Como no le va a tener resentimiento a una autoridad llena de corrupción y más cuando aun a sabiendas de que viola los derechos humanos y garantías individuales, lo hace y seguirá haciendo, contra las víctima u ofendidos del delito, cuestionan la buena fe, la honestidad y la vasta cultura, sobre todo a uno de los personajes más importantes del arte en México en materia de las bellas artes visuales, doctor en derecho y periodista: Juan Carlos Martínez Nava.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuestiona sobre pruebas fehacientes que acreditan el fondo de denuncia que es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos; mientras en la litis de mayor jerarquía en ningún momento dudó durante el procedimiento y más cuando se presentaron los elementos probatorios.
De investigar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy Ramos, que se denota la arbitrariedad y falta de conocimientos jurídicos en materia de derechos humanos, la Ley de Víctimas y Tratados Internacionales: I.- Asilo; II.- Derecho internacional humanitario; III.- Desaparición Forzada; IV.- Personas con discapacidad; V.- Discriminación racial; VI.- Educación y cultura; VII.- Erradicación de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso; VIII.- Menores de 18 años de edad niños niñas y adolescentes; IX.- Migración y nacionalidad; X.- Minorías y pueblos indígenas, mujeres; XI.- Penal internacional; X.- Propiedad intelectual; XI.- Salud; XII.- Tortura; XIII.- Trabajo, además esa falta de sensibilidad se aprecia carencia de sensibilidad por el trato que reciben las víctimas, en muchas ocasiones despectivos por la falta de conocimientos jurídicos.
De no encontrar absolutamente nada en las indagatorias contra de la moral pública, de los principios éticos, cultura y morales, se solicita la renuncia de la titular de la Fiscal General y la desaparición de una institución por un Órgano de Investigación de Derechos Humanos, que conozca a profundidad el principio Pro Persona, Pro Homine, Garantías consagradas en la artículo 1º. de la Carta Federa.
Lo anterior denota que síntomas de que se está victimizando al ofendido, surge la incapacidad del conocimiento no sólo de la materia penal sino en civil, mercantil, laboral, etcétera, que apoyan a la reparación del daño.
Es importante que se reconozca que el ministerio público no es juez ni parte en las denuncias, es un órgano de investigación que tiene la obligación de proteger a la víctima y hasta que se llegue a la resolución y sancionar al probable responsable;
Pero, tal parce que se sigue haciendo caso omiso por beneficio; es por eso, que reza una frase célebre dentro del argot jurídico penal “la entrada es gratuita, la salida para todos quién sabe”.
Todo ello habla de carencia ética profesional ante la sociedad, la cual no se ha podido erradicar ni se erradicará hasta en tanto se retome las materias que conllevan meticulosamente a la carrera de profesión del derechos humanos, conocimientos de todas la material como ya se mencionó.
Otro de los aspectos deprimentes es que ni cómo ayudarlo si ni siquiera leen las carpetas de investigación, dilatan los procedimientos violando los artículos 36 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y demás normatividad; los artículo 368 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás relativos y aplicables a la materia.
Además de no haber recursos económicos las citas son hasta mes y medio para checar expediente, los oficios y recordatorios para ciertas periciales pueden durar años, lo cual es desgastante para la víctima u ofendido del delito como para los asesores jurídicos particulares que un muchas ocasiones laboran por pro bono, de igual forma.
Para la sociedad sería un alivio que renunciara Ernestina Godoy, ya que con sus acciones, objeciones y omisiones, se ha convertido en una “fiscal de consigna”.
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
