Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro”, de Radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Tras acalorado debate, finalmente el pasado el sábado 28 de junio el Senado de la República aprobó un dictamen que da paso a la creación, de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la aprobación fue respaldada por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, con un total de 77 votos a favor y 30 en contra, del PRI y el PAN.
La nueva Comisión estará conformada por cinco integrantes y tendrá funciones operativas y de gestión. Su objetivo principal será emitir resoluciones en materia de telecomunicaciones, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital
Uno de los cambios clave en la discusión fue la eliminación del artículo 109, que originalmente permitía a la Agencia bloquear plataformas digitales. Esta modificación fue bien recibida por algunas bancadas opositoras, aunque persistieron desacuerdos sobre otros temas sensibles.
Uno de los puntos más debatibles de la nueva reforma fue la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, sin orden judicial.
El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, en su participación en la tribuna afirmó que pudo más la vena autoritaria, que pudo más el impulso de decir, aquí nosotros sin orden judicial queremos saber en tiempo real, dónde están los ciudadanos y que ganó la vena autoritaria de querer suspender transmisiones, aun cuando no se trate de asuntos que afectan a las niñas y a los niños. Dijo finalmente “No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos, y que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda”.
Cabe recordar que el PAN había propuesto eliminar dos puntos adicionales para respaldar el dictamen: La geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin orden judicial, y la facultad del gobierno para suspender transmisiones en medios de comunicación.
El dictamen fue aprobado con base en una nueva iniciativa enviada por el Gobierno federal. A pesar de la oposición parcial y los cuestionamientos, la mayoría en el Senado decidió avanzar sin más ajustes.
El debate se mantiene abierto en torno a los límites que debe tener el Estado sobre las telecomunicaciones, la protección de datos personales y la libertad de expresión.
El dictamen tuvo cerca de 70 modificaciones durante su discusión, plantea una transformación estructural del ecosistema de telecomunicaciones en México, pero también genera profundas preocupaciones en distintos sectores por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y las libertades digitales.
La Reforma ordena la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo constitucional autónomo encargado de regular y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, la competencia económica en el sector y los derechos de las audiencias. En su lugar se creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo federal, así como una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con autonomía técnica pero subordinada jerárquicamente a la nueva agencia.
Para diversos analistas y legisladores de oposición, la extinción del IFT representa un retroceso democrático. “Esta ley es parte de un régimen de control, un Big Brother del bienestar”, acusó el senador Alejandro Moreno Cárdenas. En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la reforma como “una muestra clara de autoritarismo”, al permitir el rastreo en tiempo real de dispositivos móviles y otorgar facultades discrecionales a una autoridad con vínculos directos al Ejecutivo.
El senador panista argumentó que esta legislación “pone una pistola en la cabeza a los medios”, al prohibir la transmisión de cualquier tipo de propaganda proveniente de gobiernos extranjeros, salvo excepciones culturales, turísticas o deportivas, y al facultar a la Secretaría de Gobernación, para suspender contenidos bajo criterios amplios. “No podemos acompañar una legislación que legitima la censura ni la vigilancia generalizada”, expresó Anaya.
