Blas A. Buendía 

 

Pese a que gran parte del país aún se encuentra en semáforo rojo debido a la pandemia causada por el coronavirus Covid19, las actividades económicas, sociales y laborales comienzan una paulatina reanudación, así como las tareas a cargo del Estado, resulta una prueba irrefutable de ello el hecho de que a inicios de semana la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobara la celebración de un periodo extraordinario con la finalidad de votar a los nuevos consejeros y consejeras que integrarán el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al señalar lo anterior, el Magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su análisis político-jurídico, Así es el Derecho, hace una serie de precisiones sobre la integración de los nuevos miembros de este Órgano Autónomo.

Iniciar un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de nombrar nuevos consejeros electorales, tiene sustento en la necesidad de cubrir cuatro vacantes del Consejo General del Instituto, el cual por ley debería de trabajar con once consejeros, por lo que resulta necesario el nombramiento de las vacantes ante el inminente proceso electoral de dos mil veintiuno, ya que el INE, es el encargado de organizar las elecciones, y en consecuencia juega un papel fundamental en garantizar la democracia en México.

El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Su órgano principal es el Consejo General, el cual se integra por un consejero Presidente y diez consejeros electorales.

Al Consejo concurrirán con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo.

Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, para lo cual debe emitir un acuerdo que contendrá la convocatoria pública a la elección de los consejeros, con las etapas del procedimientos, fechas, límites y plazos improrrogables; así como el proceso de designación de un Comité Técnico de evaluación que será integrado por siete personas de conocido prestigio, tres nombradas por el Órgano de Dirección Política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El Comité juega un papel fundamental, toda vez que es el encargado de recibir la lista de los aspirantes que acudan a la convocatoria pública y de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como la idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionando a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante.

Remitirá la relación de los seleccionados al Órgano de Dirección Política de la Cámara de Diputados, para que el Pleno convoque a una sesión en la que se realice la elección por insaculación.

Todo deberá realizarse en los tiempos fijados por la convocatoria o de lo contrario, será la Suprema Corte de Justicia quien elija a los consejeros mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

La Convocatoria que se encuentra activa y por la cual se elegirán las cuatro vacantes es de fecha trece de febrero de dos mil veinte, siendo que el comité fue formado mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero y está integrado por John Mill Acherman Rose, Silva Elena Giorguli Saucedo, Blanca Heredia Rubio, Sara Lovera López, Ana Laura Magaloni Kerpel, José Roldan y Diego Valadez.

La elección de los nuevos cuatro consejeros es de suma importancia para la vida pública del país, y quienes sean los nuevos miembros deben ser electos por competencia y aptitudes más allá de filias o fobias partidistas. Las ideas de los ciudadanos y cada voto, debe de ser valorado en equidad e imparcialidad.

“Así el derecho”, precisa el abogado Élfego Bautista Pardo, titular de la Quinta Sala Civil, Ponencia 3, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

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