Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Y el terrorismo hizo presencia en Nezahualcóyotl.
El día de ayer hubo dos casos que me parecen importantes de mencionar, principalmente porque no se trata de hechos que sean una característica en este el municipio de Nezahualcóyotl, por lo menos no recientemente.
Del primer caso dio cuenta el Servicio de Emergencia CNU, sobre una amenaza de bomba en la avenida Adolfo López Mateos, esquina Avenida del Bordo, colonia Benito Juárez; dando como referencia los Juzgados Penales; en su información se indica que por medio de una llamada 911, se tiene conocimiento de una amenaza de bomba en el sitio, refieren haber recibido una llamada indicándoles que desalojaran el lugar.
Luego por la tarde se dijo que mediante un anónimo se hizo saber que en las instalaciones del ISSEMyM, ubicadas en la colonia José Vicente Villada había una bomba, se empezaron a desalojar las instalaciones, incluso las personas que estaban internadas fueron sacadas en camillas, por fortuna no pasó a mayores.
Le doy lectura a un texto de Gerardo Rodríguez A. Sánchez Lara y Judith A. Nieto Muñoz por su importancia sobre los tiempos que se viven en México. Ellos dicen:
“El terrorismo es un método. No es un grupo o fenómeno social perse, monotemático, aislado o puro. Partimos del concepto de Paul Pillar de que el “terrorismo es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos sub nacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de atemorizar a la población”. Esta definición tiene cuatro elementos.
Primero, la premeditación significa que debe existir una intención, preparación y decisión previa para cometer un acto terrorista.
Segundo, el terrorismo se distingue de otras formas de violencia por su motivación política, a diferencia de los actos criminales que generalmente tienen fines económicos.
Tercero, los objetivos son “no combatientes”, lo cual significa que los terroristas atacan gente que no puede defenderse (incluyendo policías y militares que no están en posiciones de defensa).
Finalmente, los responsables, sean grupos sub nacionales o agentes clandestinos, se distinguen por no operar mediante procedimientos militares regulares.
A partir de esta definición, se busca responder en el presente artículo si las asociaciones del crimen organizado en México han utilizado el terrorismo como un medio de lucha.
Mientras que estas bandas del crimen organizado tienen como objetivo el beneficio económico que les proveen sus actividades ilegales, los grupos terroristas buscan un fin político como el activismo de un grupo étnico o nacionalista, controlar la soberanía sobre un territorio, el cambio de gobierno o régimen en turno, el cambio de una política pública o el asesinato de un “tirano” que sojuzga a un pueblo, entre otros.
Sin embargo, las distintas organizaciones criminales en México y en el mundo han cruzado la delgada línea roja que divide el universo entre el lucro económico y los fines políticos. Cuando un grupo criminal adquiere tal poder que puede confrontar directamente a las instituciones del Estado, se abre una posibilidad más atractiva: se puede convertir en un actor político y social en un territorio establecido.
En México existen, desde hace varias décadas, expresiones políticas claras por parte del crimen organizado. Lo que se observa en algunas regiones es una cadena de control económico basada en las redes de corrupción e impunidad, que les otorga el vacío de poder generado por algunos gobiernos locales.
En este sentido, los grandes “señores de la droga” y sus lugartenientes regionales, tienen niveles de dominio (político, económico, armado y de redes sociales) que debilitan la autoridad de los representantes políticos elegidos democráticamente en las urnas.
Como consecuencia, organizaciones criminales buscan mantener su fuerza a través de la cooptación de gobernantes y mandos de policías locales, e incluso buscan incidir en los relevos políticos de estos funcionarios, a través de la inyección de recursos económicos de procedencia ilícita a las campañas electorales.
Con esto, se han convertido en los verdaderos líderes políticos en zonas específicas del país, ya que cuentan con la capacidad de incidir en las decisiones de los gobernadores, alcaldes y legisladores.
Un ejemplo claro de lo anterior es el caso colombiano. En este país ocurrió el fenómeno de cooptación económica y política de los cárteles de droga, sobre algunos políticos y magistrados. Sin embargo, también en México –así como en otros países, sobre todo de Latinoamérica– se han presentado escándalos de “narcopolíticos” que han construido carreras en el servicio público con el apoyo financiero de estos cárteles.
Hasta ahí el ilustrativo texto de Gerardo Rodríguez A. Sánchez Lara y Judith A. Nieto Muñoz.
Sin duda lo sucedido en Colombia ya se practica en México.
(Fotografía DigitalMex)
