Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro” de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
“No tiene remedio el Poder Judicial está podrido, están actuando de manera faccioso. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y agregó: “El Ejecutivo y el Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, están dedicados a obstaculizar la transformación del país, para sostener el viejo régimen de corrupción y privilegios”.
Mejor ni hablemos de corrupción y privilegios.
Solamente hay recordar que este es un país de leyes, donde la ley sí es la ley y, donde nuestra Carta Magna, la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, sigue siendo un documento del que emanan leyes y reglamentos que rige legalmente los destinos del país, es muy clara nuestra Constitución en cuanto a la separación de poderes, donde no porque el Ejecutivo y el Legislativo nombren a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éstos deben de someterse a caprichos de gobernantes en turno.
La ley es la ley y esta determina las facultades de cada uno de los poderes y en el caso de la Suprema Corte, le toca velar porque la Constitución sea respetada y en base a ello, tomó la determinación de invalidar la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral.
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quizá con el fin de no perder su condición de “corcholata”, para suceder al actual Ejecutivo, mediante sus redes sociales amenazó que el gobierno federal ahora impulsará el ‘Plan C’ en materia electoral, el cual será votado en las urnas por la población, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la primera parte del Plan B; además, el funcionario encargado de las relaciones políticas del gobierno, dijo que el pueblo mexicano ha buscado recuperar la confianza en las instituciones; sin embargo, condenó que la Suprema Corte haya decidido, presuntamente, perseguir intereses particulares.
Si se trata de intereses particulares, el motivo por el que los ministros tomaron tal decisión, el secretario Adán Augusto está obligado a denunciar esos intereses particulares, pero lo que hicieron los ministros fue apegarse a los mandatos constitucionales y en cuanto a que el pueblo mexicano, ha buscado recuperar la confianza en las instituciones, creo que la actual administración es la que ha deteriorado la imagen de instituciones que, en otros tiempos, fueron ejemplo para mejorar las relaciones entre pueblo y gobierno, y que hicieron de México un país de instituciones y no, como actualmente es, del manejo de un solo personaje.
En la actual administración falta oficio político, en muchas ocasiones a los acuerdos se llega por medio de un diálogo respetuoso, pero en la actualidad, ni hay diálogo y mucho menos respeto, se ha tratado de imponer cambios para la llamada “transformación” implementada por la 4T, pero en más de cuatro años de gobierno, esa transformación es un retroceso y si esa transformación es para desaparecer instituciones, que son ejemplo en el desempeño de sus funciones, como es el INAI y el INE, entre otras, mejor que esa transformación no llegue.
Mientras tanto seguimos en un país donde la ley sí es la ley, gracias a instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
