Por: Jerónimo Gurrola Grave

 

A pesar de que en el segundo trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país cayó -17.3% con el cual se hilaron cinco trimestres consecutivos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en que ha tocado fondo y al final del año sólo habrá una contracción de -8% del PIB y una recuperación de 4.6% en 2021. Pero es evidente que no existe la política económica seria y responsable para enfrentar la crisis económica que azota a México, no sólo porque los montos calculados en el presupuesto se quedan muy cortos, sino porque la propuesta prioriza el gasto a través de los programas de transferencia monetaria en detrimento de la inversión, del consumo productivo, componente más determinante del crecimiento económico.

Por ello, a pesar de que el presidente insiste en que hay recursos suficientes para enfrentar la crisis económica provocada por su mala política, agravada por el mal manejo de la pandemia, todo apunta a uno de los peores desastres en la historia de México en los aspectos económico, de seguridad, salud y educación. En este último no les ha bastado la reducción de los recursos destinados a la investigación científica a través de instituciones muy serias como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), CONACYT Y CINVESTAV, entre muchos otros, al grado de presumirse un retroceso de aproximadamente 20 años; ahora, a la educación se le destina muy escaso presupuesto, como si fuera de las mejor del mundo.

De acuerdo con un importante análisis del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) del Proyeco de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, la asignación a la educación es de 338 mil 46 millones de pesos, equivalente al 5.4% del gasto neto total, que representa un aumento nominal del 3.6% y un 0.4% en términos reales con respecto al presupuesto de 2020, a pesar del gran rezago en planes y programas de todos los niveles, infraestructura, herramientas tecnológicas como computadoras y servicio de irnternet, etcétera, como se ha evidenciado con la contingencia, que para este caso, como dijo un célebre, nos cayó “como anillo al dedo”.  

Del presupuesto, 40 programas como Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Escuelas de Tiempo Completo, Mantenimiento de infraestructura, Expansión de la Educación Media Superior y Superior y el Programa de Formación  Profesional Docente entre muchos otros, sufrieron importantes recortes por más de 11 mil millones de pesos con respecto al presupuesto de 2020 para beneficiar a los tres principales programas del gobierno de la 4T: La escuela es nuestra, Beca universal para Estudiantes de Educación Media Superior, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con incrementos reales de tres mil, dos mil y mil millones de pesos, respectivamente. El mayor cambio entre el presupuesto de 2020 y el proyectado para 2021 es que este último conlleva un recorte real de -26.7% en educación para adultos y otro de -3.2% en educación básica.

En resumen, de aprobarse el PPEF 2021, por la mayoría de los legisladores morenistas, de cada 10 pesos destinados a la educación, cuatro pesos con 10 centavos serán para educación superior; tres pesos y 60 centavos para educación media; un peso con 70 para educación básica, y los restantes 60 centavos, para posgrado, educación para adultos y otros servicios educativos, al tiempo que otorga un aumento real de 8.1% a otros servicios educativos donde se encuentran apoyos a organizaciones educativas de diverso tipo afines al partido en el poder. Por lo demás, la educación media superior experimentó un ligero aumento real de 2.2%, mientras educación superior y posgrados experimentaron recortes reales de -0.05% y -0.08%, respectivamente. 

Es claro, pues, que al presidente y su partido, convencidos de que gobernar como él no tiene ninguna ciencia, cuando mayor atención e inversión requiere la educación, evidencian que lo único que les interesa es contar con recursos para su campaña para acrecentar su poder con cuentos engaña bobos como la consulta para enjuiciar a los expresidentes por la que los mexicanos pagaremos una módica cantidad cercana a los 10 mil millones de pesos.

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