· La conjugación entre el deber jurídico y el deber político; hasta romper los ataderos oclocráticos
· La 4T sigue demoliendo al México democrático, alerta la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México
· El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países, afirman purpurados
Blas A. Buendía
La vertiginosa experiencia que se ha adquirido —se quiera o no— durante 77 años de transitar por los corredores de nuestros recintos de justicia, aunado a una rigurosa autocrítica, nos ha hecho entender que la libertad jurídica es la facultad que nuestro derecho otorga a los mexicanos de ejercitar las garantías que nuestra Constitución Política nos confiere.
A la clase política se le reduce esa libertad al cumplimiento estricto de sus obligaciones analógicas que la propia Carta Magna les exige, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, oración por oración hasta consolidar la edificación del Estado de Derecho.
Es la posición política-jurídica de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, A.C., al analizar la operatividad de la presente administración pública federal, la cual —como ya se ha venido insistiendo— forma parte de una completa degradación que le viene asistiendo al tristemente célebre líder de la supuesta Cuarta Transformación.
El Supremo inquilino de Palacio Nacional se resiste a doblegarse a los preceptos originales del Constituyente del 17, en medio de su propio desorden cerebral, avalando una virulenta anarquía que ha transformado a México en una República no solo bananera, sino en un territorio donde perdió su Estado de Derecho.
Para ese Supremo inquilino de Palacio Nacional, si bien para él “no existe ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, es claro que por Derecho Positivo Nacional, debe entenderse no sólo el conjunto de disposiciones legales que efectivamente regulan la vida social, jurídica y política de nuestra gran Nación, en un momento dado de su historia y de ello no se excluye a la Cuarta Transformación de la República, sino, además, hay que saber que los preceptos de oriundez política obligan a los gobernantes a cumplirlos.
El fenómeno del oclocratismo puro tampoco le asiste al invasor de Palacio Nacional, y mucho menos la valorización de la justicia, la dignidad, la congruencia, la decencia, la diplomacia.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, aclara que seguirá defendiendo lo que otros pretenden destruir con el ahínco demoledor nuestras propias leyes, donde abierta y descaradamente vienen aplicando vicios comunistas por demás retrógradas y muy ventajosos para esos inútiles que surgieron de la muchedumbre y “hacer” un gobierno bajo engaños democráticos que a final de cuentas no muestran el amor por nuestro México sagrado.
Conforme a las líneas antepuestas, el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz, dijo tajante que estos conceptos no pueden quedar solo en el palabrerío, sino que sean la razón y la firme conducta en el encuentro de un México Democrático en el marco de nuestra Constitución Republicana.
Por ello, cabe agregar que la libertad jurídica de nosotros los gobernados es la facultad de la aplicación por parte de los gobernantes de un derecho justo y valido, sin dejos de parcialidad, interés político y/o corrupción.
Fustigó: “Si nos colocamos en el México de hoy, en el México de Andrés Manuel López Obrador, en el México de las omisiones de Alejandro Gertz Manero para investigar la narco-política, tendremos que admitir en consecuencia, la posibilidad de un enfrentamiento entre el deber jurídico y el deber político.
“Puede ocurrir, por ende, que las cosas no le funcionen bien al Poder Ejecutivo, por no reconocer el Derecho de los Preceptos que ha enarbolado por siempre la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, que es la defensa a ultranza de nuestra Carta Magna”, subrayó.
Si lo antepuesto así acontece —puntualizó– la Abogacía Independiente de la República debería de apoyar cualquier acto de protesta enérgica y formal, contra los gobernantes que tardan en comprender —en abierta denegación de justicia—que nuestra Ley de Leyes es inviolable y tienen que respetarse por todos los actores de poder.
En tanto, la libertad jurídica es el deseo del Ateneo de Estudios Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, y sentencia que para evitar malos entendidos con algunos Siervos de la Nación, que las concepciones que se han expuesto, tienen validez dentro de los marcos de nuestro Derecho Positivo Mexicano. Ello resulta fácilmente explicable si se reflexiona que los análisis lógicos existentes entre el deber jurídico y el deber político.
Y al presidente de la República se le debe demandar, de forma permanente, que ya no se ande con chistoretes y sentencias fatuas, en el estricto sentido de que “a mí no me vengan de que la ley es la ley”, porque lo único que demuestra es su cruel deshonestidad y ser etiquetado como “el máximo ladrón de esta República”, que está a punto de robarles lo más sagrado a más de 127 millones de mexicanos: su plena libertad, por la sencilla razón que, “bajita la mano”, ha venido militarizado a todo el territorio ante su supina incapacidad de hacer una Nación de Leyes y de desarrollo social.
Pero la libertad jurídica es inviolable, y en esa medida extrema, no se puede definirse como suele hacerse por convención, sino —como dirían los clásicos—nadie está autorizado a hacer lo que uno quiera desde el mismísimo Presidente de la República hasta el ciudadano de a pie, porque si se ocasionan daños anticonstitucionales al colectivo, debe enfrentar las consecuencias que pudiera emitir la Suprema Corte que, con la ley en la mano, su obligación es hacer sonar fuertemente ese mallete que yace en el sueño de los justos, y que no ha evolucionado debido a las ironías de un Ejecutivo que ha creado una caterva de togados sin escrúpulos: la complicidad de Estado.
Su compañía se llama ilegalidad, pretendiendo como viejo priista mañoso, hasta destruir el último reducto de nuestra DEMOCRACIA, el Instituto Nacional Electoral, por lo que infinidad de instituciones han salido a su defensa hasta romper los ataderos oclocráticos.
“¡Es cuanto!”, dijo finalmente Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México.
Coincidencias del Ateneo Woolrich
El eslabón jurídico del Ateneo Woolrich viene a coincidir en las mil formas en defensa de las instituciones republicanas, ya que existe plena concomitancia con los purpurados que también recobra su exigencia “a la merced de su voz santa”.
En comunicado que circularon los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresaron nuevamente su más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de una Institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular.
El INE y el TEPJF hoy, son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México.
Desde su fundación —subrayan los purpurados— el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los Congresos de los Estados, en las Gubernaturas y Municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto.
Ciertamente, y coinciden millones de conciudadanos, el INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las Instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral. El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países.
Todas las Instituciones y las Leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el Instituto Federal Electoral (IFE) de la primera etapa, y el Instituto Nacional Electoral (INE) actual.
Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil —y de los mismas organizaciones políticas—, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista.
Ningún ciudadano y menos “los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. (En ese grado de descomposición pejista, podría ser tan riesgosa hasta impulsarse una revuelta que podría costar miles de vidas, acusan ortodoxos del constitucionalismo mexicano).
Por tanto, la cúpula de los purpurados, acusan: “Unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional.
“Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México.
“Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos.
“Por ello decimos, junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Encomendamos nuestra Patria a la mirada cercana y amorosa de Santa María de Guadalupe”, puntualiza el corporativo púrpura con fecha y lugar en la Ciudad de México, 31 de octubre del año 2022.
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
