Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro, de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
24 de enero de 2025.
Mientras los mexicanos se distraen con lo que haga o no haga Donald Trump, y el gobierno mexicano siga en confusión, desaparece Segalmex.
El decreto reza: “Se ordena la desincorporación por fusión de Seguridad Alimentaria Mexicana, como entidad fusionada, con Diconsa, como entidad fusionante, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
Finalmente el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de la desincorporación de Segalmex, de Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, con efecto inmediato a partir del 21 de enero de 2025, y un paso de dos años para finiquitar la unión en su totalidad.
Un par de años después de su creación en el año de 2019, una investigación periodística reveló una enorme red de corrupción de un desvío de 15 mil millones de pesos, al interior de dicho ente gubernamental, lo cual manchó la promesa de combatir la corrupción y la impunidad prometida una y otra vez por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; desvío de recursos que causó el dolor del presidente y seguramente de algunos más, porque en su momento dijo el ahora expresidente: “Nos dolió mucho este fraude”.
Le dolió tanto al mandatario de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, que no mando a la cárcel a uno de los principales responsables por ser su gran amigo, al titular de la paraestatal Ignacio Ovalle Fernández.
En el 2019 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), que posteriormente se fusionaría con otras dos paraestatales: LICONSA y DICONSA.
La mencionada investigación periodística destacó la creación de empresas fantasma, lideradas por Daffne Pomar Colín, un ama de casa de escasos recursos, quien supuestamente inició todo. Derivado de ello, la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprensión en contra de algunos funcionarios, pero nunca contra su titular.
De igual forma el gobierno a través de la otrora Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó ante la Fiscalía General de la República 156 denuncias penales, relacionadas con delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.
Derivado de lo anterior se ha investigado a 47 personas; se han emitido 26 órdenes de aprehensión, de las cuales 17 corresponden a particulares y 9 a funcionarios públicos, todos ellos ya detenidos.
Bueno y los responsables, porque de acuerdo a las leyes que rigen en México, se es culpable por comisión o por omisión, porque darle carpetazo así a un hecho delictivo de desviación de recursos, es formar parte de quienes cometieron el delito.
Ignacio Ovalle no ha sido acusado de nada, incluso fue protegido por parte del gobierno de López Obrador, otorgándole una posición en la Secretaría de Gobernación; para López Obrador Ignacio Ovalle era una gente buena, desde su particular punto de vista, al que engañaron priistas malas mañas que empiezan a robar que recomendó, según dijo en su momento el expresidente.
La pregunta obligada es si ¿para el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Ignacio Ovalle sigue siendo gente buena, que no tiene responsabilidad en el millonario desvío en Segalmex?
Es pregunta.
