Capitán Antonio Rodríguez Fritz
Mucho se ha comentado sobre la nueva ley que exige a todos los Ciudadanos a entregar sus datos biométricos para identificación personal.
Se dice por ejemplo que sólo 17 países en el mundo piden esos datos, y entre ellos no hay ningún país que tenga madurez institucional y democrática, ni que sea altamente desarrollado.
También se dice que es otra política del gobierno del Presidente Calderón que estaría siendo copiada, en su momento se le llamó RENAUT y tuvo una corta vida, porque nunca logró reducir los índices delictivos, o mas bien, parecería que promovió incluso un mayor robo de celulares.
Pues bien, ambas cuestiones son ciertas, sin embargo, los medios de comunicación se olvidan que el año pasado, el gobierno, por medio de la Secretaría de Gobernación, le solicitó al INE la base de datos biométricos de los electores, y el INE se negó aduciendo que se ha recibido el mismo pedido por anteriores gobiernos y que se negaban para evitar que sea usada con fines, digamos, electoreros. Es decir se temía que el uso de la base de datos de los electores se pudiese usar para identificar y focalizar las campañas electorales a fin de promover o forzar el voto por determinado candidato.
(Fotografía La Jornada)
En su momento el INE logró demostrar que tenía razón, al menos jurídicamente, y que estaba obligado por ley a proteger la confidencialidad de los datos biométricos de los electores.
Es decir que, si analizamos la situación, se puede deducir que la nueva ley aprobada por el gobierno tiene como objetivo crear una nueva base de datos biométricos de los que poseen celulares, obviamente la vasta mayoría somos mayores de edad y por lo tanto electores.
El responsable de ese padrón, que costará varios millones de pesos de nuestros impuestos, será el IFT, que el año pasado primero estuvo bajo la amenaza de disolución y que finalmente fue modificado, posiblemente para garantizar el remplazo de sus directivos.
Así que el padrón biométrico será finalmente la base de datos biométrica que el año pasado se le negó al gobierno por los riesgos electoreros, y cuando cambie el gobierno los datos los tendrá quien venga, además de las empresas privadas. A mi en lo personal se me hace irresponsable.
Hay modelos de amparos en las redes sociales para que cada ciudadano lo presente, lo que es una buena idea.
Mientras tanto es de esperarse un incremento en el robo de celulares en todo el país, indirectamente gracias a esta ley, si le llega a pasar ya sabe porque y quienes son responsables.
Estimado Manuel y gentil auditorio, que tengan un excelente día
