Por: Raymundo Medellín R.
Hay quienes se han desempeñado de manera brillante en la profesión que escogieron, sin embargo, al estar desarrollando su actividad cerca de un ambiente político, este los atrae, los absorbe y empiezan a trabajar en un área, en la que les harán público hechos de los que nunca imaginaron que serían dados a conocer.
El ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó su cargo luego de 14 años desempeñándose en el Poder Judicial, 4 de los cuales, en la presidencia de la Suprema Corte, para integrarse a la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, claro nos referimos a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La cercanía de Arturo Zaldívar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, avivó la suspicacia luego de que el presidente impulsó una ley para ampliar el periodo de Zaldívar, como presidente de la Corte, aunque el ministro se negó a que continuará su discusión.
La Constitución mexicana limita los cargos que Zaldívar podría ocupar en el siguiente sexenio, al menos en el primer año; los ministros de la Corte no pueden ocupar los cargos marcados en el artículo 95 constitucional, fracción VI, que son: secretario de Estado, procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador o diputado federal, gobernador de algún estado o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
La Constitución es clara y afirma que: “Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de Circuito, Juez de Distrito o consejero de la Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución, como ya lo dijimos, los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia”, se lee en el artículo 101 de la Constitución.
No obstante, la ley no impide que sea consultor, asesor o consejero dentro de algún partido político, candidato o del gobierno, que es lo que es lo que hace Zaldívar con su respaldo a Claudia Sheinbaum.
Ahora Arturo Zaldívar enfrenta una investigación que en principio destila corrupción; la ministra Norma Piña —presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura—, ha ordenado la apertura de la investigación por presuntamente, haber presionado a jueces para que resolviesen favorablemente asuntos en los que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos. El expediente, alcanza a algunos colaboradores de Zaldívar en el Poder Judicial, se acusa a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, así como de falta de imparcialidad y abuso de funciones, durante el tiempo en que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura (2019-2023). Zaldívar, se afirma, prometía beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
Aunque para Arturo Zaldívar la acusación que le hacen tiene una intencionalidad política que trasciende a su persona y que es una especie de revancha contra la Cuarta Transformación, en la denuncia hay detalles serios para juzgarlo.
Si Arturo Zaldívar no se hubiera integrado al área política, quizá nunca se hubiera sabido de esta acusación… pero el hubiera no existe, el hubiera pasado es y no hay retroceso.
