Gobierno morenista gasta mucho en política clientelar y obras de relumbrón; pospone reforma fiscal para no tocar a los grandes capitales.
Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos 2022 del presidente López Obrador y Morena no propone ninguna mejoría en el reparto del gasto comparado pues no habrá una reforma fiscal para los grandes capitales y sí más impuestos para los sectores menos favorecidos, sostuvo el dirigente nacional del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán. Ello agudizará, dijo, la crisis en la economía, el empleo y los salarios seguirán cayendo; no habrá mejoras sustanciales en la educación, la salud, la vivienda, el transporte público, los servicios y la urbanización de los asentamientos humanos pobres y marginados, urbanos y rurales.
En su video mensaje, el líder social explicó que la importancia del PEF radica en que el gobierno federal detalla la forma en que gastará el dinero que, se supone, recaudará el año siguiente que se calcula en 7 billones 88 mil millones de pesos, una cantidad que no alcanza para satisfacer a un nivel aceptable todas las necesidades del país, requiere jerarquización y que no obedezca a criterios político-electorales como sucede hoy, denunció, ya que ni aun gastando racionalmente es suficiente.
Dijo que la diferencia más destacable entre el PEF de 2021 y el que se discute para 2022 radica en que este último incrementa las participaciones de los estados en un 4.7 por ciento, y las destinadas a financiar las ayudas en dinero a la población vulnerable y los proyectos emblemáticos del presidente (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería en Dos Bocas y Tren Maya) en un 24 por ciento, o sea, cinco veces más que a los 32 estados, en detrimento de otros renglones como salud y educación, cuyos aumentos serán menores al 4.7 por ciento asignado a los estados.
Indicó que se debe esperar a valorar el monto asignado a las obras insignia de la 4T por su poca rentabilidad económica y social, pero donde ya no hay duda del despilfarro es en la política social ante las fallas en los programas de ayuda directa a las clases marginadas, porque carecen de un enfoque preciso respecto al estrato social al que van dirigidos, por lo que su reparto queda al arbitrio de quienes los manejan o porque se sabe que mucha gente pobre no recibe esa pensión y, en cambio, sí la recibe gente perteneciente a los estratos de altos ingresos, entre otras irregularidades que hacen creíble las denuncias de diputados de oposición y académicos serios.
Aclaró que el Movimiento Antorchista nunca ha dejado de reconocer la necesidad de los programas sociales para los sectores empobrecidos, sin embargo, el desacuerdo, radica en la forma políticamente tendenciosa del padrón de los beneficiarios -mediante los “servidores de la nación”-, y en el manejo discrecional de los programas. Enfatizó que el PEF 2022 no acabará con la desigualdad y la pobreza de México, pues se tendría que invertir en infraestructura, vivienda y servicios que impulsen el crecimiento económico, “pero el proyecto político de la 4ªT está incapacitado para hacerlo porque gasta demasiado en su política clientelar y en sus obras de relumbrón, con lo que nos lleva a todos a la ruina, incluidos los pensionados” sostuvo.
En ese sentido, el líder social condenó la supresión del ramo 23 en el PEF, fondo en donde se registraba el dinero destinado a obras y servicios como drenaje, agua potable, electricidad, ya que la 4T estaba obligada a corregir el procedimiento para evitar actos de corrupción, pero exponentes como Ignacio Mier tomaron los “moches” como un “burdo pretexto para negar a las clases populares su derecho al bienestar y al desarrollo integral de sus comunidades y de ese modo ahorrar dinero para los programas electoreros y las obras de relumbrón de la 4ªT.”
Reconoció la urgencia de una reforma fiscal pues quitando los recursos destinados a pensiones, las prestaciones, los gastos de las Fuerzas Armadas, se confirma lo expuesto por expertos e instituciones nacionales e internacionales que saben de finanzas públicas, de la urgencia de una verdadera reforma fiscal que incremente sustancialmente la recaudación, medida pospuesta por el presidente López Obrador tras el resultado de las elecciones y que llevó a su gobierno federal a fortalecer al SAT y buscar gravar con impuestos a la informalidad, sin embargo, Córdova Morán, dijo, se trata de “medidas que están pensadas para justificar la ausencia de una reforma fiscal progresiva que eleve las tasas impositivas a las grandes utilidades de los hombres más ricos y realmente mejore la recaudación del Gobierno”.
Afirmó que resulta sospechoso el silencio casi absoluto que se guarda respecto a medidas que buscan “incrementar la base gravable” como dicen los especialistas, es decir, aumentar, en vez de las tasas impositivas a los ricos, el número de contribuyentes, lo que puede interpretarse, dijo Córdova Morán, como la intención de aplicar impuestos a las grandes masas populares todavía exentas de ese pago, puesto que la ínfima minoría de los privilegiados no permite hablar de un aumento serio del número de contribuyentes, tal como quedó en la “miscelánea fiscal, el cual incluye en la “base gravable” a toda la micro-informalidad.
De esta forma, a partir de 2022, micro negocios como taquerías, estanquillos, talleres mecánicos, peluquerías, salones de belleza, cocinas económicas y similares al tiempo que se obliga obtener su registro federal de contribuyentes (RFC) a todos los jóvenes con más de 18 años, tengan o no ingresos propios, medidas que, dijo Córdova Morán, buscan aumentar la recaudación cobrando impuestos a la gente de a pie sin importar la suma, el origen y el destino del mismo, como se observa “nada a favor del pueblo, pero sí nuevos y sofisticados mecanismos para sacarle hasta la última gota del poco jugo vital que le queda para sobrevivir” de ahí que llamara al pueblo mexicano a despertar, organizarse y ponerse en pie de lucha en defensa de sus derechos elementales, finalizó.
