Después de casi dos años de las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 12 personas en México, la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos expresó preocupación por la falta de resultados de las investigaciones.
Siete uniformados fueron arrestados por sus supuestos vínculos con los asesinatos ocurridos el 30 de junio de 2014 en un almacén en la localidad de Tlataya. Cuatro de los acusados fueron liberados y los que quedaban en prisión salieron la semana pasada.
La portavoz de esa Oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, en declaraciones a la prensa en Ginebra consideró que el caso está plagado de irregularidades y continúa en la impunidad.
“Llamamos a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación rigurosa, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este caso emblemático. Las pesquisas deben prolongarse para examinar a todos los que puedan ser responsables, incluidos militares de alto rango con responsabilidades de mando, así como aquellos que hayan manipulado u ordenado la manipulación de las evidencias en el escenario del crimen”.
Durante una visita a México en octubre pasado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó que el caso de Tlataya constituiría una prueba para demostrar el compromiso de las autoridades de combatir la impunidad.
La Oficina de Derechos Humanos afirmó que ha tomado nota del pronunciamiento de la oficina del Procurador General de la República de que se esforzará para que los responsables de esos asesinatos no queden en la impunidad.
