La campaña electoral encubierta, recientemente anunciada por el partido Morena para hacerse promoción adicional durante más de dos meses y que culminará con el anuncio del nombre de su candidato a la Presidencia de la República (no le llaman así al proceso, dicen que es para nombrar a un “coordinador nacional”, lo cual es una burda maniobra para eludir la ley electoral, que prohíbe actos anticipados de campaña) es otro episodio, de los muchos que hemos visto en lo que va del sexenio, en el que podremos ver que, esencialmente, estamos ante la misma clase política que gobernó al país durante décadas, misma que carece de proyecto y acciones de gobierno para transformar a fondo al país y no tiene interés ni decisión de revolucionar a México y transformarlo en un país sin pobreza y sin violencia.
Al nuevo partido en el poder migró una buena parte de la clase política tradicional, esa que no se resigna a “vivir en el error” de estar fuera del presupuesto público, cuenta con un ejército de operadores electorales que simplemente saltaron de los desvencijados barcos del PRI, PAN y PRD al recién pintado de Morena; armados de mucha demagogia y cero escrúpulos que a muchos de ellos les permite mentir, traicionar, robar, torcer la ley, amenazar a quien sea, con tal de permanecer en el poder.
El proceso acordado por Morena para promocionar a sus “corcholatas” es ilegal; abundan los argumentos jurídicos para demostrarlo. Por ejemplo, escribe Lorenzo Córdova, experto en temas electorales y ex presidente del INE: “La LEGIPE señala con enfática claridad que en las elecciones presidenciales las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección y no podrán durar más de sesenta días” (Art. 194.1.a), en cambio el Acuerdo de Morena señala como plazos de registro de los aspirantes del 12 al 16 de junio; los “recorridos” (es decir los actos de precampaña) del 19 de junio al 27 de agosto; el levantamiento de las encuestas de 28 de agosto al 3 de septiembre; y la definición de su “coordinación” (es decir de la precandidatura presidencial) el 6 de septiembre”, lo que quiere decir que los precandidatos de Morena están iniciando sus precampañas cinco meses antes de lo que permite la ley, delito que debiera llevar en su momento a la cancelación del registro del candidato o candidata que hubiera incurrido en esa falta, algo que se ve dificil que ocurra debido al control e intimidación que el Gobierno morenista ejerce sobre las autoridades electorales.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, otro reconocido experto en temas electorales, quien también presidió el INE, argumentó recientemente que la LEGIPE dice que: “las precampañas no podrán durar más de sesenta días cuando las de Morena durarán 70. Dice además que los precandidatos que participen en los procesos de selección interna de los partidos no podrán realizar actividades de proselitismo o propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas (algo que ha sido violado abiertamente por las llamadas corcholatas durante casi dos años)”.
Y si hablamos del financiamiento para las decenas de giras de los nominados por el dedo presidencial, de las miles de bardas, espectaculares, inserciones, volantes, folletos con el nombre de los aspirantes y sus comparsas, el asunto es igualmente ilegal y más indignante aún por el escandaloso derroche de recursos que ya dura dos años y se prolongará varios meses más. Cualquiera que tenga ojos puede ver que las bardas y los espectaculares de las ciudades y carreteras del país están llenos de los nombres de esos precandidatos del partido oficial y aunque no se permitirá obtener un reporte oficial de los miles de millones de pesos que ha costado echar a andar toda esa enorme maquinaria de promoción del voto a favor de Morena, es muy fácil concluir que ese dinero público gastado en pintar consignas vacías y zalameras, dinero obtenido del trabajo y los impuestos de muchos mexicanos, hubiera ayudado a resolver necesidades básicas de vivienda, servicios públicos, atención a la salud, a la educación y muchos otros más, en vez de repetir el derroche abusivo de recursos que antaño se hacía para mantener en el poder a algunos políticos y sus partidos.
Finalmente, todo el show armado durante dos largos años en las giras, en las pasarelas disfrazadas de pláticas o giras de trabajo y en las paredes y bardas, ha evitado que se discuta lo que debiera ser esencial en una elección: los resultados obtenidos hasta el momento por el gobierno morenista y, a partir de eso, que los electores juzguen si vale la pena que continúe gobernando.
Todo el ruido de la precampaña aquí denunciada, todas las escaramuzas vulgares entre las “corcholatas”, todas las fintas y lugares comunes sobre el “piso parejo” y otros distractores lanzados desde la mañanera para que se hable de nombres de aspirantes en vez de hablar de hechos y logros del gobierno morenista, buscan ocultar que se hable de que México está ahora más lleno de pobreza, de violencia, de carencias en infraestructura, sometido a poderes fácticos delincuenciales, más dependiente que nunca del imperialismo y más frágil ante sus ambiciones, con un pueblo más mediatizado y sometido al poder unipersonal del presidente y menos dispuesto a lanzarse a la calle a exigir sus derechos. México ha retrocedido gravemente en todos sentidos.
Hablar de todo eso es lo que importa en estas condiciones y, sobre todo, seguir insistiéndole al pueblo en que su elevación material y espiritual no será obra de mesías ni “corcholatas”, sino de su propia organización y educación política, que lo lleven a colocar en el poder a gente salida de los marginados y explotados, para que la riqueza sirva al bienestar de todos, en vez de encumbrar a políticos reciclados y mentirosos. Difícil tarea, pero no imposible y absolutamente necesaria.
