Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio expresión México que conduce Manuel Aparicio.
8 de octubre de4 2021.
Se puede estar de acuerdo o no con la controvertida Reforma Eléctrica, quizá se apruebe o no también, pero si dejará claro que este tipo de operaciones sirven para cobrar facturas a adversarios políticos.
Los partidos políticos de la llamada Alianza por México, sin incluir al partido Revolucionario Institucional, han manifestado su rechazo a apoyar dicha Reforma, Alejandro Moreno Cárdenas, llamado también “Alito”, presidente nacional del PRI, han dicho que van a estudiar la Reforma y que harán una consulta con especialistas, lo que claramente indica, que no le han dicho no a la Reforma, aunque tampoco han dado el sí.
¿Será verdad que “Alito”, Alejandro Moreno Cárdenas, se identifica con la práctica de la democracia interna de su partido, para tomar una decisión tan importante como apoyar la Reforma Eléctrica?
En lo personal no lo creo.
No debemos olvidar que el ahora presidente nacional del PRI, fue acusado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la contratación de empresas fantasma, cuando fue gobernador de Campeche, para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos.
La denuncia que se hizo ante el SAT explica que el presidente del PRI y otros funcionarios, contrataron a empresas como Comercializadora de Prisma, Comercializadora Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba, Corporativo Eximio. Así como a Distribuidora y Comercializadora Frisia, Everomex Solutions, Inveryuc, Maquila Textil del Sur, Prosercam Comercializadora, Seneste Servicios, Servicios Profesionales Jeura, Servicios Especiales la Comercial, Riviera Support, entre otras más, los cuales se encuentran incluidas en la lista negra contemplada en el artículo 69-B del Código Fiscal Federal.
Resulta evidente que Alejandro Moreno Cárdenas, llevó junto con otros funcionarios, operaciones para la adquisición, arrendamiento, servicios y obra pública por 59 millones de pesos, con empresas fantasmas y señaladas en la lista negra del SAT.
Ello generó un beneficio económico a los mismos, en perjuicio de los habitantes del Estado de Campeche y del fisco federal, por la presunta adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
También generó el miedo y el terror a Alejandro Moreno Cárdenas y quizá a otros priistas distinguidos con una posición de elección popular.
Lo anterior me recuerda la forma en que trabajaba el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; llamaba al funcionario en cuestión, le mostraba un grueso expediente que había sido elaborado para meterlo a la cárcel; aquél funcionario, salía de la Secretaría de Gobernación convencido de lo que debería hacer.
Cosas de la política que no cambian… sólo se transforman.
