidad–, sí tiene consecuencias para la vida privada de una sociedad. Las violaciones constitucionales apuntan en ese sentido, y la discrecionalidad con la cual las autoridades pueden acceder a la información hará del monstruo orwelliano del
(Imagen Kaspersky)
Estado autoritario, una reliquia. La información biométrica, si efectivamente busca una innovación y mejorar la seguridad de los individuos, requiere lo que han hecho otros países en sus legislaciones a fin de evitar que termine siendo lo contrario a lo buscado.
Un principio es que, pese a todas las medidas de seguridad que se puedan tomar, existe la posibilidad de que un hacker las viole, y la información habrá perdido para siempre su confidencialidad y la persona quedará vulnerable de por vida. Si en lugar de hacker es un gobierno, o un partido, o unas personas con poder, esa ruptura en la seguridad se magnifica, al entregarles la tecnología los atributos de comportamiento y físicos de las personas, su patrón de voz, sus huellas digitales, sus palmas, los patrones de sus venas, la estructura de la retina y el iris.
¿Se trata de vigilar a cada quien por parte del gobierno?
Es pregunta.
