En Newsweek leemos: “El que tiene el poder manda. El que manda predomina. El que predomina impone sus normas a la sociedad. Bajo esta dinámica, la clase política mexicana ha mantenido su amañado liderazgo gracias a la utilización de un binomio funesto: la corrupción y la impunidad. Siendo participes de un debilitamiento de las normas sociales y cómplices de la quiebra de la ley, el gobierno mexicano —en la mayoría de las ocasiones— ha añadido a sus tareas principales, la adopción de estrategias transgresoras de Estado que siguen preservando hasta hoy los intereses de unos cuantos mandos.
Con ello, la verdadera función de la República como aquella entidad funcional donde el gobierno solo existe por y para la población, ha desaparecido. En lo que respecta a México como nación, combatir la impunidad a través de la exigencia ciudadana sigue siendo una labor
difícil que aún no ha adquirido un cauce natural ajeno a la postura y el principal propósito de los políticos: la legalidad”.
El político René Arce ha escrito: “Cuando una sociedad enfrenta un problema —sea de cualquier índole— sólo existen dos vías: o se resuelve, o se deja avanzar. Si no se efectúan soluciones a tiempo el problema se agudiza, a tal grado que se empieza a ver cómo algo cotidiano se vuelve parte de nuestro entorno y ello provoca que nos resignemos a vivir con él, porque creemos que ya no hay solución,
que ya nada lo puede erradicar; el problema se vuelve parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia; y ante el desánimo por el cambio, poco se puede lograr.
La corrupción y la impunidad son un problema fuerte en México, con el que parece que ya estamos acostumbrados a vivir, a pesar de ser de los principales frenos para la inversión y el desarrollo en el país. Empecemos por ver la gravedad de la corrupción. La corrupción inhibe el progreso económico y social, pero también dificulta el fortalecimiento de las instituciones e impide la mejora en la gestión pública. Afecta el desarrollo interno, pero también perturba la política exterior, por la mala imagen que damos como país”.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, de Transparencia Internacional, México bajó nueve lugares. En el 2009 ocupaba el lugar número 89 de la lista y tenía una calificación entre 3.2 y 3.5, sobre 10; para 2010 se situó en la posición 98, junto con Egipto, con una calificación global de 3.1, y por debajo de países como Brasil, Ghana, Cuba, El Salvador, Jamaica y Guatemala.
La posición de nuestro país en este estudio nos habla de un grave retroceso en la materia. A ello aunamos que México ha sido superado, por mucho, por sus contrapartes en América Latina. El país mejor situado en el Índice fue Chile, que ocupó el lugar 21; seguido de Uruguay, en el sitio 24; Puerto Rico alcanzó el 33; y Costa Rica el 41.
Juan E. Pardinas publicó: “La corrupción indudablemente es producto de la impunidad y en México ha pasado a formar parte de la cultura que se vive día con día La corrupción se manifiesta en Alabama y en Beijing. Los escándalos van del gabinete presidencial en Brasilia a la familia real en Madrid. Sin embargo, la diferencia con México es que allá el “problema cultural” sí tiene consecuencias
institucionales. Mientras aquí la impunidad sea la regla, en lugar de la excepción, México no podrá romper con la tradición que más enferma nuestra vida pública.
En México los casos de corrupción están a la vista, recientemente la exoneración de Napoleón Gómez Urrutia, responsabilizado por la disidencia del Sindicato Minero de desviar recursos del fideicomiso Minero F/9645-42 por un monto de 55 millones de dólares, las
autoridades mexicanas han acumulado una serie de reveses judiciales que llevaron incluso a perder una decena de órdenes de arresto solicitadas.
En el 2013, el caso pareció complicársele a la defensa del líder minero, ya que a pesar de que Interpol desactivó la ficha roja que se había girado en su contra por considerar que no existía sustento, el magistrado Luis Núñez Sandoval del Primer Tribunal Unitario consideró que era procedente mantener una última orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR). El 24 de mayo del año pasado, el abogado del líder minero había solicitado una revisión de la sentencia del referido magistrado, por lo que el expediente pasó a manos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual está conformado por tres magistrados y es considerado la última instancia judicial para este tipo de procedimientos.
De acuerdo con el abogado del líder minero, la última orden de aprehensión que ilegalmente se había dictado en su contra quedó
declarada inconstitucional y se ordenó su cancelación Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, quedó exonerado
del delito bancario por el presunto desvío de un fideicomiso de 55 millones de dólares, informó su abogado Marco Antonio del Toro.
Luego de ocho años de procesos judiciales en su contra, Gómez Urrutia está libre de acusaciones y a la brevedad podría regresar a México para ratificarse al frente del Sindicato Minero… Solamente un comentario: Las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto tienen un gran pendiente con el pueblo de México ¿Qué se va a hacer contra la impunidad y la corrupción.
