Comentario político del periodista Raymundo Medellín para el programa radiofónico “Hablando Claro”, de radio Expresión México, que conduce Manuel Aparicio.
Mientras en el gobierno federal esperan que España pida perdón por las presuntas acciones en la Conquista, y los productores del campo exigen precio de garantía para lo que producen y los piperos cierran principales vialidades de la zona metropolitana y el Estado de México, la vida sigue ante el tortuguismo del gobierno en sus tres niveles para resolver la problemática nacional; todavía no se soluciona la tragedia que provocaron las lluvias en varios de los estados de la república mexicana, en fin, los problemas crecen cuando no se solucionan, pero eso para el gobierno no es importante .
Mi espacio es limitado por lo que trataré el último de los casos: los piperos y su exigencia para que los dejen trabajar.
Efectivamente hay entre ellos quienes tienen su pipa y es el fruto de los ingresos para llevar el sustento a su familia, sin embargo, hay flotilleros que han hecho de la venta del vital líquido su modo de enriquecimiento y también, por qué no decirlo, hay quienes tienen sus pozos privados.
Hace aproximadamente un año por necesidades, solicité una pipa de agua, en aquél entonces pagué 800 pesos por el contenido de agua de la pipa; este año, hacia el mes de agosto, le solicité a la misma empresa el costo de una pipa de agua, me dijo la misma persona que me atendió la primera vez, que el costo de la pipa sería de mil 900 pesos. “Es que la traigo desde Texcoco, es agua buena, mejor que la de cualquier otro lado, y usted no está para saberlo, pero tengo que pagar el “entre” con quienes en el pozo me llenan la pipa”, me dijo. No le compré nada.
Ahora el Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Comisión del Agua del Estado de México, emprendió desde la medianoche del pasado viernes 24 de octubre un operativo conjunto contra el robo de agua en 48 municipios del Edomex.
La acción busca interrumpir la cadena de extracción y venta clandestina de agua, una práctica que, según las autoridades, involucra a presuntas organizaciones sociales disfrazadas de sindicatos, responsables de ordeñar pozos, acaparar redes y comercializar agua con tarifas abusivas.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, identificaron al menos 200 puntos de extracción y distribución ilegal del vital líquido, operados por agrupaciones criminales, en algunos casos, que se presentan como sindicatos o asociaciones de transportistas.
Entre estas agrupaciones destacan: la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, también conocida como USON, que opera más allá de la zona oriente mexiquense; la Alianza de Auto Transportistas, Comerciantes y Anexas de México y otros organismos conocidos como “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo” y “la Chokiza”, organización esta última que la presidente Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, calificó como “finas personas”,
De acuerdo con la Fiscalía, estos grupos extraen agua de pozos no autorizados y redes públicas, la almacenan en pipas ilegales y la revenden a precios excesivos en zonas con escasez, generando un mercado paralelo de distribución irregular.
Esperamos que, en el gobierno del Estado de México, más allá de ponerle atención a “los lomitos”, cuestión ésta que no es mala, por parte de la gobernadora Delfina Gómez, haya alguien con creatividad, responsabilidad y deseos de servir y no de servirse, que solucione la problemática que tanto afecta a los mexiquenses.
