Por: Beatriz Astudillo
Ciudad de México a 27 de marzo de 2025. Las organizaciones ambientales exigen mayor discusión sobre una iniciativa que podría redefinir la protección de la naturaleza en el país.
El Senado de México debate una iniciativa que marcaría un antes y un después en la regulación ambiental del país. Se trata de la Ley General de Biodiversidad (LGB), presentada el pasado 12 de febrero de 2025, que busca sustituir la actual Ley General de Vida Silvestre. La propuesta ha generado inquietud entre especialistas y organizaciones ambientales, que piden un Parlamento Abierto para discutir sus implicaciones y mejorar su alcance.
México, considerado uno de los países megadiversos del mundo, enfrenta una crisis ecológica: ha perdido 127 especies de vertebrados y plantas con flores, el 58% de ellas endémicas. Además, entre 2001 y 2023 desaparecieron en promedio 217,103 hectáreas de ecosistemas forestales por el cambio de uso de suelo. Las selvas húmedas, clave para el equilibrio climático, representan el 42% de esas pérdidas.
“El diseño de esta nueva ley debe garantizar la continuidad de los procesos ecológicos y la viabilidad genética de las especies”, señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una de las organizaciones que encabezan el llamado al Senado. En la misma línea, Greenpeace México advierte que la norma debe alinearse con compromisos internacionales y abordar de manera transversal la relación entre biodiversidad y cambio climático.
Puntos clave en el debate
Las organizaciones ambientales han identificado varios aspectos que requieren revisión. Uno de ellos es la garantía del derecho a un medio ambiente sano mediante acciones concretas de conservación y manejo de la biodiversidad. También piden que la iniciativa incluya con mayor claridad la participación de comunidades indígenas en la gestión de los recursos naturales.
Otro punto crítico es la relación entre biodiversidad y cambio climático. “Es fundamental que la nueva ley integre estrategias para la restauración de ecosistemas y la mitigación de impactos ambientales”, sostiene CEMDA.
Además, exigen que se mantenga la prohibición de la minería dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), una disposición que actualmente forma parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La extracción minera en estos espacios representa un riesgo para ecosistemas frágiles como humedales, arrecifes y manglares, que ya han sufrido una degradación significativa.
Un llamado al Senado
El debate sobre la Ley General de Biodiversidad se da en un contexto en el que México ha perdido el 62% de sus humedales y, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el país ha visto desaparecer 150,000 hectáreas de manglares en los últimos años.
Por ello, las organizaciones ambientales reiteran su llamado a los legisladores para que el proceso sea abierto e incluyente. “Es crucial que la sociedad civil, la academia y los sectores productivos participen en la discusión”, afirma CEMDA.
El futuro de la biodiversidad mexicana está en juego, y la manera en que se legisle en los próximos meses definirá el rumbo de la conservación ambiental en el país.
Fuente: CEMDA
