En su comparecencia ante el Pleno de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF), el Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, mencionó que la Contraloría General pretende consolidarse como una institución que prevenga, corrija e imponga sanciones administrativas de manera legal, eficaz y eficiente, con la finalidad de inhibir conductas irregulares de servidores públicos.
En el recuento del año de labores, estableció que la prioridad para la CDMX es consolidar una mayor transparencia en el gasto público, así como contar con una debida rendición de cuentas. Destacó la puntual atención que la Contraloría General ha dispensado a los puntos de acuerdo que la ALDF ha emitido sobre diversos temas que han generado inquietud en la ciudadanía.
En lo que se refiere a las acciones instrumentadas en temas fundamentales, en el rubro de fiscalización resaltó la eliminación de los principios de posterioridad y anualidad, a fin de que no deba esperar hasta que concluya el ejercicio anual del gasto público para poder ejercerse, toda vez que ahora se podrán realizar revisiones en tiempo real. En este rubro reportó que se realizaron 573 auditorías internas, de las que se generaron mil 317 observaciones a los entes auditados. De estas, 922 fueron observaciones administrativas y 395 observaciones económicas, por un monto observado de mil 480 millones, 683 mil 175 pesos.
Se propuso la aplicación de penas convencionales por 263 millones, 144 mil 448 pesos.
La Contraloría General intervino en 942 actas de entrega recepción de Obra Pública y a seis mil 669 de servidores públicos salientes y entrantes, totalizando siete mil 611 intervenciones.
En los procedimientos de adquisiciones, se asesoró en mil 273 licitaciones públicas; dos mil 015 invitaciones restringidas; y mil 058 adjudicaciones directas, lo que da un total de cuatro mil 346 participaciones.
A través de la Vinculación Interinstitucional con la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, se auditaron 22 fondos y programas en 31 Unidades Ejecutoras del Gasto. Se tuvieron 94 resultados de la Fiscalización Superior a la cuenta pública, divididos en 17 recomendaciones, 27 solicitudes de aclaración, 40 procedimientos de responsabilidad administrativa y 10 pliegos de observación.
En lo que refiere al rubro de Responsabilidades afirmó que se recibieron por medio del Sistema de Denuncia Ciudadana, SIDEC, 12 mil 911 quejas y denuncias, en las que se redujo su atención de tres semanas, a solo un día, y de las que derivaron ocho mil 632 procedimientos de investigación, que representan 38% más que el periodo inmediato anterior; éstos originaron tres 419 Procedimientos Administrativos Disciplinarios tramitados, en los que estuvieron involucrados cuatro mil 539 servidores públicos, de los que dos mil 741 fueron sancionados, que implicaron dos mil 770 sanciones impuestas, consistentes en 50 destituciones e inhabilitaciones, 33 destituciones, 320 inhabilitaciones, mil 636 suspensiones, 614 amonestaciones y 117 apercibimientos. Asimismo se impusieron 207 sanciones económicas que representaron un monto de dos mil 257 millones 578 mil 823 pesos.
Los dos mil 741 servidores públicos sancionados, representaron un incremento de 27% más que en el periodo anterior; las sanciones administrativas son 25% más que en el periodo anterior. Se recibieron 35 mil 882 declaraciones patrimoniales de servidores públicos, lo que representó 13% más que en el periodo anterior.
Entre lo más destacado del rubro de legalidad se desahogaron 121 procedimientos administrativos consistentes en 70 de responsabilidad patrimonial, 34 de inconformidad y 17 de sanciones a empresas
Se recibieron 39 recursos de inconformidad promovidos por concursantes de licitaciones públicas, de los cuales 28 fueron improcedentes y 11 procedentes.
Finalmente en el rubro de innovación el área de Contraloría Ciudadana se emitieron dos convocatorias, de las que resultaron integradas 605 personas en 2015 y 288 en 2016, haciendo un total de 893 personas integradas a la Red de Contralores Ciudadanos.
En materia de evaluación y profesionalización, se atendieron siete mil 791 personas aspirantes para incorporarse a la Administración Pública de la Ciudad, practicándose tres mil 570 evaluaciones psicométricas, dos mil 666 entrevistas psicológicas, ml 510 investigaciones socioeconómicas y 45 evaluaciones poligráficas.
Por lo que hace a la transparencia, rendición de cuentas, atención a solicitudes de información pública, capacitación, promoción y divulgación del Derecho a la Información, se informa que se recibieron mil 898 solicitudes de Información Pública, se capacitaron 501 servidores públicos, se impartieron siete cursos especializados que beneficiaron a 184 trabajadores.
Detalló las medidas preventivas implementadas en materia de prevención de la corrupción, impulsadas por la propia ciudadanía organizada como es la declaración 3 de 3 que incluye; declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, de todos los servidores públicos de esta ciudad, política vinculante, aún y cuando no se han expedido las leyes generales, la Ciudad de México, se coloca como pionera a nivel nacional, todo ello con fundamento en la reforma constitucional de 2015.
Sobre el tema, hizo referencia a la publicación en la Gaceta Oficial del 16 de diciembre de 2015, del Acuerdo del Jefe de Gobierno por el que se estableció el Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, que suma el trabajo de alrededor de 80 servidores públicos, de los que surgirán las propuestas necesarias para el cambio y la implementación del Sistema Local Anticorrupción.
En lo que se refiere a los Asuntos Relevantes, informó que la Contraloría General participó en las Acciones Emergentes en el Abasto de Agua Potable, se instalaron 13 módulos de quejas, se supervisaron 35 garzas, 540 pipas de distribución gratuita de agua, se recibieron 68 quejas ciudadanas.
En el caso del Presupuesto Participativo, se instalaron 16 módulos de quejas y denuncias, se recibieron 12 quejas que fueron turnadas al IEDF y para dar transparencia a estas acciones se realizaron mil 043 encuestas a ciudadanos.
Se participa como coordinador de la Región Centro Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, en el propio seno de la Comisión Permanente que coordina la Secretaría de la Función Pública y agrupa a los 32 contralores del País.
Se diseñó el Programa Integral de Combate a la Corrupción, que tiene como objetivos específicos inhibir actos de corrupción, incentivar el desempeño del servidor público y promover la queja o denuncia ciudadana.
Se elaboraron instrumentos jurídicos para mejora de la imagen institucional, lo que permitió iniciar 51 denuncias, de estas, 10 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y se emitieron 127 recomendaciones a dependencias, delegaciones y entidades.
Como parte innovadora y atendiendo a la demanda ciudadana, el 22 de marzo de 2016, el Jefe de Gobierno suscribió y publicó en la Gaceta Oficial el Acuerdo por el que se fijan las Políticas de Actuación para una Transparente Rendición de Cuentas que implique Evitar el Conflicto de Intereses y el Incremento de Patrimonio no Justificado de las Personas Servidoras Públicas.
Para concluir, refrendó el compromiso de seguir consolidando resultados positivos para la ciudadanía.
