Mucho le ha llovido al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y a sus seguidores por el giro sorprendente desde una posición valiente y clara en contra de las anunciadas reformas constitucionales del presidente López Obrador, hacia la promoción y encendida defensa de la extensión del periodo del Ejército en funciones de seguridad pública hasta 2028. Y hay suficientes razones para esa tormenta de críticas.
En efecto, resulta francamente indigerible (y hasta irritante) para la opinión pública informada, la indecente manera en que una ex diputada priista, doctora en derecho según se dice, se prestó para hacer pasar como suya la iniciativa en favor de la prolongación del Ejército en las calles ante la Cámara de Diputados, una impostura que el propio Presidente de la República (su verdadero autor) se encargó de desnudar públicamente más rápido que pronto, como suele decirse, dejando en ridículo a la diputada prestanombre y a su partido, el PRI.
Idéntico rechazo provoca el escuchar a distinguidos miembros del mismo partido defender, enérgica y airadamente incluso, desde la tribuna misma del Congreso de la Unión, la propuesta pseudopriista, con argumentos totalmente inconsistentes a la luz de hechos crasos que son del dominio público. Sostienen, por ejemplo, que los opositores a la reforma mencionada pretenden dejar al país en el desamparo total ante el crimen organizado a partir del 2024, fecha en que, según la legislación aprobada previamente por el mismo Congreso, el Ejército debe retirarse a sus cuarteles.
Es evidente que, para que este argumento sea válido, debe demostrarse primero que hoy, precisamente gracias a la presencia del Ejército (y de la Guardia Nacional, que también es Ejército) en las calles, la población vive tranquila, segura y protegida de los peligros que representa la delincuencia, organizada o no. Pero, desgraciadamente, todos sabemos que eso no es así; que independientemente de fútiles alegatos sobre puntos porcentuales de más o de menos en los índices delictivos, llevamos ya, solo en lo que va de este sexenio, más de 130 mil víctimas de la violencia asesina; que el secuestro, la extorsión, el robo en la calle y en el transporte público, el cobro de piso, el control de ayuntamientos y del comercio de productos básicos (aguacate, limón, pollo, huevo, etc.) alcanzan niveles intolerables en varias zonas y estados neurálgicos en todo el país. Así las cosas, ¿de qué grave desamparo futuro nos quieren proteger los tribunos aludidos?
Un segundo argumento (complemento del primero) es que los opositores a la reforma olvidan que el país carece de un cuerpo policíaco capaz de hacer frente a las circunstancias, es decir, una policía bien educada, disciplinada, entrenada, moralizada y con armamento suficiente, en cantidad y calidad, para suplir con eficacia a los militares. Esto es verdad como hecho aislado, pero como argumento pertinente para defender la militarización de la seguridad nacional por cuatro años más, tendría que aclararse puntualmente de quién es la responsabilidad de tal carencia después de casi 4 años de transformación cuatroteísta, y cuáles son las verdaderas razones de tan grave omisión que hoy se nos arroja al rostro para decidirnos a aceptar la permanencia del ejército en su lugar. ¿Han decidido proscribir definitivamente a la policía civil por considerarla incorregible, históricamente rebasada, obsoleta, inútil e incluso peligrosa para hacerse cargo de la vida y la seguridad de la población?
Si así fuera, habría que concluir que la prolongación de la permanencia del ejército en las calles por 4 o 5 años más es una simple trampa para irnos acostumbrando a la idea de que la militarización de la seguridad pública llegó para quedarse. En efecto, prolongar por 4 o 5 más la presencia del Ejército en las calles es posponer, por ese mismo periodo de tiempo, la creación de la policía civil profesional; y al cumplirse el nuevo plazo acordado, se antojará casi inevitable la repetición del proceso usando exactamente el mismo argumento: la falta de una policía profesional. Lo correcto sería, a mi juicio, que si carecemos de una policía profesional que se considera indispensable para nuestra seguridad, el verdadero reto es crearla en el menor plazo posible, necesidad a la que se contrapone el acuerdo de conceder un nuevo plazo a las fuerzas armadas para continuar supliendo su ausencia. El H. Congreso de la Unión debería urgir a quien tiene el deber de hacerlo, poner manos a la obra de inmediato, en vez de abrirle la oportunidad de seguir posponiéndola para las calendas griegas.
Pero volviendo al principio de este artículo, me parece parcial y poco saludable para nuestra vida pública, volcar toda la crítica y todas las condenas exclusivamente sobre el presidente del PRI y sus seguidores, haciendo a un lado, casi por completo, las causas que, a la vista de todos nosotros, forzaron ese cambio de rumbo. No creo que haga falta repetir aquí todas las acusaciones y delitos (ciertos o no, cuestión que no quiero ni me toca a mí resolver) que se han acumulado sobre la cabeza del líder del PRI y sobre su familia. Mi propósito no es exculpar apriorísticamente a nadie, sino llamar la atención pública sobre el hecho de que ninguna persona que realmente se preocupe por el presente y el futuro de nuestro país, debería pasar por alto elementos tales como la evidente sevicia de los ataques y acusaciones, la calidad política y moral de la fuente de los mismos y, sobre todo, el momento político elegido para poner en acción este repentino e incontenible afán de castigo de la conducta corrupta de un único (de uno solo entre los muchos posibles) ex funcionario público, casualmente líder de un partido opositor.
Todos estos elementos tomados en conjunto, dejan ver a quien quiera verlo que más que un limpio y legítimo acto de combate a la corrupción de los funcionarios y ex funcionarios públicos, se trata de un temible y ya consuetudinario abuso de poder para someter por la fuerza a cualquier opositor, en este caso al grupo encabezado por Moreno Cárdenas, para obligarlo a convenir con las maniobras políticas del actual régimen en busca de afirmarse en la silla presidencial a cualquier precio. Y hay que recordar, desde luego, que este no es un caso único ni el primero que apunta en este sentido; se trata de una verdadera estrategia, teorizada y urdida por expertos, que ha sido diseñada y puesta en práctica desde que inició el reinado de la 4T, y de la que nadie debería considerarse a salvo.
No estoy de acuerdo, por eso, en que cada vez que una nueva víctima cae en esa trampa, en lugar de denunciar y condenar a quien la montó, a quien se vale de ese mecanismo artero para imponer su voluntad a los demás, aparezca una nube de expertos que lo sabían todo sobre el acusado o detenido pero que solo se les ocurre hablar, solo se les antoja decir lo que saben cuando ven al árbol caído. Creo que todos deberíamos estar muy conscientes de que en una dictadura, se halle en la fase incipiente, en la madurez o en la decadencia, nadie está a salvo de ser acusado, enjuiciado y encarcelado a una señal del dictador. Y que de nada le valdrá ser inocente, pues servidores incondicionales del “jefe” se encargarán de inventarle el delito y hacerlo valer como verdad de buena ley ante los tribunales, también sometidos a la voluntad del soberano. Es ante las dictaduras y quienes las encabezan ante quienes el pueblo está verdaderamente desamparado e indefenso; su impotencia ante el crimen organizado es solo una prolongación, una consecuencia natural de aquel desamparo original nacido del poder omnímodo del gobernante autoritario.
Invito por eso, respetuosamente, a quienes tienen voz e influencia sobre la opinión pública, a que, antes de señalar y condenar con dedo flamígero a las víctimas de la trampa del poder, se pregunten primero si, en un caso parecido, aguantarían a pie firme la feroz embestida del Estado, lanzado entero en su contra con la consigna de hallarlos culpables a como dé lugar, condenarlos y sepultarlos media vida en una ergástula solo por no coincidir con sus propósitos y sueños de perpetuidad en el poder. Antes de lanzar contra los caídos la primera piedra, es menester que reflexionemos sobre si es válido, moral, legal, que todo el poder que el pueblo depositó en manos del gobernante sea utilizado por este para amenazar, amedrentar, perseguir y doblegar a sus opositores políticos escudándose en banderas falsas, como el combate a la corrupción pero en los bueyes del compadre y no en los propios; para triunfar a fortiori en las elecciones y retener el poder de la nación contra la voluntad de la nación misma. Y esto no es absolver de una vez por todas a los culpables de peculado, concusión u otro delito cualquiera; es simplemente reservar la justicia para el momento en que no haya riesgo de convertirla en arma de represión y persecución política. El objetivo lo vale.
¿No es, acaso, una grave descomposición del régimen prevaleciente, aceptado por todos o por la mayoría de la población, para la paz y el bienestar social, el hecho de que se “normalicen” la amenaza, el chantaje, el cohecho (cargos públicos, disimulo intencional a las incompetencias profesionales y la falta de probidad en el manejo presupuestal, el perdón arbitrario de culpas, etc.) para conseguir y asegurar adeptos y aliados “ad chalecum” en la lucha por los votos y el poder? ¿Es sano que se exponga al público ludibrio a los infractores como Moreno Cárdenas y, en cambio, solo tributemos elogios al gobernante atrabiliario llamándolo un “verdadero animal político” y calificando como “inteligencia y maestría estratégica y táctica” su uso del terror y la represión contra sus opositores? Como diría Sor Juana: ¿Y quién es más de culpar / aunque cualquiera mal haga / el que peca por la paga / o el que paga por pecar?
A mí me parece que ningún columnista con años de experiencia y brillante trayectoria profesional puede engañarse sobre el verdadero significado y propósito de las acciones persecutorias de la 4T, ni aprobar como acto de verdadera justicia que un corrupto sea el encargado de delatar a otro corrupto por órdenes del poder central. Pero esto es lo que está ocurriendo en el país y no solo en el caso de Moreno Cárdenas. Todos aquellos que tienen ambiciones políticas legítimas, prestigio popular y capacidad de convocatoria, pero no pertenecen a Morena, corren el peligro de ser calumniados, enjuiciados y encarcelados, o de plano desaparecidos para sacarlos de la competencia en 2024. Varios miembros del Movimiento Antorchista están siendo acosados y acusados sin ningún fundamento; alguno está “bajo investigación” por un delito totalmente prefabricado y otros sufren amenazas anónimas de cárcel y muerte por el solo hecho de que la gente los señala como “buenos candidatos” para algún cargo modesto. Y crecen cada día más los rumores de que este clima de terror y persecución se incrementará para todos mientras más cerca estén las elecciones.
Si no lo hacemos ahora, un frente común para denunciar este peligro, si preferimos el acomodo político y la adulación del poderoso, estaremos cambiando, como Esaú a Jacob, la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, estaremos entregando los valores superiores de la nación como la democracia, las libertades civiles y políticas y los derechos humanos de los mexicanos por alguna migaja de prebenda o sinecura. Hay que procurar que nadie se haga reo de semejante culpa porque, en tal caso, nadie nos salvará de la condena por traición al pueblo de México. Vale.
