Arturo Zárate Vite
En Estados Unidos, comisión investigadora de la Cámara de Representantes citó al ex presidente Donald Trump, para conocer su versión de lo pasado el 6 enero de 2021 en el Capitolio, cuando centenares de manifestantes asaltaron la casa de los congresistas.
Trump no tardó mucho en inconformarse con el citatorio. No hay certeza de que lo atienda. Y de llegar a ir, poco o nada aportaría a la investigación. Jamás aceptaría haber alentado a sus simpatizantes a romper el orden. En su lugar insistiría en que le robaron la elección presidencial.
Pareciera que lo tiene sin cuidado el llamado de los legisladores, no se percibe que lo vea como obligación. Si acaso, como una molestia que sus abogados tendrían que hacerle frente, de ser necesario.
Algo similar pasa en México con el poder legislativo, sus citatorios a los servidores públicos para que rindan cuentas o informen lo que hacen, se han convertido en llamadas a misa. Las atiende el que quiere, fijan su propia fecha o de plano las rechazan.
Por eso la preocupación de senadores cuando en la reciente aprobada reforma constitucional para prolongar hasta 2028 la participación militar en la vía pública, se acordó que una comisión bicameral tendría la facultad de citar a comparecer a integrantes del gabinete de seguridad.
Los senadores, en particular los de oposición, dudan que se atienda su llamado. Por experiencia, no están convencidos de que vayan a prosperar los citatorios. Saben que el servidor público no los considera obligatorios y no pasa nada si al final resuelve ignorarlos.
Lo que sucede en el Senado, también se repite en la Cámara de Diputados. Los funcionarios no dan importancia a invitaciones de comisiones. No las ven como urgencia ni obligatorias. Y para las comparecencias en el salón plenario de San Lázaro, hasta que su agenda se los permite, acuden a informar de su trabajo, si es que deciden ir. El calendario para desahogar lo que se llama “glosa del informe presidencial” lo hacen diputados y, los funcionarios ajustan fechas de acuerdo a sus prioridades.
El mal ejemplo cunde, hasta en temas u organismos que se supone no tendrían problema y complicación en reunirse con legisladores, porque no están en la mira de los reflectores mediáticos ni su función es determinante para el desarrollo de nuestro país.
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con la mano en la cintura se ha rehusado a participar en reuniones de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Por más que insiste María José Alcalá, presidenta de la comisión legislativa, la ex atleta sonorense prefiere realizar otras actividades.
El desaire no es menor. Los citatorios o invitaciones son hechos por un poder al que los funcionarios del Ejecutivo deben de rendirle cuentas. Que no se olvide que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, así que le toca observar y vigilar el destino que se le da a cada peso.
Si no quieren que sus citatorios sigan como llamados a misa, senadores y diputados deberán de encontrar la forma de hacerlos obligatorios, quizás con alguna sanción para quienes los desatiendan.
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