La senadora panista Martha Elena García Gómez solicitó al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, informar al Congreso de la Unión sobre casos de niñas y niños que han exigido “el cobro de derecho de piso” a sus compañeros, compañeras y autoridades docentes, en escuelas de esa entidad.
En este sentido, exhortó a los Sistemas Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los sistemas locales y municipales de protección de las 32 entidades federativas, a diseñar una estrategia para proteger los derechos de los menoresde edad en los contextos de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, que losexpone a situaciones de vulnerabilidad o ser captados, utilizados o vinculados en actividades violentas o ilícitas.
Medianteun punto de acuerdopresentado antela Comisión Permanente, latitular de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senadopidió a la Secretaria de Educación Pública emprender una campaña de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas del país, en especial el derecho a una vida libre de violencia.
Recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia,e implementar de manera efectiva el protocolo conjunto durante operaciones federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social.
La senadora García Gómez comentóque de acuerdo con el Informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 10 ciudades mexicanas figuran en el ranking de las más violentas del mundo.
En ese informe, añadió,la CIDH expresa su preocupación por una serie de tendencias graves con relación a algunas políticas de seguridad y lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que suponen restricciones a los derechos humanos o han llevado a la práctica a abusos por parte de agentes del Estado.
De esas tendencias resaltan, entre otras, el padecer abuso o violencia en el seno de su familia, en la escuela o en el ámbito de su comunidad por parte de adultos o por sus pares; la falta de cuidados adecuados en su familia y de apoyo a las instituciones del Estado; no gozar de su derecho a una educación de calidad en un ambiente protector que le brinde la posibilidad de desarrollar su máximo potencial, y haber sufrido estigmatización o alguna forma de discriminación basada en su condición socio-económica y/u origen.
Además, destacó,la Consulta Infantil y Juvenil que se llevó acabo en México en 2012, con la participación de más de 500 mil niños, niñas y adolescentesdeentre 10 y 15 años, concluyóque el 10 por ciento de los adolescentes de 13 a 15 años manifestaron que grupos de delincuentes les han pedido formar parte de sus actividades.
Asimismo, dijo,esta Consulta revelóque la invitación a formar parte de grupos delictivos se incrementa con la edad y es mayor entre los hombres (13.5 por ciento) que entre las mujeres (7.8 por ciento), y también entre quienes no asisten a la escuela (22.2 por ciento) que entre quienes cuentan con escolaridad (10 por ciento).
Losestados donde los adolescentes reportan con mayor frecuencia que los delincuentes los invitan a formar parte de su grupo son Chihuahua (17.8 por ciento), Baja California (13.6 por ciento), Quintana Roo (12.5 por ciento) y Durango (12.3 por ciento).
