Por: Beatriz Astudillo
Ciudad de México.- Es frustrante vivir en México con una discapacidad. Este sector poblacional no ha sido prioritario en las políticas públicas del actual gobierno federal, según estudios.
Se han violentado sus derechos y la sociedad no ha alzado la voz, quizá por los miedos, estereotipos, y tendencias que la propia sociedad tiene; pero que se contrapone a la plena consonancia con los principales marcos regionales y mundiales de derechos humanos que México ha firmado.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
La numeralia
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad.
En total, se estima que casi el 12% de la población de América Latina –México cuenta con unos 130 millones– y el Caribe vive con al menos una discapacidad, lo que representa alrededor de 66 millones de personas.
Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca (7.22%), Guerrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas de personas con discapacidad.
Dato preocupante si se considera que las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las personas sin discapacidad.
Y esas entidades federativas son golpeadas año con año por huracanes y/o sismos, lo que debería considerarse una alerta temprana, para la actual administración pública federal no lo es.
Debido a lo apremiante de la situación, la diputada federal por el PRI, la Maestra en Derecho Norma Angélica Aceves García presentó tres exhortos al gobierno de México.
Ya que éste, sostiene, ha omitido el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos para Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Desde el inicio de la actual administración morenista, no se ha nombrado titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Consejo que tiene como objeto establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, a decir del propio gobierno.
El primer exhorto presentado es para pedir que sea nombrado el o la titular de la Conadis.
El segundo es que se instale la Asamblea Consultiva que es el mecanismo que permite a la sociedad civil su participación en la construcción de las políticas públicas o sea, en las decisiones de gobierno.
El tercero es porque tampoco han publicado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad.
La única política pública que existe es el otorgamiento de pensiones, dice la integrante de la LXV Legislatura y secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Este programa de las pensiones del Bienestar al que la Fundación “Yo También” -que brinda información sobre discapacidad e inclusión- ha considerado un fracaso, ha sido exhibido por la opacidad con que se maneja.
De acuerdo a la fundación creada por las periodistas Katya D’Artigues y Bárbara Anderson, una de cada dos personas con discapacidad en México viven en situación de pobreza.
Y el INEGI nos dice que las mujeres (5.79%) tienen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres (5.59%); en casi todas las entidades se repite este patrón, con excepción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. Entonces, también es una cuestión de género.
Si en los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona, ¿por qué el actual gobierno los invisibiliza?
Otro ejemplo que da la Fundación “Yo También” es el de la Secretaría de Educación Pública. La SEP que dirige Delfina Gómez, le quitó el 95 por ciento del presupuesto a Educación Especial.
“Demostró con pesos y centavos cuánto le importa la educación de los alumnos con discapacidad: en el primer semestre del año entregó solo 5% del presupuesto asignado: distribuyeron 2 mpd y ¡se quedó con 400 mdp! ¿Las víctimas? 170 mil estudiantes”, detalla Anderson.
Entre las barreras -dice la OPS- a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras.
Los exhortos de la diputada Norma Aceves son importantes para avanzar en las condiciones de justicia e igualdad de las personas con discapacidad, pero el grupo mayoritario de Morena, no los ha aprobado.
Hoy en día, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno, ¿qué hace entonces, que los políticos de Morena impidan los avances?
