Por Beatriz Astudillo
Ciudad de México.- Obtener justicia en México es el viacrucis más lastimoso para las familias que buscan hacer valer la Ley después de que sus familiares padecieron o incluso fallecieron a causa de un acto negligente del Estado, denuncia Bernardo Reyes, abogado fiscalista, en entrevista para este medio. Ocurre, en particular, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Debido a este tipo de situaciones, y por su gravedad, el gobierno incorporó al sistema jurídico mexicano la responsabilidad objetiva y directa como mecanismo para indemnizar a los particulares por los daños causados por dicha actividad administrativa irregular.
Con la reforma al artículo 113 Constitucional de 2002 y la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, se implementó dicho mecanismo a través de la figura de la reclamación.
No obstante, a pesar del largo tiempo desde su publicación, año con año incrementan las demandas contra IMSS y otros organismos públicos de salud, lo que resulta preocupante, por las cifras oficiales.
De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, del 2012 al 2019, los montos por indemnizaciones reclamadas por este tipo de casos, aumentó de 8.9 millones de pesos a 185.9 millones, esto es, 177 millones, en tan sólo 7 años, tal como se aprecia en la gráfica siguiente:
Lo cual pone de manifiesto el descuido del Instituto, porque hasta la fecha dichos montos crecen sin que el IMSS implemente las medidas que prevengan y por otro lado garanticen el derecho a un servicio de salud de calidad a las familias afiliadas, siguiendo con prácticas que vulneran las garantías de las mismas.
Esto no es nuevo, la lista de las negligencias, los actos o las omisiones que causaron los fallecimientos o que afectaron la salud de afiliados, merecieron que la CNDH emitiera 21 recomendaciones sólo en el año 2018.
El caso más escandaloso de negligencia médica en el seguro social, es el del menor de edad que fue contagiado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) cuando estuvo internado en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México.
El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estuvo en litigio por ocho años.
En su fallo, los Ministros de la Segunda Sala, determinaron que la dependencia de salud, tendría que pagar aproximadamente 21 millones de pesos de indemnización.
Actualmente el instituto dirigido por Zoe Robledo, desacata el cumplimiento de sentencias firmes que lo obligan a indemnizar a las familias de fallecidos, porque argumentan que las familias, le “ocasionan daño patrimonial” al IMSS.
Estás irregularidades suceden, no obstante que, en tribunales, las familias han sustanciado y desahogado las pruebas en todas las instancias administrativas y procesales, explica el abogado Bernardo Reyes, especialista en el tema.
Y continúa:
“Así, las autoridades de dicho Instituto promueven ‘chicanas’ procesales con el fin de alentar el retraso o incluso el no pago de las indemnizaciones por daños a las familias”.
“Estas violaciones del IMSS suceden pese a que el daño fue reconocido por las instancias judiciales correspondientes y éstas otorgan el derecho de reclamar justicia, toda vez que se comprobó plenamente el acto administrativo irregular de negligencia médica”, finaliza Reyes.
El actual gobierno parece desatender la garantía de justicia pronta y expedita, haciendo uso de trampas y obstáculos procesales, lo cual vulnera el Estado de Derecho y el derecho humano a una buena administración, y por otra parte denota la corrupción que impera en dicha Institución de seguridad social pública.
Mientras esto sucede, las familias mexicanas que sufren el dolor de perder familiares por la negligencia del IMSS, también tienen que batallar en tribunales para hacer valer la sentencia del Poder Judicial, sin que alguna otra autoridad les defienda ante las arbitrariedades del IMSS.
