BALÓN CUADRADO
Jesús Yáñez Orozco
Ciudad de México.– A los 44 años de edad, Ana Gabriela Guevara sigue imponiendo ‘récords olímpicos’ fuera de las pistas.
El enriquecimiento ilícito de funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y se investiga la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otras personas por más de 77 millones de pesos, publica hoy el diario La Jornada –órgano oficioso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador—en su nota principal de deportes.
Además de que se están auditando contratos de prestadores de servicios irregulares, informó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.
“Estamos muy atentos a lo que sucede en ese organismo y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro órgano interno de control de la Conade. Tenemos una denuncia penal en la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la dependencia por enriquecimiento ilícito”, dijo a diputados en su comparecencia ante las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Ana Guevara, medalla de plata en Atenas 2004, según versiones periodísticas, es “consentida” del presidente López Obrador, por lo que difícilmente dejaría el cargo.
“Los casos de corrupción y de ejercicio indebido del servicio público en la Conade, en el actual sexenio, están encima de mi escritorio. Es una de las prioridades que tengo. Estoy muy atento, la vigilamos con lupa”, detalló el funcionario.
Ante preguntas de legisladores de PAN y PRD –de la oposición– por los abusos en la dependencia, bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, Salcedo Aquino precisó que además de las denuncias ante la fiscalía, también hay otras en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el órgano interno de control en el organismo deportivo.
Precisó que, si bien existen abiertas carpetas por distintos delitos, no podía abundar en la información a los diputados, por el sigilo procesal que debe guardarse, “pero estamos actuando”.
También se aplicaron 14 sanciones por faltas no graves, entre las que destacan la destitución e inhabilitación de seis meses del subdirector de Calidad para el Deporte, el subdirector de Alto Rendimiento y suspensión a la jefa del departamento de Inversión.
Informó que hay otras investigaciones por 9.5 millones en recursos asignados sin las comprobaciones correspondientes, así como en estudio 71 contratos de prestadores de servicios sobre los que hay dudas, y se abrieron auditorías a cada uno.
La diputada panista Sonia Murillo, dijo que en 2019 se destinaron 72 millones “para contratar de manera irregular a amigos” y se otorgaron 306 contratos que requerían perfiles específicos para atender a los deportistas de alto rendimiento.
Salcedo Aquino explicó que, de ese monto, se hicieron observaciones por más de 50 millones de pesos que fueron aplicados de manera irregular y se abrió una investigación a entrenadores y federaciones por ejercicio indebido del servicio público.
Planteó que se aprueben reglas de operación más robustas y supervisión más firme, para que los recursos a los atletas de alto rendimiento les lleguen y les sirvan, como beneficiarios finales.
El pasado 15 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló las cuentas bancarias de la Conade por irregularidades en una auditoría fiscal realizada al ejercicio 2018, cuando el titular era Alfredo Castillo, y que a principios de este 2021 fue inhabilitado 10 años como servidor público.
Si bien no se detectaron errores en la actual administración, la medida se tomó por la omisión de la Conade al no atender los requerimientos de información y documentos efectuados por el SAT en abril y mayo de 2021.
Tras congelar las cuentas, el organismo tributario generó un crédito fiscal superior a los 93 millones de pesos, al tiempo que la Conade informó que promovería un juicio de amparo, pero la multa que se generará deberá ser cubierta con recursos de los funcionarios públicos que incumplieron sus obligaciones, según las disposiciones federales.
(Con información del diario La Jornada)
